Justicia Invisible
¿Cómo negar la existencia de los rostros marcados por la miseria y la
injusticia?, ¿cómo acallar los sozollos arrancados por una criminalidad
desbordante al amparo de la impunidad?, ¿por qué justificar con la propia
omisión el absurdo de funcionarios que niegan justicia?.
¿Cómo negar la angustia filial que rasga hasta el último rincón del
bolsillo en la búsqueda infructuosa del centavo que compre la salud del
ser querido?, ¿porqué seguirse resistiendo al contagio de la ceguera endémica
del círculo gubernamental que no ve la montaña de conflictos que deja
a su paso con programas que solo compran pobreza?, ¿cómo congratularse
ante la oleada de figuras deambulantes hacia los campos de la ignominia
humana en su éxodo al norte, cíclico e interminable?.
¿Cómo retar a ese destino fatal que parece acompañar por siempre a los
pueblos de la montaña, para no convertirse en cómplices de su ocaso?,
pero, ¿cómo redimir él sueño de la dignidad humana, ante la vileza del
poder y el etnocentrismo para conquistar el sueño en el que la justicia
habite entre los Mestizos, Mixtecos, Nahuas y Tlapanecos?.
Como Centro de Derechos Humanos éstas y un sin fin de interrogantes
galopan al interior de nuestro ser, nos arrebatan por momentos la claridad
del pensamiento y nos someten fugazmente a la rendición. Sin embargo,
nuestra naturaleza no nos permite sustraernos a esa realidad estrujante,
nos invita a hacer de nueva cuenta la gota que pretende horadar la hermética
columna del autoritarismo, a partir de nueva cuenta de nuestra utopía
para reforzar la voluntad, a seguirnos enfrentando a nuestro interior
y advertir que la ruta esta trazada, de convencernos que no es el momento
de claudicar, ni de dejarse vencer por el torbellino arrasante de la desigualdad
que hace de la Montaña de Guerrero un campo prodigioso de la injusticia.
Porque hablar de la justicia no es limitarse a los tribunales, es apelar
a las conciencias humanas que resienten el flagelo de la enfermedad, del
hambre, de la explotación del prójimo, de sentirse humillado por no conocer
la letra, de silenciar el impetú del alma porque los demás no entienden
su lenguaje florido. Hablar de justicia implica oponerse a las causas
que la desmerecen, es cuestionar la benevolencia con la que se aplica
la ley a unos cuanto cuando con ella se agravia a otros, es no complacerse
con la violencia que lastima los lazos comunitarios y legitíma la acción
de las élites.
Presa de una violencia estructural, la Montaña de Guerrero ve enfrentado
su destino a los abusos del poder y al sojuzgamiento de los habitantes.
Conforme el conteo de población y vivienda realizado en 1995 por el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en todo el estado
de Guerrero se contabilizaron 2 916 567 habitantes, de ellos 261 459 personas,
o sea un 8.9 %, correspondieron a la población de la montaña, diseminados
en los 17 municipios que integran la región en un territorio de 692,000
hectáreas, con 773 localidades.
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Servicios públicos
Al igual que la mayoría de las zonas indígenas del país, la montaña
permanece en el total abandono. A nivel estatal es la zona de mayor marginalidad,
esto se muestra por los más bajos índices de prestación de servicios públicos.
Según datos de noviembre de 1995, las viviendas particulares que carecen
de agua entubada representan el 50.2 %. Solamente el 15.8% tiene servicio
de drenaje, además de que sólo 9 de los 17 municipios cuenta con sistema
de drenaje y alcantarillado, que por cierto se reducen a una sola red
del servicio, establecida por lo general en las cabeceras municipales,
excepción hecha del municipio de Alpoyeca en el que dos localidades cuentan
con ese servicio.y sólo el 64.3% del total de viviendas disponen de energía
eléctrica. Fuente: anuario estadístico del estado de Guerrero, 1998. INEGI.-Gobierno
del estado de Gro.
