Por: Política Digital

Diversas organizaciones del sector de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), así como instituciones académicas, consultores, analistas y usuarios han manifestado su rechazo al impuesto especial a las telecomunicaciones que se cobraría a partir de 2010. Al cierre de esta edición, el impuesto se había fijado en 3% y faltaba someter la decisión al pleno de la Cámara de Diputados y luego enviarla al Senado.

Las voces en contra consideran que este nuevo impuesto agravará la crisis económica que vive México, ya que disminuirá el consumo de bienes asociados a las telecomunicaciones e inhibirá el uso de Internet, sobre todo en los estratos más vulnerables de la población. Política Digital recoge aquí algunas posturas publicadas en diversos medios.

"No reduce el desempleo"

El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envió al Congreso de la Unión el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010, el cual proponía imponer una tasa de 4% mediante el llamado "Impuesto Especial sobre Producción y Servicios" (IEPS) a los servicios que se prestan a través de una red pública de telecomunicaciones, exentando a la telefonía pública y rural, así como al servicio de interconexión. Tras discutir el paquete fiscal, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer martes un IEPS de 3%. La decisión será sometida al pleno de esta Cámara y luego se turnará al Senado, que tendrá una semana para pronunciar su aprobación o rechazo.

Sin embargo, para la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) el IEPS es una  medida a corto plazo para paliar los efectos de la crisis económica, pero "de ninguna manera contribuye a forjar los cimientos para acabar con el desempleo y la desesperanza".

En un comunicado, la AMIPCI señala que en los últimos cinco años, Internet ha tenido un crecimiento sostenido en México: en el 2008 había 27.6 millones de internautas, 11.3 millones de computadoras con acceso a Internet y más de 73 millones de teléfonos celulares, de los cuales el 6% ya está conectado a la Red.

Advierte que si se aprueba el IEPS en telecomunicaciones repercutirá directamente en este crecimiento y los más afectados serían los niños y jóvenes, ya que, según sus estimaciones, 6 de cada 10 mexicanos de entre 12 y 19 años están conectados a Internet y representan el 22% de la población. Más aún, los jóvenes de entre 20 y 35 años, en edad económicamente activa y quienes conforman el 39% de este mismo total, verían limitados o coartados los beneficios que les aporta esta herramienta.

Otro estudio de la AMIPCI revela que durante 2008 el comercio electrónico se incrementó 85% con respecto al año anterior, ganando terreno al comercio tradicional debido al ahorro y a la eficiencia que éste supone. De esta forma, "el impacto negativo del IEPS en telecomunicaciones será más evidente en la incipiente tecnificación de nuestra micro, pequeña y mediana empresa".


63% de los mexicanos reduciría el uso de telecomunicaciones

En medio de esta coyuntura, la empresa Consulta Mitovsky publicó la semana pasada los resultados de la Encuesta Nacional en Viviendas sobre el Uso de Telecomunicaciones, que consistió en entrevistar a mil mexicanos mayores de edad, entre el 25 y 30 de septiembre, en 100 secciones electorales del país (ver sección de Análisis en este boletín).

Al preguntarles su opinión respecto al gravamen de 4% que se ha propuesto imponer a los servicios de telecomunicaciones, el 63% declaró que, en caso de aprobarse, utilizaría menos estos servicios, mientras que el 18% dijo que mantendría su consumo actual.

En las conclusiones de la encuesta, Consulta Mitovsky consideró que el impuesto especial afectaría directamente los ingresos de aquellos mexicanos que hoy son usuarios de los servicios de telecomunicaciones y los consideran parte de su consumo básico. Manifestó que el nuevo gravamen inhibiría el acceso a estos servicios para quienes no los usan todavía, ampliando la brecha digital que tiene nuestro país. La empresa advirtió que otro efecto importante sería el encarecimiento de la cadena productiva de este sector, lo que reduciría su competitividad y, por tanto, su progreso.


