Justicia Negada
La Globalización del Crimen
Uno de los múltiples estragos de la globalidad es el surgimiento del
crimen transnacional organizado que se ha expandido con gran facilidad
en los países pobres de América Latina; aprovechando la liberación de
sus fronteras, la fragilidad de sus instituciones, la permisividad de
sus autoridades, la permeabilidad de la corrupción en todo el aparato
gubernamental, la asignación de los ejércitos nacionales en tareas de
seguridad pública, la discrecionalidad en la aplicación de las leyes y
la subordinación de los marcos jurídicos a los intereses políticos facciosos
y a las mafias.
El crimen globalizado se ha convertido en una multinacional próspera
que ha ido trastocando las estructuras políticas y jurídicas de los estados
nacionales, deteriorando sus sistemas de procuración y administración
de justicia.
El saldo en nuestro país es alarmante: el cáncer de la corrupción ha
dañado las estructuras de nuestro sistema político corporativista y la
industria del crimen ha penetrado y enlodado nuestra economía que se encuentra
atrapada por una economía global criminal, que se fortifica con el blanqueo
del dinero obtenido por el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el
tráfico de mujeres y niños, el tráfico de órganos y el contrabando de
inmigrantes ilegales principalmente. Esta economía se ha convertido en
un componente significativo de los flujos financieros globales y los mercados
de valores. El volumen de estos capitales es considerable, es sumamente
volátil, turbulento y una fuente importante de desestabilizacion de las
economías nacionales.
La empresa del crimen repercute gravemente en las instituciones públicas
y en las políticas del Estado. La soberanía nacional ha ido debilitándose
por los procesos de globalización, sufriendo la amenaza de las redes multiformes
del crimen que actúan acorde a las condiciones políticas, económicas,
legales y culturales de cada país.
La capacidad de adaptación del crimen organizado le permite construir
refugios seguros en cada región y tener territorios controlados. La alta
movilidad y extrema flexibilidad de sus redes le facilitan eludir las
leyes nacionales y librarse de las manos de la justicia. Su expansión
depende fundamentalmente de la complicidad, corrupción o intimidación
de políticos y funcionarios. Este apoyo es devastador, se debilita la
soberanía y legitimidad del estado y por ende, su capacidad de imponer
la ley y el orden.
Este cerco globalizador del crimen ha obligado a los gobiernos nacionales,
como es el caso de nuestro país, a reaccionar con desesperación contra
su poder creciente, recurriendo a reformas legales antidemocráticas que
se orientan a vulnerar los derechos civiles y políticos de la ciudadanía,
o a crear corporaciones policiacas preventivas que persiguen delitos violentando
las leyes, como está sucediendo con la Policía Federal Preventiva (PFP),
que suplanta funciones, pone en entredicho los valores, nuestras normas
constitucionales e instituciones creadas para preservar el estado de derecho.
El gran problema de esta forma de restaurar el estado de derecho es que
se elude el factor endogeno que carcome las estructuras del poder político.
No solo existe la capacidad del crimen transnacional de sobornar a las
policías, jueces y funcionarios, sino que se padece una enfermedad mas
peligrosa y devastadora: "La corrupción de la política democrática". La
voracidad de la clase política y su tendencia compulsiva por la acumulación
de capital la vuelve presa fácil de grupos y mafias que logran entrelazar
la política, la empresa y el crimen para articular una red de relaciones,
donde la empresa cuenta con la protección del poder político y de manera
recíproca, los políticos pueden amasar con facilidad fortunas considerables
mediante sus contactos empresariales, obviamente que las empresas para
que sean redituables se desarrollan en un entorno contaminado y penetrado
por el crimen.
El crimen organizado es el poder emergente y omnipresente que sabe aprovechar
las coyunturas políticas para ofrecer sus apoyos económicos a la clase
gobernante y en el momento mas indicado, trocar sus generosos donativos
por protección y cuotas de poder político. Estos enredos van gestando
la política del escándalo y de la extorsión que es una veta inconmensurable
y sumamente redituable para algunos medios de comunicación que con magistral
facilidad crean prototipos del político, del empresario y del narcotraficante,
difundiendo la subcultura del crimen organizado que proyecta una competencia
salvaje, regida por la ley del mas fuerte. El crimen y el escándalo en
los medios, en tiempos de crisis de legitimidad política, son las noticias
mas atractivas y fascinantes para las jóvenes generaciones que construyen
la cultura de la urgencia y que los hace soñar que pueden salir de pobres
el día menos pensado, tomando como modelos de vida las aventuras de los
capós y mafiosos, que se transforman en los mejores protagonistas de las
películas de acción, donde el crimen es el principal argumento.