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Justicia
Una ola delincuencial se ha apoderado en los últimos años de la comarca,
con frecuencia se reportan asaltos en los caminos rurales, los cuales
van acompañados de abuso sexual a mujeres que transitan por los caminos,
los homicidios se volvieron el pan nuestro de cada día y el secuestro
o la amenaza de él, emergen como las figuras delictivas propicias para
evadir responsabilidades ante la justicia sin dejar de delinquir, paradójicamente
impera el quebrantamiento del orden público por los mismos cuerpos policiacos
y militares solapando el cultivo de enervantes y extorsionando a la población
en retenes que se instalan de manera ilegal en los caminos de mayor circulación.
Este desbordamiento de la criminalidad encuentra su sustento en la falta
de resultados de los organismos encargados de la procuración y administración
de justicia, que no hacen más que incrementar la confianza de los delincuentes
para seguir cometiendo atropellos, porque seguros están de que las investigaciones
ministeriales y de la policía judicial no conducirán a nada. Al respecto,
también la población se guarda una opinión del trabajo de los organismos
o más bien de sus funcionarios, a ellos se les ve como el símbolo de la
corrupción y la negligencia de la autoridad, a causa de que se aprovechan
del desconocimiento de la ley para exigir dolosamente prebendas o alargar
los procedimientos en un intento de provocar desesperación entre los agraviados
y en consecuencia el abandono de los asuntos por los interesados, cuando
de antemano existe un acuerdo con los responsables para integrar deficientemente
las averiguaciones previas envolviéndolas con malas actuaciones o con
la fabricación de responsablida penal a personas ajenas al delito.
Estas prácticas deficientes se enturbian más por el dificil acceso a
la justicia. Ministerios Públicos, Abogados Particulares, Defensores de
Oficio e incluso personal del Poder Judicial se coluden entre sí, integrando
toda una red de encubrimientos y complicidades para hacer de la justicia
institucional un gran negocio. A nivel estado, la Montaña y Acapulco por
su alto grado de violencia se han ganado la fama de ser " buenas plazas
para trabajar", por esa razón funcionarios de la Procuraduría de Justicia
del Estado y del Poder Judicial, presentan grandes resistencias al momento
de planteárseles la posibilidad de un cambio de adscripción, porque advierten
la pérdida de un gran negocio.
Para la atención de una población rural con un amplio grado de dispersión
geografica y altos indices de violencia, se necesita la presencia cercana
de instancias competentes que agilicen la impartición de justicia, sin
embargo nos encontramos que en los 3 distritos judiciales en que se divide
a la montaña, se contabilizan sólo 9 agencias del Ministerio Público,
3 de las cuales funcionan en la ciudad de Tlapa, por lo que un contacto
inmediato y directo con la representación social constituye de entrada
un obstáculo para exigir justicia ya que en la región se asientan 773
comunidades. Por aritmética elemental se tiene que cada Agencia de Ministerio
Público atiende en promedio a 85.8 comunidades o si se quiere, existe
una agencia por cada 29 051 habitantes.
Mención aparte merecen los casos de violación a los derechos humanos,
que de por sí han sido una práctica sistemática de los representantes
de autoridad, pero que alcanzaron una explosividad enorme con la penetración
de la lucha contrainsurgente desplegada por el estado a raiz de la aparición
de grupos armados en distintas partes del país que repercutieron a nivel
local. Estas arbitrariedades van desde el mismo abuso de autoridad, privación
ilegal de la libertad personal, afectación al patrimonio, violación al
domicilio, la exacción ilegal, la fabricación del delito, intimidación,
tortura y homicidio entre otras. Frente a ellas no ha existido recurso
legal alguno para la ciudadanía que conceda del todo el beneficio de la
sanción para los responsables, sino mas bien hay una actitud de complacencia
y encubrimiento por parte del ejecutivo federal y estatal, amén de la
subordinación de los organismos públicos defensores de los derechos humanos
a las estructuras gubernamentales cuando se investigan denuncias ciudadanas.