Se acentuarán las diferencias de desarrollo social

Las cifras de Consulta Mitovsky fueron retomadas por la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) y la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Tecnologías de la Información (CANIETI) en un desplegado dirigido a la opinión pública, que apareció en el periódico El Universal el 15 de octubre. "Esta encuesta evidencia la naturaleza de cada uno de los servicios de telecomunicaciones en México y el impacto negativo que tendría incrementar su costo". Señalaron que esto propiciaría la contracción del mercado productivo, la ampliación de la brecha digital, acentuaría las diferencias de desarrollo social por regiones, restando competitividad a las pequeñas y medianas empresas y alterando los patrones de convivencia familiar y desarrollo de los ciudadanos.

En esto coincidió Ernesto Piedras, director de la firma de análisis y consultoría The Competitive Intelligence Unit, al afirmar que los servicios de telecomunicaciones serán los que paguen más impuestos en caso de prosperar la propuesta del Ejecutivo, pues además del 15% de IVA que ya aplica en el consumo de telefonía, Internet y televisión de paga, a partir de 2010 se sumaría el 2% del nuevo gravamen al consumo y 4% del IEPS.

"Esto afectará sobre todo a la población de los niveles socioeconómicos de mediano, bajo y muy bajo poder adquisitivo, ya que, por ejemplo, en el rubro de telefonía móvil, alrededor de 90% de los usuarios se ubica en estos niveles socieconómicos, es decir, casi 77 millones de suscriptores". (El documento completo se puede consultar en: http://www.the-ciu.net/ciu_0k/pdf/CIU_Nuevos_Impuestos_a_Telecom_(Consolidado).pdf).


Grave, considerarlos como servicios "suntuarios": Pisanty

Para Alejandro Pisanty, Presidente de la Sociedad Internet de México (ISOC México), resulta indebido aumentar los costos de los servicios de Internet a los consumidores y más grave aún el concepto de considerar a las telecomunicaciones y al acceso a Internet como algo suntuario.

En su blog personal (http://pisanty.blogspot.com/), el académico hacía referencia a las discusiones en el Congreso para reducir el impuesto al 2%, pero no eliminarlo. "El mensaje de que las telecomunicaciones son suntuarias no será menos lamentable por considerarlas ‘la mitad’ de suntuarias".

Al respecto, refirió el título de una campaña venezolana opuesta a un impuesto similar planteada en ese país denominada "Internet necesario". Cabe señalar que Pisanty retomó el nombre y el lunes pasado creó un espacio en Twitter (http://tweetfeed.com/trends/internetnecesario/4), que en menos de 24 horas alcanzó más de 34 mil menciones en esta red social (ver estadísticas en http://wthashtag.com/Internetnecesario).


¿Y cuál debe ser el papel del gobierno?

Asimismo, el Programa de Investigación en Telecomunicaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Telecom-CIDE)  en conjunto con la iniciativa Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información (DIRSI) del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, hicieron una estimación parcial y preliminar del impacto que los nuevos impuestos generarían en el sector, la población y la economía (el documento de trabajo está disponible en www.observatoriotelecom.org/?pag=acervo&id_tema=8).

Señalan que es difícil que el gobierno federal, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, consiga generar externalidades positivas en la economía superiores a las que generarían estos recursos en caso de no existir este impuesto. De esta forma, el costo del impuesto "genera una reducción real en la riqueza de nuestro país, lo que es difícilmente sustentable en el entorno actual".

En contraposición, los autores de este análisis afirman que la inversión eficiente en TIC puede no sólo promover la recuperación económica sino ayudar a México a salir de la crisis con una economía más competitiva. Por ello es necesaria una coherencia entre diferentes políticas y acciones regulatorias, lo que se puede lograr por medio de un entendimiento del modelo de negocio de las redes de telecomunicaciones.

De acuerdo con los investigadores del CIDE-DIRSI, si los procesos innovadores de negocios apoyados por la competencia están resolviendo el problema de conectar a miles de personas, ¿cuál es el papel del gobierno? "La política pública más adecuada es aquella que apoya el modelo de negocios no aquella que lo obstaculiza", concluyeron.