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La justicia como empresa
En los sótanos del poder federal y estatal se ha instalado el mercado
de la justicia que funciona con las leyes voraces de la oferta y la demanda,
que se orientan a dar protección al mas fuerte y hacer valer su derecho
con el embrujo del dinero que corrompe y el uso de la violencia que acallan
reclamos legítimos de justicia. Con este predominio mercantilista de la
justicia, de las practicas extorsionadoras, las actitudes gansteriles
y el negocio de la protección policiaca, se va engendrando una cleptocracia
que transforma el delito en una empresa privada, que crece bajo la sombra
de las instituciones creadas para perseguir los delitos.
El resultado ha sido catastrófico, se institucionaliza la corrupción
y el delito aparece como un elemento orgánico del sistema corporativista
que busca perpetuarse en el poder a través de la aplicación de la ley
de la selva, dejando de lado las demandas de justicia de los mas débiles.
La vorágine de la violencia en la que se encuentra sumido y encharcado
nuestro Estado, amenaza con desbordar los límites de la vida civilizada
y de poner las leyes al servicio de los grupos o clanes enquistados en
el poder político regional que han hecho de la corrupción y de la impunidad
un modo de vida cómodo para lucrar con el delito.
A medida que avanza la lucha ciudadana que busca desterrar los vicios
de la corrupción y enderezar los caminos de la ley, existe una reacción
sospechosa por parte de las autoridades estatales que actúan a la defensiva
y se niegan a entablar un dialogo abierto y respetuoso con la sociedad
guerrerense. La autoridad se ha hecho invisible y evita encontrarse con
los ciudadanos, solo aparece en los medios para decir su verdad y apostarle
a que este ritual mediatico se encargue de persuadir a la población de
que sus actuaciones son justas y apegadas a derecho. Hay una tendencia
sistemática a no darle credibilidad o por lo menos el beneficio de la
duda, a las palabras y reclamos de las víctimas que han sido mancilladas
en su dignidad humana, ofreciendo por el contrario, todas las facilidades
a la gente influyente, a los funcionarios, a las corporaciones policíacas
y al Ejército Mexicano, para que no lleguen a las puertas de la justicia.
Hay una cargada del aparato de justicia para borrar pruebas, desvirtuar
testimonios, alargar tiempos, integrar mal las averiguaciones con el fin
de impedir desde cualquier ángulo jurídico, que se llame a cuentas a los
aliados del régimen.
Aflora la incapacidad, la falta de voluntad política y de una visión
estratégica de las autoridades para contener y desarticular las redes
del crimen organizado que ha permeado a las instituciones públicas; para
romper con el círculo vicioso de la ilegalidad y para atacar frontalmente
a las fuerzas criminales que han podido tejer su propia red de complicidades
y compadrazgos políticos en las diferentes regiones del estado y en los
municipios, actuando con la lógica de las mafias. La violencia aparece
como el recurso mas socorrido para dirimir los conflictos de quienes se
sienten intocables y protegidos para delinquir. La violencia se ha transformado
en el arma fundamental de la competencia política y económica.
Ante el reacomodo de las viejas fuerzas políticas que retoman el vuelo
para ubicarse en los ejes centrales del sistema corporativista con el
fin de perpetuarse en el poder, se abre una grieta en el sendero que avanza
hacia la democracia participativa, que da pie a la expansión de grupos
anquilosados que quieren imponer sus intereses a una sociedad civil briosa,
creativa y deseosa de desmantelar a los clanes que han hecho del poder
publico un asunto privado y extralegal.
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Una justicia selectiva
En Guerrero la violencia sigue exacerbándose. Entre la ciudadanía continúan
acumulándose los agravios de la impunidad y se abona el terreno para estimular
el crecimiento de la hierba de la venganza y los deseos funestos de hacerse
justicia por propia mano.
Hay una sensación de que las autoridades han dejado el asunto de la justicia
al libre juego de las fuerzas políticas y económicas, a imagen y semejanza
de las leyes inequitativas del mercado. De esta manera, la justicia se
pone al servicio de quienes tienen capacidad adquisitiva y brinda trato
preferencial a los que se enrolan en el engranaje de la corrupción, a
los que se hacen cómplices del crimen y de la impunidad, a los que se
asumen como clientes de un sistema corporativo-caciquil, que a través
de su lealtad y complicidad aspiran a recibir protección y alguna compensación
para reproducir el circulo vicioso de la ilegalidad.
