Petición
del Caso "Paulina" se presentará el 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer, a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Washington,
DC - El Gobierno Mexicano violó los derechos de Paulina
Ramírez, una adolescente mexicana, al negarle su
derecho a un aborto con base en las creencias personales
y religiosas de agentes estatales. Dichas violaciones son
denunciadas en la petición que será presentada
el viernes 8 de marzo ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos por el Centro Legal para Derechos Reproductivos
y Políticas Públicas (CRLP), y las organizaciones
civiles mexicanas Alaíde Foppa y Epikeia. En México
el aborto en casos de violación es legal en el primer
trimestre del embarazo, pero es casi imposible obtenerlo
debido a la falta de reglamentación que permite que
los funcionarios públicos abusen de su autoridad.
"Con
la presentación de este casoa la CIDH queremos asegurar
que se haga justicia a Paulina, cuyos derechos han sido
gravemente violentados, así como exigir al Gobierno
Mexicano que cumpla con sus obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos, aun cuando sean contrarias
a la moral católica", dijo Katherine Hall Martínez,
Subdirectora del Programa Internacional del CRLP.
Paulina,
cuyo caso ha alcanzado atención internacional, tenía
13 años de edad en julio de 1999 cuando fue violada
por unos drogadictos que irrumpieron en su casa en Baja
California. A pesar de tener derecho a que se le practicara
un aborto, funcionarios públicos y médicos
del servicio de salud del Estado le impidieron ejercer su
decisión de interrumpir el embarazo a través
de amenazas y presiones, proporcionándole información
errónea y abusando de su autoridad.
Durante
un periodo de dos meses, Paulina fue coaccionada a desistir
de su decisión por activistas anti-elección
quienes, sin autorización, la visitaron en el hospital
donde estaba internada. El Procurador de Justicia del Estado
llevó a Paulina y a su madre en su vehículo
oficial a visitar a un sacerdote, quien les advirtió
que la Iglesia Católica considera que el aborto es
un pecado para que se desistieran de su decisión
de que Paulina abortara. Finalmente, el médico disuadió
a Paulina y a su madre haciéndoles creer erróneamente
que la menor podía morir o quedar estéril
a consecuencia de este procedimiento.
Los
peticionarios pretenden que México reconozca su responsabilidad
internacional por la violación de los derechos de
Paulina a una protección judicial, a su autonomía
reproductiva y a su intimidad. Asimismo buscan que el Gobierno
Mexicano garantice el ejercicio del derecho a un aborto
legal a las víctimas de violación. Finalmente,
buscan una indemnización para Paulina y su familia
y proponen al gobierno que promulgue regulaciones que establezcan
el uso de la anticoncepción de emergencia para las
víctimas de violación dentro de los servicios
médicos básicos.
Las
negociaciones con el Gobierno Mexicano empezarían
una vez que la Comisión Interamericana declare admisible
la petición. Si los esfuerzos de negociación
llegaran a fracasar, el caso podría ser enviado a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
