Campaña Por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Los objetivos de este llamado son:
Promover el reconocimiento del derecho a la salud como un derecho de ciudadanía.
Hacer conciencia de que el Estado tiene la responsabilidad de proveer las condiciones necesarias para que dicho derecho sea ejercido en plenitud.
Sensibilizar a la sociedad en general, y a las mujeres en particular,de la importancia del ejercicio ciudadano, es decir, que las mujeres sean reconocidas y se reconozcan a sí mismas como sujetas de derechos,con capacidad para exigir el respeto de los mismos y para apropiarse de las leyes que los cautelan.
El último punto es esencial para seguir avanzando por la senda trazada por el movimiento de mujeres en las últimas décadas, cuando denunció la condición subordinada y discriminada de las mujeres a nivel planetario.
Mujeres y ciudadanía
La ciudadanía, tal como se entiende hoy, es la titularidad y el ejercicio de los derechos ciudadanos, es decir, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, y todos aquellos que han ido validándose en las sociedades modernas, tal como ha sido el caso de los derechos sexuales y reproductivos.
Esto implica, en teoría, que tanto hombres como mujeres debemos ser capaces de ejercer en igualdad de condiciones -y desde nuestra libertad y autonomía-, una serie de derechos relacionados con el funcionamiento y desenvolvimiento de la vida en sociedad.
También significa que cuando los ejercitamos, no debemos sufrir ningún tipo de discriminación, coerción o violencia de parte del Estado u otras entidades, ni de personas o grupos. Por el contrario, el Estado y sus instituciones tienen la obligación de proveer las condiciones para que dichos derechos sean efectivos y para escuchar las demandas ciudadanas en esa materia.
Por lo tanto, podemos decir que la CIUDADANÍA ES EL DERECHO A TENER DERECHOS.
No obstante, la historia nos muestra que la ciudadanía de las mujeres ha estado tradicionalmente excluída, por lo cual hemos tenido que bregar para convertirnos en sujetas plenas de derecho, proceso que comenzó a comienzos del siglo pasado con las sufragistas que luchaban por el derecho a voto, y que ha seguido construyéndose paso a paso.
Pero ahora es necesario que esa ciudadanía de las mujeres se exprese en una participación cada vez mayor a nivel social y político, y también en el plano individual y privado. Pues en el contexto de sistemas democráticos, la participación ciudadana debe dar cuenta, por una parte, de la capacidad de los individuos, mujeres y hombres, de hacer propuestas y exigencias para un mejor funcionamiento de la sociedad, y por otra, de decidir autónomamente sobre sus vidas.
Salud: un tema complejo
No obstante, las personas en general, y las mujeres en particular, encontramos hoy grandes dificultades para ejercer el derecho ciudadano a la salud, derecho que implica exigir al Estado las condiciones sociales y económicas para gozar de una condición de salud óptima, responsabilidad de la cual no puede eximirse.
Pero la realidad actual nos demuestra todo lo contrario: son evidentes las restricciones que la pobreza, el desempleo y las desigualdades sociales imponen al acceso a la atención de salud, al mismo tiempo que el Estado abandona progresivamente su rol social en esta y otras áreas. Por otra parte, proliferan los sistemas de salud privatizados que "venden" salud solo a quienes pueden pagarla, y una de cuyas características es el "castigo" que imponen al potencial reproductivo de las mujeres en los planes de salud privados. Y, por otro lado, para quienes continúan siendo usuarias y usuarios del servicio público de salud, la escasez de recursos implica un notorio deterioro en la atención de salud, en la cobertura y en la calidad de las prestaciones.
Paralelamente, subsisten obstáculos de índole cultural y religiosa queimpiden a las mujeres, en especial a las más jóvenes, el acceso a la información y orientación en salud necesarias para protegerse de riesgos o para prevenir consecuencias indeseables. Esto es especialmente notorio en lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva, pues en tanto serelaciona a la sexualidad humana, frecuentemente es objeto derepresiones, ocultamientos y tabúes.
No hemos logrado que se respeten:
El acceso universal, en todas las etapas de vida, desde el nacimiento hasta la vejez, a la información y servicios de atención de la salud gratuitos o de bajo costo y de buena calidad.
El derecho a ejercer una salud sexual y reproductiva sana.
El derecho a conocer nuestro cuerpo y cómo funciona.
El derecho a ejercer una sexualidad sin riesgos ni consecuencias indeseables.