La justicia se ensaña contra quienes desenmascaran el sistema corrupto;
contra los que luchan por un cambio político dentro de los marcos legales
y extralegales; contra los que, con gran sentido de responsabilidad, asumen
los riesgos de su vida para denunciar la impunidad y los abusos de la
autoridad; contra los que defienden la vida de los excluidos; contra los
que luchan por la defensa de los recursos naturales considerados como
patrimonio de la colectividad y que se oponen a la extracción de la riqueza
para beneficiar a particulares; contra los que militan en los partidos
de oposición y luchan por que se respete la voluntad ciudadana plasmada
en las urnas; contra los hombres y mujeres que por sus ideas y convicciones
políticas son perseguidos y privados de su libertad, para ser víctimas
de castigos crueles que buscan denigrar su dignidad de luchadores sociales;
contra los pueblos y organizaciones indígenas que reclaman justicia, respeto
a su vida y a sus leyes, a su autonomía y a tener una representatividad
real y equitativa en el poder legislativo; contra académicos y periodistas
independientes que investigan y desenmascaran la impunidad y el crimen
organizado; contra los hombres y mujeres indígenas que se han transformado
en las víctimas predilectas del sector salud, por su estado de indefensión,
para mancillar sus cuerpos esterilizándolos de manera forzosa; contra
las viudas y huérfanos que han sufrido a flor de piel la destrucción de
la vida de sus padres a manos de policías y militares; contra los defensores
de derechos humanos que por nuestro compromiso en favor de las víctimas
de violaciones a sus derechos sufrimos amenazas de muerte y padecemos
campanas de desprestigio que se orientan a criminalizar nuestro trabajo;
contra las mujeres y niños de la calle que nunca tendrán acceso a la justicia,
ni podrán alcanzar una vida digna.
Guerrero ha sido el escenario privilegiado para implementar acciones
contrainsurgentes y operativos policíaco-militares con el fin de enfrentar
a los grupos armados y exhibir a presuntos dirigentes del Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI) , como terroristas y como los verdaderos
causantes de la violencia en el estado. Esta estrategia de guerra irregular
deja entrever el rostro verdadero del autoritarismo que busca restaurar
la ley del terror, con la fuerza destructiva y contenedora del Ejército
Mexicano, la Policía Federal Preventiva y el incremento de los cuerpos
de elite del Ejercito, conocidos como grupos aerodinámicos de fuerzas
especiales (GAFES),que son comandos aerotransportados y adiestrados en
contrainsurgencia y labores de inteligencia. Su poder destructor lo dejaron
plasmado en la escuela primaria "Caritino Maldonado" de El Charco, municipio
de Ayutla.
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Los rastros de la (in)justicia
En nuestro estado existen regiones donde se gestan situaciones graves
de violencia que nos muestran un escenario de ingobernabilidad, por el
alto grado de permisividad e impunidad de la que gozan los actores principales
de estos conflictos.
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Región de Ayutla
El municipio indígena de Ayutla, con el antecedente de la masacre de
El Charco, vive un ambiente de confrontación permanente donde el Ejército
Mexicano juega un papel fundamental en la correlación de las fuerzas políticas.
Es un nuevo actor social que con sus actuaciones ilegales y el uso de
la violencia busca revertir la fuerza política de la oposición. En esta
área, donde la participación política de los pueblos indígenas es muy
significativa, el ejercito mexicano implementa una estrategia de ocupación
de sus territorios, para enfrentarlos a una guerra sicológica sin precedentes
y a un desgaste social y económico que busca el quiebre de la vida comunitaria
y por ende a dar carta de naturalización al etnocidio. La maquinaria de
la guerra de baja intensidad se desplaza en diferentes frentes para alterar
la vida comunitaria de los indígenas Mixtecos y Tlapanecos y desarticular
las diversas instancias de organización social y política.
No son gratuitas las campañas de esterilizaciones forzadas que intensificó
la secretaria de salud del Estado entre la población mixteca con métodos
denigrantes, que manifiestan el trato discriminatorio y perverso contra
los mas indefensos. A pesar de la recomendación de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos a las autoridades estatales de salud, se ha hecho
caso omiso, gracias a la soberbia del secretario de salud a nivel federal,
que abusando de la ausencia de un marco jurídico que de rango de obligatoriedad
al cumplimiento de las recomendaciones, se niega a reconocer estos abusos
y por lo mismo, se ignora el reclamo de las víctimas de resarcir el daño
que les infringieron y de dar cumplimiento a las promesas de brindarles
apoyos económicos y en especie.
El municipio indígena de Ayutla es objeto de una vigilancia excesiva,
se le mira con lupa, con la clara intención de identificar a los representantes
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a las organizaciones sociales
y a sus líderes para desactivar su lucha, desmembrar e infiltrar sus estructuras
y sus bases sociales, y lógicamente para desacreditar y criminalizar su
trabajo político, sembrando en todo momento discordia, desinformación,
división, odio y terror.
En este municipio se han consumado casos graves de violaciones de derechos
humanos, además de la masacre de El Charco, donde miembros del Ejército
Mexicano, abusando de su fuerza y pasando por encima de la ley, asumieron
funciones que están fuera del ámbito de su competencia, como sucedió en
la comunidad de Tecruz el día 4 de diciembre de 1998, donde convocaron
a una asamblea para destituir al comisario e imponer a uno nuevo con el
fin de congraciarse con el grupo político que había perdido el control
de la comunidad, agudizando mas la división entre sus habitantes. El 22
de Octubre de 1999 miembros del Ejército mMxicano allanaron la comisaría
municipal de Plan de Gatica para buscar a presuntos miembros de grupos
armados y filmar toda la documentación y material videográfico, como el
método mas socorrido para fabricar delitos a ciudadanos que se han organizado
para defender sus derechos y fomentar el desarrollo comunitario.