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El trabajo político
Entre los políticos, predomina la visión de la política como el medio
generador de riqueza y poder. En ningún momento se visualiza como un espacio
de fortalecimiento democrático y de libre participación ciudadana. El
resquebrajamiento de la unidad comunitaria se debe principalmente a la
confrontación entre partidos políticos, que buscan la hegemonía entre
la población. La lucha politico-partidista al interior de la comunidad
se asume con todas las fuerzas. El clientelismo y la cooptación constituyen
las formas bajo las cuales los lideres políticos foráneos y locales aprisionan
la voluntad de los pueblos. Para ellos el engaño y la utilización mercenaria
del hambre de las personas, son el recurso óptimo para atraer a una población
desmovilizada e impreparada políticamente.
La manipulación de lideres naturales desde afuera, a hecho que varias
comunidades de la región vivan actualmente con 2 o hasta 3 autoridades
paralelas. El poder local día a día se fragmenta al irse transformando
en un espacio cerrado al cual no todos tienen acceso, en este rejuego
lo importante es contrarrestar la fuerza de los adversarios, minárlos
hasta el exterminio sin reparar en el grave daño que se le hace a la democracia.
Como alternativa de participación política, lideres y grupos que no coinciden
del todo con el trabajo partidista que se vive en la región, han empezado
a constituirse en organizaciones civiles para luchar desde esa trinchera
por la recuperación de los espacios ciudadanos. Desgraciadamente, la iniciativa
organizacional, no ha sido bien recibida por líderes políticos y funcionarios
locales, que ven en estos grupos el trastrocamiento del poder y en consecuencia
la pérdida de privilegios forjados a su merced. Abundan los casos de hostigamiento
a líderes sociales y organizaciones civiles por parte de las mismas estructuras
del gobierno para acotar su base social, se trata de una violencia selectiva
en la que el poder hace uso de todo su engranaje para descalificar el
trabajo ciudadano y erigirse como el único ente benefactor de la sociedad.
Con estas actitudes queda clara la opinión gubernamental en torno a
la participación ciudadana, se califica el trabajo civil bajo el único
criterio de que él no está del lado del gobierno está contra él. Para
ésta visión acotada de la realidad no hay terceros actores en la arena
social, todo queda reducido a una beligerancia partidista, en la que lo
que importa es combatir de facto a los adversarios politicos sin detenerse
siquiera por un momento a escuchar sus planteamientos para entender la
necesidad de establecer un diálogo con la ciudadanía.
Esta intolerancia lo único que hace es agravar las heridas profundas
de la población y el crecimiento del descontento social en la región.
Según datos arrojados en un estudio realizado por el Instituto Nacional
Indígenista en 1997, en promedio la población económicamente activa recibe
ingresos muy por debajo del monto del salario mínimo, solamente Cualác
y Huamuxtitlán fueron los únicos en los que su población se ubicó por
encima de él. Este dato por si sólo nos ilustra el grado de miseria generalizada
que hay en la población y de que las políticas del desarrollo implementadas
por el estado no han germinado en este campo debastado por la iniquidad.
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Empleo y migración
Regionalmente las únicas actividades con certidumbre salarial lo constituyen
el magisterio y el trabajo burocrático gubernamental. La mayor parte de
la población se dedica al trabajo agrícola de temporal, principalmente
a la siembra del maíz y fríjol, actividad de infrasubsistencia, puesto
que en promedio el nivel de cosecha de maíz por hectárea se reduce a 500
kilogramos, en comparación a la media estatal que es de 2.10 toneladas
en la misma porción de tierra.
El empobrecimiento del suelo tiene identificada como principal causa
la destrucción de las reservas forestales que garantizan la captación
de los recursos hidrológicos, para ser vendida en forma de leña y complementar
así el ingreso familiar, pero principalmente por la voracidad de empresarios
madereros. Esto representa una gravísima devastación ecológica, de consecuencias
irreversibles si no se detiene a corto plazo. Desgraciadamente no se vislumbra
una contención a este fenómeno, si no más bien, abunda la complicidad
y la benevolencia de sectores del gobierno para con los empresarios madereros
asentados en la región, los cuales obtienen concesiones de explotación
de bosques gracias a sus buenas relaciones con funcionarios del gobierno
estatal y federal y al convite de alcohol de comisariados comunales quienes
autorizan a nombre de la asamblea la depredación de los recursos de su
comunidad.