Se calcula que 150 millones de mujeres de los países en desarrollo preferirían planificar el número de hijos/as pero no usan método anticonceptivos, y otros 350 millones no tienen acceso a métodos eficaces.
En los países desarrollados el riesgo de las mujeres de morir a lo largo de la vida por causas relacionadas al embarazo o parto, es de solo 1 en 2125. Ese riesgo es 33 veces superior -de 1 en 65- en las mujeres de países en desarrollo. - La probabilidad de que una mujer muera por complicaciones durante el embarazo, parto o aborto en condiciones de riesgo a lo largo de su vida en América Latina y el Caribe es de 1 en 150. - A nivel mundial, mueren al año 515 mil mujeres por causas maternas, y el 99% de esas muertes ocurre en países en desarrollo. Sin embargo, la atención adecuada en el embarazo y parto, son las intervenciones más eficaces en función de los costos para mejorar la salud materna y del recién nacido. No obstante, en el mundo en desarrollo, unos 45 millones de mujeres no reciben atención prenatal y 60 millones de nacimientos ocurren sin asistencia de personal capacitado. Por lo tanto, la mortalidad materna se considera uno de los indicadores más claros de la inequidad en salud.
Para leer el manifiesto completo:
http://www.reddesalud.web.cl/llamado28ma1.html
Políticas públicas y marcos legales, tema de la campaña 2001 de RSMLAC
No hemos logrado que se respeten:
El derecho a relacionarnos sexualmente con quien deseemos sin ser presionadas ni violentadas.
Y, en el momento que elijamos, el derecho a buscar y sentir el placer sin culpas.
El derecho a decidir el número de hijos e hijas que queremos tener, cuándo tenerlos, o a no tenerlos.
El derecho a estar bien informadas para regular nuestra fecundidad con métodos eficaces, seguros y asequibles.
Ordenamiento jurídico
El derecho a la salud, sin embargo, es una exigencia de las mujeres en tanto ciudadanas.
Los gobiernos, en el plano mundial, han asumido compromisos relacionados a la salud integral de las mujeres, especialmente en las instrumentos jurídicos internacionales que salvaguardan el derecho de las personas a gozar del más óptimo estado de salud.
Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, en sus Artículos 10, 11, 12, 14 y 16, se refiere a medidas que deberán tomar los Estados Partes relativas a las condiciones de salud de la población femenina.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, por otra parte, en sus Artículos 1, 3, 19, 25 y 27 establece aquellos derechos vinculados, en una u otra forma, al goce de la salud y bienestar de los seres humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se refieren a esta materia.
El Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo, por su parte, abordó ampliamente la condición de vida y de salud de las mujeres vinculándolas al desarrollo humano, y lo mismo sucede con Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, de Beijing.
Pero pese a estos avances logrados en el plano jurídico internacional y en las Cumbres de Naciones Unidas en las últimas décadas, la realidad cotidiana de mujeres y niñas no da cuenta aún de una mayor justicia y equidad en el goce del derecho a la salud y al bienestar. Por el contrario, las condiciones políticas, sociales y económicas imperantes en la mayor parte de los países han socavado hasta límites extremos la calidad de vida de las personas y su salud, siendo la población femenina especialmente afectada.
De ahí la importancia de la ciudadanía de las mujeres en términos de potenciar su participación política y social para exigir el diseño, la implementación y el seguimiento de políticas públicas que llenen el vacío jurídico legal existente en la mayoría de nuestros países en el ámbito de la salud y los derechos de las mujeres.
Hay que recordar que en el siglo 20, a nivel local,regional e internacional las mujeres hemos trabajado arduamente para lograr el respeto y la plena vigencia de nuestros derechos, y para que estos sean reconocidos como derechos humanos. Este es el caso del DERECHO A LA SALUD, y de los DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Es necesario que los derechos sexuales y reproductivos sean considerados paralelamente como DERECHOS CIUDADANOS de mujeres y hombres, lo que implica que el Estado debe proveer las condiciones necesarias para que dichos derechos sean plenamente efectivos y debe escuchar, asimismo, las demandas ciudadanas.
No hemos logrado que se respeten:
El derecho a recibir una atención de salud de la más alta calidad en el embarazo, parto y en todos los otros momentos de nuestra vida sexual y reproductiva.
El derecho a compartir las responsabilidades de la sexualidad y la reproducción con la pareja.
El derecho a protegernos de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA, en especial cuando se trata de mujeres adolescentes y niñas.
El derecho a una participación igualitaria de las mujeres en las instancias de decisión en aquellas áreas vinculadas a la salud.