El 7de Marzo del presente año, el ejército llegó a la comunidad de Barranca
de Guadalupe para detener e interrogar al joven Victoriano Eugenio Manuel,
que por delaciones hechas por miembros de la misma comunidad, que han
conformado una colonia conocida como La Unificada, por la división política
que enfrentan, se le señala irresponsablemente como miembro de los grupos
armados. Este tipo de informaciones que proliferan en varias regiones
del estado, son usadas por el ejército como fuentes veraces para perseguir,
detener e interrogar de manera ilegal a ciudadanos catalogados como sospechosos.
Además de la detención ilegal el ejército procedió a destruir las mangueras
que riegan los huertos familiares de la población que es simpatizante
del PRD. Se busca destruir la rústica infraestructura que permite a los
pobladores su sobrevivencia. Es la forma mas perversa de provocar y querer
tronar a las comunidades. Con estas operaciones quirúrgicas se pone en
practica la estrategia contrainsurgente de "quitarle el agua al pez".
Esta situación de hostigamiento y de delaciones que son promovidas por
los mismos miembros del ejercito, con la cooptación de campesinos para
involucrarlos en labores de inteligencia, ha provocado una mayor polarización
política entre las comunidades y ha desatado una guerra de desinformación,
que pone en peligro la vida de líderes, de comunidades y de organizaciones
sociales que son señalados como presuntos miembros de los grupos armados.
Actualmente circula en Ayutla una lista negra donde aparecen nombres
de 23 ciudadanos que son señalados como líderes del Ejército Popular Revolucionario
(EPR), siendo todos ellos miembros destacados de la Organización de Pueblos
Indígenas por el Desarrollo Autónomo (OPIDA), que es ampliamente conocida
en la región. En este municipio persiste la amenaza de la instauración
de un poder militar paralelo a un poder civil y de ejercer un control
de la población por la vía de las armas, con el apoyo incondicional de
las autoridades estatales y federales, que escudándose en la campaña de
la guerra contra las drogas, legitiman una guerra silenciosa contra las
comunidades Mixtecas y Tlapanecas catalogadas como focos subversivos.
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Rregión Costa Grande y Tierra Caliente
En el macizo serrano de los municipios de Coyuca de Catalán, Petatlán
y Atoyac se libra una lucha por el control de la madera, por parte de
organizaciones campesinas que se oponen a la explotación irracional de
sus bosques y que se han enfrentado a la multinacional Boise Cascade y
ahora con los caciques regionales, quienes han logrado establecer buenas
relaciones con miembros del Ejército Mexicano, transformándose en los
guardianes de los grupos políticos regionales, que han hecho de la madera
el medio mas fácil para multiplicar su riqueza y consolidar su poder político.
Este enclave serrano se ha transformado también en un lugar estratégico
para la siembra y producción de enervantes que ha ido creciendo de manera
desmedida, al grado que el ejercito se ha instalado en la región y ha
invertido mucho en armamento para combatir estos ilícitos. El escenario
se ha complicado porque el ejército se ha involucrado en acciones ilegales
para respaldar a los grupos caciquiles que enfrentan con violencia a los
campesinos organizados.
Se han escenificado enfrentamientos del ejército con grupos de campesinos
que defienden el bosque, como es el caso de El Nogal, en la sierra de
Petatlán, donde fueron asesinados 3 campesinos el 18 de Febrero del presente
año. El ejército subió a la comunidad de El Nogal acompañando al ex presidente
municipal Rogaciano Alvarez, quien llego con un grupo de civiles armados
que agredieron a los campesinos que se organizaron para oponerse a la
explotación de los bosques. Dispararon contra la gente privando de la
vida a Salvador Cortés, Antonio García Avila y a Hermenegildo conocido
como el ''Meche''. El ejército ante esta acción violenta procedió a detener
a 8 personas acusándolos de narcotraficantes. La lucha por el bosque se
mezcla peligrosamente con el problema del narcotráfico, que al sentar
sus reales en la región esta en capacidad de enfrentar y aniquilar a la
población que se organiza para defender los recursos naturales y cuenta
con los recursos económicos y políticos suficientes para ganarse al ejército
y poder venderles la idea de que esta población organizada esta vinculada
con grupos armados.
Un caso muy reciente es el homicidio del campesino Víctor Arreola Barrientos,
presidente del comisariado ejidal de El Cucuyachi, municipio de Atoyac
quien fue emboscado el pasado 12 de mayo, antes de llegar a su parcela,
recibiendo 45 impactos de arma y el tiro de gracia, por parte de nueve
personas desconocidas. Por informaciones periodísticas se comenta que
era de los "que estaba(n) en contra de la explotación de madera en la
sierra de Atoyac" (El Sur,13-14-V-2000, p.7). Después de la agresión el
ministerio publico, la policía judicial, miembros de una base de operaciones
mixtas se hicieron presentes para hacer su trabajo de rutina: recabar
la información y enviarla a sus superiores. El Ejército se limito a instalar
un retén provisional. Se trata de otro hecho violento que para mal de
todos, solo pasará a formar parte de las estadísticas del crimen organizado
y de la memoria de la iniquidad, sin que las autoridades lleguen a dar
con los autores materiales e intelectuales, ni que la ley llegue a aplicarse,
ni se brinden garantías de seguridad y justicia a los serranos.