Ante este resentimiento acumulado de la tierra y de falta de fuentes
de empleo, la migración temporal se constituye como el remedio mas socorrido
para la subsistencia de la familia en tiempo de secas. Según datos poblacionales
del estado de Guerrero, en 1940 se inició el boom migratorio, evolucionando
de manera ascendente. En 1970 la migración alcanzaba el 14% de la población
en general del Estado. En 1990 la cifra había llegado al 20% a nivel regional.
La migración que se expresa en la región es de tres tipos. la de braceros
o indocumentados hacia campos agrícolas y ciudades como Nueva York; la
migración jornalera, propia de los grupos indígenas, que se dirije a los
campos hortifruticolas de Sinaloa, Jalisco, Baja California Sur y Morelos;
y la que se da hacia centros urbanos para contratarse en la industria
de la construcción o en subempleos.
Según estadísticas oficiales de 1990 (hace ya 10 años) entre 30% y 40%
de jefes de familia de la región emigraban temporalmente en busca de trabajo,
cifra que en la actualidad sin duda se debió haber incrementado en la
actualidad ante el deficit económico. Lo cierto es que el éxodo laboral,
es un fenómeno tan fuerte en la región, que 11 de los 17 municipios son
considerados como de fuerte expulsión de trabajadores migrantes, las estadísticas
solo revelan una parte del fenómeno, ya que no existe un verdadero control
del mismo debido a que la contratación por parte de los empleadores se
da en forma irregular.
Este mismo anonimato de las relaciones de trabajo, provoca un sinnúmero
de violaciones a los derechos humanos de los trabajadores. Se labora en
condiciones completamente al margen de las garantías legales, las cuales
se asumen como males menores en comparación a los beneficios que representa
la contratación de todos los miembros de la familia y la generación de
más capital para el regreso a sus comunidades en "tiempo de aguas". Desgraciadamente
todos los esfuerzos generados en los campos de cultivo o en la ciudad
no logran disminuir en nada la situación de estrechez, más bien la población
se vuelve un "animal de temporada" que año tras año acude a albergarse
a los campos hortifruticolas o a las urbes de Estados Unidos para regresar
a gastar lo ahorrado en la compra de productos que denoten su "prosperidad
económica": grabadora, ropa y alcohol, pero solamente recrean su calidad
de excluido. Una vez roto el éxtasis del sueño, habrán de regresar nuevamente
a pisar los suelos de la esperanza.
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Narcotráfico
Por desgracia, una buena parte de la población de la montaña ha optado
por la siembra y el cultivo de enervantes para garantizarse un ingreso
económico. Datos de la Procuraduría General de la República del año de
1996, señalan a la región de la montaña como la zona más importante en
todo el país en la producción de amapola. Ocupando el primer lugar de
acciones de erradicación de amapola y decomisos de goma de opio y heroína.
Lejos de encarnar el prototipo del narcotraficante que ha fabricado la
cultura popular a través de la música y el cine, o la apología de los
jefes de los grandes carteles de la droga, el indígena que es tentado
a la producción de enervantes, se vuelve víctima de un circulo usurero
y tramposo, en el que lo primero es la compra de la seguridad para el
desarrollo de su actividad, adquiriendo armas y pagando a policías y militares,
organizándoles comilonas a su llegada a las comunidades para que se hagan
de la vista gorda. Con el cultivo de droga, al interior de las comunidades
se genera un rompimiento de la unidad y la tranquilidad, entre los que
se dedican al cultivo de la droga con los que se oponen a esta actividad
por considerarla ilegal. Al final toda la comunidad cae presa del mismo
circulo vicioso que se redondea entre la compraventa de armas, la violencia,
división, prisión y a la misma muerte.
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Conflictos agrarios
La relativización del poder de las comunidades indígenas ha hecho que
se intente mantener vigente el control sobre el ultimo símbolo del poder:
el territorio, ocasionando graves conflictos entre comunidades y pueblos
de la montaña. La disputa por la tierra se ha vuelto como la gran problemática
que impide la reconstitución de los pueblos indígenas de la montaña. Un
estudio realizado en 1980 por la Universidad Autónoma de Guerrero detectó
grandes conflictos agrarios por límite de terrenos en 8 municipios de
la región, sin embargo de ese tiempo a la fecha se ha dado un incremento
notable en las disputas agrarias ante la finalización del reparto agrario.
