"Ante una cantidad enorme de denuncias de trabajadores de violaciones a sus derechos fundamentales y de la libertad sindical, la sociedad civil organizada resolvió crear el Tribunal con integrantes de la sociedad civil ante la situación de emergencia que está teniendo lugar en México, con gobernantes que entregan las riquezas del país a intereses internacionales globalizados, como por ejemplo la Monsanto, que destruye la agricultura mexicana con los transgénicos", justifica Luiz Salvador, abogado laboralista y de previsión social, actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y miembro del cuerpo de jurados internacional del Tribunal.

Lunes (26) y martes (27), primeros días de actuación oficial del Tribunal, la programación de las actividades comenzó con una Audiencia Pública para escuchar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y a la libertad sindical de dieciséis entidades sindicales. En la ocasión, el cuerpo de jurados recogió declaraciones de representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión de Técnicos y Profesionales Petroleros, Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre muchos otros. 

En abril de 2010, el Tribunal Sindical realizará su próxima reunión para emitir las resoluciones finales. Hasta esa fecha, las entidades sindicales y los trabajadores continuarán manifestando sus quejas y entregando las pruebas contra las organizaciones mexicanas. El Tribunal también se encuentra a disposición de las empresas denunciadas y de las autoridades laboralistas en el caso que éstas deseen instrumentar su defensa.

La actuación de este mecanismo no entorpecerá ni substituirá el trabajo de los tribunales creados por el Estado. Según Salvador, las deliberaciones del Tribunal Sindical podrán apoyar decisiones de otros. "El Tribunal Internacional de Libertad Sindical es una herramienta de la sociedad civil organizada para intermediar la solución pacífica de los conflictos sindicales que están ocurriendo en México, respetándose la existencia de los demás Tribunales creados por el Estado", dice.

Incluso con poco tiempo de actuación los miembros del cuerpo de jurados pudieron investigar una gran cantidad de violaciones en México, entre las más graves se encontraron: violaciones a prácticamente todas las normas y principios establecidos en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, vulneración de los derechos humanos y garantías constitucionales, institucionalización de la violencia contra todo movimiento organizado de trabajadores, abusos de los medios de comunicación, además de restricciones y coerción de la libertad de expresión.