El caso paradigmático es el de la organización de Campesinos Ecologistas
de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, que por el mismo motivo
de defender el bosque, fueron detenidos y torturados Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera por miembros del Ejército Mexicano acusándolos de narcotraficantes
y guerrilleros.
Con el fin de encubrir las violaciones a los Derechos Humanos cometidas
por el ejército y proteger los intereses forestales de los caciques, el
aparato gubernamental pone todo su empeño para criminalizar la lucha legitima
y legal de los campesinos ecologistas negándoles el derecho constitucional
de acceder a la justicia de manera expedita.
En este contexto donde los campesinos se han organizado y movilizado
para defender sus recursos naturales, la respuesta oficial ha sido desproporcionada;
se aumenta el numero de efectivos en la región y lo paradójico es que
a pesar de su presencia ostentosa, al narcotráfico "le hacen lo que el
viento a Juárez"; continua el trafico de armas, aumenta la violencia y
el clima se enrarece con la aparición de grupos paramilitares que empiezan
a entrar en acción defendiendo los intereses de los caciques. Desde aquí
se arma el engranaje de la economía criminal que empieza a tomar el control
de enclaves geográficos estratégicos para la diversificación de sus actividades
ilícitas. Una realidad compleja que se cruza con una estrategia de guerra
contrainsurgente de contención social, a través de la represión selectiva
de sus dirigentes, de su encarcelamiento, del hostigamiento a los campesinos
organizados y del cerco de sus comunidades para apagar la hoguera de la
inconformidad social y de la reivindicación de sus derechos colectivos.
Este caso que ha cobrado relevancia internacional por el premio Goldman
al que se han hechos acreedores sus dirigentes y por la investigación
profesional que ha realizado Amnistía Internacional, para reconocerlos
y declararlos como presos de conciencia, ha logrado desenmascarar que
en México, la defensa de los recursos naturales para beneficio de la colectividad,
toca fibras muy agudas de grupos políticos importantes y esconde intereses
económicos muy fuertes y turbios, al grado que este conflicto se ha convertido
en un asunto de Estado.
Se busca destruir el poder local y la organización ciudadana independiente,
es decir, hay de por medio una decisión política de impedir el crecimiento
de una democracia de base, donde se gesta un modelo societal que quiere
tener el control del espacio propio, la reafirmación del lugar como fuente
de significado e identidad, la autogestión comunitaria, la producción
a pequeña escala, la búsqueda de la autosuficiencia, en fin la reconstrucción
de la economía humana que tiene que dar una pelea desigual a la economía
criminal.
En esta confrontación de proyectos de sociedad, a las autoridades muy
poco les interesa las violaciones a los Derechos Humanos de las que han
sido víctimas los campesinos ecologistas, sino la buena reputación de
sus violadores, los miembros del Ejército Mexicano, que sin recato alguno
dicen representar a un Ejército de paz, y que a capa y espada se tiene
que difundir y defender esta consigna política, no importa que la realidad
demuestre lo contrario, ni que se ponga en tela de juicio el estado de
derecho.
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Región Montaña
En este territorio devastado opera una espiral descendente de desigualdad,
polarización, pobreza, miseria y exclusión social que ha tocado fondo.
A los pueblos indígenas se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones
políticas y recursos económicos que les permitan una subsistencia autónoma.
Esta exclusión social se caracteriza por la cancelación de las posibilidades
de que la población económicamente activa cuente con un trabajo estable.
La Montaña forma parte de las 36 zonas prioritarias del país que configuran
la geografía de los excluidos. La incapacidad de las autoridades para
contener y revertir este torbellino de la iniquidad, aunada a la ausencia
o insuficiencia de políticas reparadoras de integración social, orillan
a que la población se incorpore a un proceso laboral que forma parte de
la economía criminal global. Esta economía desarrolla actividades generadoras
de ingresos que son declaradas delitos por las leyes y por lo mismo, perseguidas
por un sistema político que tiene mucha responsabilidad en la consumación
de estos ilícitos. En este entramado existe una creciente interdependencia
con la economía formal y las instituciones políticas. Los excluidos son
los elegidos para ser las víctimas de este sistema perverso. Pasan a constituir
el submundo de la delincuencia que los ubica fuera de la legalidad y los
hace víctimas permanentes de las leyes que no conocen del hambre y del
desempleo.