Desgraciadamente la conflictividad agraria entrampa a las comunidades
en el proceso mismo de su desarrollo, de manera tal que se cierran las
puertas a alternativas de solución. las instancias gubernamentales encargados
de la resolución de estos conflictos, tratan los asuntos sin advertir
la naturaleza de la tierra en la cosmovisión indígena, donde la tierra
es el punto nodal de la estructura comunitaria.
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Educación
Sobre los habitantes indígenas de la montaña pesa fuertemente el estigma
impuesto que los señala como gente inculta y sin razón, que más bien es
un desprecio a su pobreza. Esta visión racista hace su caldo de cultivo
en la poca eficacia de las políticas educativas gubernamentales, las cuales
basándose en criterios erróneos y contradictorios a la realidad regional
permanecen en el intento de incorporar "culturalmente" a los pueblos indios
al resto de la sociedad. Es por ello que la educación que imparte el estado
aunque se dice indígena, parte de la reproducción de conocimientos occidentales
que se trasmiten mecánicamente de profesores a alumnos sin reparar en
la realidad local y en las particularidades culturales. La inversión educativa
se reduce a la edificación de aulas, no se procura la especialización
de la enseñanza a través del análisis especifico de los sectores sociales
a las que se dirige, no se cuenta con un programa real de incentivos para
la capacitación de profesores, ni mucho menos se aportan apoyos a la población
infantil y adolescente que acude a la escuela, para ser menos aquejantes
las secuelas del hambre y la desnutrición.
La población indígena de la montaña que es analfabeta representa el
64 % del total, nivel muy alto comparado con el promedio estatal que es
de 24 %. Existe un alto déficit de profesores y de escuelas en la región.
Según datos de 1997 el nivel preescolar solo representa el 15.21% de centros
educativos de este nivel en el estado. La proporción de las escuelas primarias
es de un 12.07% y las escuelas secundarias sólo constituyen el 7.7% del
total estatal, . Fuente: Anuario estadístico del estado de Guerrero, 1998.
Ante esta verdad lastimante nada resuelven los programas asistenciales
como el Progresa, puesto que para nada se incrementa el rendimiento escolar,
ni mucho menos mejoran las condiciones de salud de los indígenas.
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Salud y desnutrición.
A pesar de que recientemente se han establecido nuevos centros hospitalarios
en Alcozauca y Acatepec, en términos prácticos en la región solo opera
un hospital de segundo nivel, ubicado en Tlapa, que por cierto ha visto
reducida su infraestructura al canalizarse aparatos e instrumentales a
los nuevos centros médicos, a él llega la población de casi toda la Montaña.
Para el traslado de sus enfermos, la familia tiene que optar en pedir
los servicios de un carro particular o usar las ambulancias municipales,
que para el caso es lo mismo ya que hay que pagar el viático del chofer,
combustible y por si esto fuera poco las refacciones de las ambulancias
que para no variar siempre se encuentran en mal estado, esto sin contar
que si el enfermo requiere atención más especializada habrá que llevar
al paciente a centros hospitalarios de Acapulco, Puebla o la ciudad de
México, cuyos costos de movilización oscilan entre $2,500.00 a $3,000.00.
Al respecto no se puede hablar de un verdadero acceso del derecho a la
salud, puesto que contrario a lo que tendría que suceder en zonas marginadas
como esta, se cobra una cuota de recuperación por los servicios otorgados.
Aunque estas tarifas no representan una carga fuerte para el bolsillo
asalariado de empleados gubernamentales y comerciantes, si lo es para
la gran parte de la población indígena que no cuenta con certidumbre salarial
y que incluso solo vive del tejido de sombreros de palma cuyo ingreso
representa de $4.50 a $6.00 diarios.
Al igual que con el sistema educativo la inversión pública se reduce
a la edificación de clínicas, que a la larga se ven forzadas a cerrar
por la falta de mantenimiento, medicinas o personal humano que las atienda.