La Montaña de Guerrero históricamente ha sido una zona en cierta forma
autónoma que ha estado aislada del resto del Estado. Desde la Colonia
ha mantenido el rol de ser una economía marginal y servir solamente como
corredor clandestino de transacciones económicas no muy claras que parten
de los puntos de Acapulco, la ciudad de Puebla y Tlaxiaco, Oaxaca. Esta
región actualmente se ha transformado en un lugar propicio para la siembra
de enervantes, aprovechando las grandes mafias, su aislamiento y su inaccesibilidad
convirtiéndola en un corredor de producción de amapola dentro de la constelación
de enclaves estatales y nacionales que dan vida a la economía criminal.
El confinamiento territorial de la población indígena desconectada de
regiones dinámicas económicamente es una de las consecuencias irreversibles
del modelo económico neo-liberal, de la geografía desigual del sistema
capitalista. En estos agujeros negros se condensa el paisaje destructor
y los daños infligidos a una parte de la humanidad que en su lucha por
escapar a esta fatalidad, solo logra reproducir mas la exclusión social
y hacer caer sobre sus espaldas nuevas adversidades que desencadenan una
situación de explosividad social.
La violencia comunitaria, el desempleo generalizado, el quiebre de la
agricultura de subsistencia, la siembra de enervantes, la inseguridad
pública, la militarización, la confrontación política la proliferación
de la delincuencia, la corrupción de las autoridades, la institucionalización
de la extorsión parar procurar justicia, el involucramiento de autoridades
municipales en acciones ilícitas o en el crimen organizado, son muestras
palpables y contundentes de que la montaña ha caído en la garras de las
mafias imponiendo la ley de la selva.
Este caos de la miseria solo aumenta las probabilidades de que mayor
número de ciudadanos corramos de manera cotidiana el riesgo de perder
de manera irreversible la vida y a que las autoridades en lugar de legitimarse
con los ciudadanos empobrecidos para atajar esta avalancha de la violencia,
se refugian en sus oficinas para limitarse a ejecutar obras que hagan
creer que avanzan hacia el bienestar de la familia. Lo mas burdo es que
muchas autoridades ni siquiera llegan a cumplir con estas funciones elementales,
por el contrario, se convierten en depredadores de su propio pueblo, en
autoridades ''vampiro'', que se apropian de los recursos públicos para
su beneficio personal, promueven el trafico de influencias y usan el poder
para escalar posiciones de privilegio y subordinar la ley a sus caprichos.
Tlapa ha quedado en manos del hampa. Algunos presidentes municipales
se han hecho cómplices o han establecido alianzas con las bandas delictivas,
que a cambio de brindar protección piden libertad para delinquir y para
desarrollar actividades económicas ilícitas. Las consecuencias han sido
funestas: la industria del secuestro ha florecido, el tráfico de armas
y enervantes ha aumentado, las bandas de delincuentes se han multiplicado,
los asaltos a mano armada son prácticas comunes de las que somos víctimas
centenares de ciudadanos, siendo las mujeres las que de manera humillante
son ultrajadas y violadas. La privación de la vida por parte de pistoleros
pagados, es el método mas eficaz, económico y certero, para dirimir los
conflictos políticos, cobrar venganzas, saldar cuentas pendientes o quitar
del camino a quien obstaculiza para desarrollar actividades ilícitas.
Este escenario del crimen organizado ha logrado imponerse en la región
de la montaña y ha cercenado a las instituciones publicas, se ha logrado
filtrar en algunos ayuntamientos municipales y ha podido comprar a funcionarios
que no tienen vocación de servicio, pero una sed insaciable de lucrar
con el delito. Ha sido capaz de construir redes y grupos para delinquir,
ha tenido la sagacidad para incursionar en la política y saber invertir
en negocios fáciles vinculándose orgánicamente con el hampa.
La ola de la delincuencia que ha cobrado centenares de vidas en la región,
ha generado una crisis de gobernabilidad y entre la ciudadanía predomina
un animo de desconfianza entre las autoridades. Hay un distanciamiento
y un enfriamiento de las relaciones de la sociedad civil con sus representantes
populares. Buena parte de la población se niega a ser víctima del vicio
extorsionador de los agentes de ministerio público, policías judiciales
y jueces. La situación legal de los agraviados o acusados de un delito
se resuelve por debajo de la mesa. Se ha logrado crear una red regional
dedicada al negocio del delito que logra obtener información de primera
mano en los ministerios públicos y juzgados sobre hechos delictivos y
acerca de las personas involucradas. La maquinaria de la extorsión funciona
con la complicidad de abogados particulares y funcionarios del ministerio
publico y del juzgado penal, cuidando todos las formalidades jurídicas,
sabiendo de ante mano que hay resquicios legales que les permitirán realizar
negociaciones extralegales de los delito que persiguen. La clave del negocio
está en distribuir las responsabilidades y trabajos de cada miembro involucrado
en esta red extorsionadora y de respetar las reglas no escritas para el
reparto de utilidades de acuerdo a la jerarquía de las autoridades y al
tipo de delito que está en juego.