Según datos de diciembre de 1997 en todo el terrritorio de la montaña,
existían un total de 108 casas de salud con igual número de técnicas de
salud, lo que representa el 15.4 del total de 700 que había en el estado.
Por cuanto hace a unidades médicas del sector salud en la montaña solo
existen 156 unidades de consulta externa, 18.8% del total de las 830 que
hay en el estado. Las mismas estadísticas revelan que por todas las instituciones
públicas de la salud en la región sólo hay 175 médicos de un total en
el estado de 2,835, lo que equivale al 6.2%. En la región sólo hay 32
781 derechohabientes a la seguridad social, esto quiere decir que sólo
el 1.12% de la población de la montaña cuenta con un servicio médico gratuíto.
A nivel nacional las zonas indígenas de Guerrero son las de mayor índice
de desnutrición, el DIF- Guerrero informa que el 5.7 de cada 10 niños
sufre grave desnutrición. Los municipios con mayor desnutrición en la
población son Malinaltepec, Xalpatlahuác, Atlamajalcingo del Monte, Metlatónoc
y Zapotitilán Tablas. Ante esta frialdad numérica de la salud, la muerte
cobra sentido como la única solución que mitiga los males corporales.
Los esfuerzos tendientes a la prevención de enfermedades, se guían por
una estrategia carente de lógica sistemática, abundan los casos de desnutrición
e infecciones intestinales, padecimientos relacionados de manera indiscutible
a la pobreza y a la exclusión. Contradictoriamente, se engaña y se forza
a mujeres humildes a esterilizarse en un afán desquiciado por acabar con
los pobres y sus enfermedades, "muerto el perro se acaba la rabia".
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Situación de la mujer
Es precisamente la mujer el sector más desprotegido de la población
indígena en la montaña, en todos los aspectos de la violencia estructural
en que se vive.
Maltratadas de manera permanente por el marido, la mujer que se atreve
a denunciar los agravios cometidos por el esposo tiene que padecer en
la mayoría de los casos el desencanto de no ver resuelto su problema por
la vía legal, sea por negligencia de la autoridad, sea por la falta de
elementos para demostrar su dicho o por la misma actitud represiva del
esposo. De igual forma, los casos en que la pareja es víctima de homicidio
están destinados fatalmente a la impunidad.
La comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia
familiar, es el que se observa con la mayor naturalidad del mundo. Dentro
de los dramas cotidianos de la montaña, la figura de la mujer abandonada
por el marido que ve sola por los hijos, solo se presenta como un cuadro
más de la miseria, no es visto a la luz como el apéndice de una crisis
estructural del respeto a los derechos humanos entre la sociedad.
La extrema carencia de fuentes de empleo alcanza de manera más vertiginosa
a la mujer que al hombre. Para lograrse un trabajo cercano a su comunidad,
o la misma oportunidad de estudiar, muchas niñas y adolescentes indígenas
se trasladan a Tlapa, lugar donde serán contratadas como empleadas domésticas
teniendo como único salario, el techo y la alimentación en el hogar, o
bien, son expuestas a la avaricia de comerciantes que las contratan como
meseras en cantinas para introducirlas en el negocio de la prostitución.
A raíz del proceso de militarización que se ha extendido en los últimos
años, en Tlapa, abundan giros negros donde jovencitas indígenas ofrecen
sus servicios como la única forma de asegurar recursos para subsistir.
Este infortunio de género, no escapa a los ojos ambiciosos de lideres
políticos, que ven en la mujer indígena el medio propicio para asegurar
lealtades a partir de la explotación de sus alarmantes necesidades domesticas.
Con la esperanza de recibir despensas o el Progresa, grupos de mujeres
son cooptadas para servir como promotoras del voto, abriéndose una lucha
encarnizada con aquellas que no se les dio esa "encomienda" pero al igual
que a las primeras anhelan la dotación de apoyos para menguar el hambre
de sus familias. Esta lucha por el alimento, por un lado relativiza la
unidad familiar y comunitaria, provocando un cisma al interior de las
comunidades, y por el otro sienta las bases para el acotamiento de los
procesos organizativos de la población.
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