Es imposible pensar que el ciudadano común, pobre y desconocedor de
las leyes logre ser atendido y defendido con profesionalismo y ética por
los funcionarios del órgano investigador. Recurrentemente el ciudadano
común tiene que acudir a nuestro Centro de Derechos Humanos para pedir
que se le acompañe a estas instancias porque tiene claro que no será atendido
adecuadamente. Hay temor y desconfianza en las autoridades porque los
ciudadanos saben que si no hay dinero de por medio, las denuncias y demandas
no prosperan, se archivan, quedan a medio camino o simplemente no se acreditan
los hechos delictivos.
La desolación en la Montaña se torna mas trágica, por la posición que
han asumido las autoridades federales y estatales en la ''guerra contra
las drogas'', que encubre una guerra contrainsurgente. En la lucha contra
el tráfico de estupefacientes se da una coordinación estratégica de los
ejércitos nacionales de América Latina que quedan bajo un mando único
del Pentágono. Los ejércitos nacionales se orientan a cumplir funciones
policíacas y de seguridad publica (principalmente en la lucha contra el
narcotráfico y la delincuencia organizada) y de fuerzas de ocupación para
contener a los movimientos sociales y grupos armados. Con esta estrategia
de militarizar las regiones pobres donde habitan los excluidos, se ayuda
a controlar y a evitar un estadillo social, pero sobre todo, se protegen
los intereses de las multinacionales buscando consolidar las economías
de libre mercado que se entrecruzan con la economía global criminal.
La presencia de la Policía Federal Preventiva(PFP) en Guerrero está asumiendo
funciones que se encuentran fuera del ámbito de su competencia, porque
una policía preventiva no debe perseguir delitos, esto solo es competencia
del ministerio publico con el auxilio de la policía judicial. La detención
de presuntos dirigentes de grupos armados así como sus actividades de
espionaje y de investigación contra insurgente, son actividades que no
tienen nada que ver con la prevención de los delitos. Este perfil persecutorio
de la Policía Federal Preventiva implica la violación de la ley porque
actúa suprimiendo el requisito constitucional de la denuncia, querella
o flagrancia inaugurando una etapa inquisitorial, donde los detenidos
son torturados, interrogados y presentados en los cuarteles y ante miembros
del Ejército Mexicano. El poder de esta policía militarizada aumenta al
tiempo que se violan las normas constitucionales y que los jueces se convierten
en sus escribanos.
Conociendo sus actuaciones, deducimos que se trata de corporaciones entrenadas
para realizar actividades de espionaje, tácticas antimotines y de control
de la población, con gran poder de fuego. No se pueden fincar las esperanzas
de un cambio en los sistemas de procuración y administración de justicia
si esta corporación militarizada goza de poderes extra legales y sin ningún
control en sus actuaciones, que solo complican el escenario de la impunidad.
A pesar de que el nuevo Gobierno Estatal ha elevado al nivel de Secretaría
la cuestión indígena, vemos muy alejada la posibilidad de que esta instancia
pueda representar los intereses profundos de los Pueblos Indios de Guerrero.
Sigue prevaleciendo una visión corporativa y paternalista por parte de
las autoridades estatales. La Secretaría de Desarrollo Indígena (SDI),creada
para dar respuesta a los graves problemas que enfrentan los pueblos indios,
de entrada nació con bastantes limitaciones. En primer término porque
su creación y la elección de su Secretario es producto de una decisión
de notables, sin consultar a los principales destinatarios de esta política,
por otra parte el presupuesto asignado para este año fue de 7 millones
100 mil pesos, una cantidad que es menor al presupuesto asignado para
los gastos personales del Gobernador, que fue de 9 millones 200 mil pesos.
En la asignación de estos recursos se puede valorar que la inversión pública
entre los pueblos indígenas es sumamente raquítica, si tomamos en cuenta
la grave situación económica que enfrentan y sobre todo si la comparamos
con el presupuesto asignado a seguridad pública que es de 300 millones
50 mil pesos, el segundo presupuesto más alto a nivel Estatal, después
del rubro de Educación que es de 489 millones 200 mil pesos.
Lo más grave de todo esto es que persiste en la Secretaría Indígena un
diseño asistencialista y folklórico en la aplicación de estos recursos.
Junto a esta Secretaría se ha montado un Consejo Estatal Indígena, que
a través de consultas amañadas se quiere imponer a representantes de los
Pueblos Indios de Guerrero que garanticen lealtad política, y sobre todo
subordinación a los programas que solo buscan maquillar la pobreza. Se
ha dado un rejuego político en la conformación de este Consejo a causa
de que se impide la participación de los pueblos y las organizaciones
indígenas que expresan posiciones políticas independientes.
Es conveniente resaltar algunos números que nos indican con mayor claridad
las desproporciones presupuestarias que ilusoriamente buscan atender los
rezagos sociales de los pueblos indígenas. A modo de ejemplo, el Programa
Nacional de Jornaleros Agrícolas, maneja un número de 30 mil trabajadores
que son expulsados de sus comunidades para vender su fuerza de trabajo
en los campos agrícolas de Sinaloa.
Haciendo un recuento de que cada uno de estos jornaleros se contrata
regularmente por 180 días, se ha calculado que todos ellos logran capitalizar
la cantidad de 315 millones, para apenas subsistir en la temporada de
lluvias. Con esta información contrastamos el Presupuesto asignado a la
Secretaria Indígena que fue de 7 millones 100 mil pesos, y el que ha sido
aprobado para este año por parte de Jornaleros Agrícolas que es de 23
millones, y unos 5 millones más de otras Dependencias que confluyen en
este programa. Sumando todo esto, constatamos un abismo muy grande entre
lo que aportan los indígenas jornaleros en seis meses y lo que los Gobiernos
Federal y Estatal invierten para contener la migración y arraigar con
proyectos productivos y obras de beneficio comunitario a sus pobladores.
Con este diseño presupuestario es imposible pensar que se esté atacando
a las causas estructurales de la pobreza extrema en la Montaña. Si tomamos
en cuenta los cálculos que hacen los empresarios de que por cada peso
que se paga como salario se tienen que invertir 10 pesos para garantizar
que este empleo sea más o menos permanente, podemos deducir, de acuerdo
al parámetro de la riqueza que generan los jornaleros, que en la Montaña
se necesita un fondo de 3 mil millones de pesos, como base para poder
arraigar a los 30 mil jornaleros agrícolas que se ven obligado a trabajar
fuera de sus lugares de origen por falta de empleos.
Por otra parte con la creación de la Secretaría de Asuntos Indígenas
y la permanencia hasta el momento, de la Procuraduría Social del campesino,
existe una duplicidad de funciones que al final de cuentas ninguna enfrenta
los problemas de fondo de los Pueblos Indios de la Montaña. Se trata más
bien de amarrar con magros recursos a esta población olvidada y a desactivar
los procesos de desarrollo comunitario. Es muy lamentable que la Secretaría
de Asuntos Indígenas y la misma Procuraduría, no tengan dentro de su mandato,
la responsabilidad de atender desde una óptica indígena los conflictos
políticos, por el contrario, se les da instrucciones a nivel estatal para
que se obtengan de atenderlos y a darles un cause por la vía conciliatoria
y con forme a sus sistemas normativos. Estos asuntos quedan en manos de
las delegaciones políticas que son figuras anticonstitucionales para la
resolución de los conflictos entre los pueblos indígenas. Obviamente que
esto tiene un desenlace fatal, porque lo que se busca es garantizar la
gobernabilidad a cualquier costo político, sin importar las consecuencias
que estas decisiones conllevan y que se traducen en una mayor polarización
política, reavivando la confrontación y la fragmentación comunitaria.
Mientras no se resuelva los conflictos agrarios por las mismas comunidades
y se sigan poniendo en manos externas la resolución de los limites de
sus tierras, mientras no se entre en una dinámica de reordenamiento territorial,
de la recomposición de sus espacios políticos, del reconocimiento legitimo
a la creación de nuevos Municipios, de sus demandas autonómicas del respeto
a sus sistemas normativos, a la toma de sus decisiones, de atacar las
causas de la pobreza inhibiendo la siembra de enervantes con una significativa
inversión en proyectos productivos, de desactivar la escalada Militar
y de implementar una nueva relación con los pueblos indios que supere
la visión etnocéntrica de las autoridades, será imposible romper con las
estructuras colonialistas que siguen pisoteando la dignidad de estos pueblos
y denigrando sus vidas.
Se necesita respetar y tomar muy en serio a los pueblos indios, a fortalecer
sus instancias comunitarias y sus procesos autogestivos, a proporcionar
de manera igualitaria las oportunidades para el desarrollo, a estar dispuestas
a que las organizaciones y los pueblos indios ejerzan su pleno derecho,
a controlar y administrar sus tierras y recursos naturales de manera sostenible.
Esto implica necesariamente una relación de iguales en la diversidad,
que debe admitir nuevas estrategias en el diseño de las políticas públicas,
implica un diálogo directo con ellos, obliga a ejercer consultas a las
comunidades indígenas en la elaboración de proyectos estratégicos donde
tengan plena participación y conocimiento de los beneficios y el impacto
favorable para el desarrollo regional. Debe atribuírseles también una
participación equitativa de los beneficios e ingresos generados por la
utilización o explotación de sus recursos naturales, respetando siempre
sus decisiones.
La consulta seria y la participación equitativa en los beneficios del
desarrollo, tienen que fundarse en un nuevo marco legal-estatal, y en
una ley reglamentaria que plasme a los Pueblos Indios como sujetos de
derechos colectivos, capaces de diseñar políticas públicas y de implementar
proyectos de Desarrollo sustentables en condiciones justas, democráticas
y humanas.
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