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Opinión |  |
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Centros
de máxima seguridad: máxima corrupción La fuga del Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, es una muestra de la decadencia y grave deterioro en que se encuentran los Centro Federales de Readaptación Social y en general el sistema penitenciario mexicano. La valiente presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Guadalupe Morfín Otero advirtió oportuna e insistentemente a la CNDH y a autoridades federales acerca de la gravedad de lo que ahí acontecía y nada pasó. Ahora ella y los custodios que se atrevieron a denunciar la ola de corrupción que invadía Puente Grande corren peligro, sus acciones y sus palabras pretenden ser puestas en duda, el descrédito como primer paso de una agresión que puede tener consecuencias fatales. El adversario representa uno de los poderes más importantes que rigen la vida del país: el narcotráfico aliado con servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley. Guadalupe Morfín había señalado acertadamente que era posible guardar las medidas de seguridad en este centro, sin recurrir a la dureza de los malos tratos, degradantes e inhumanos, frecuentes en este tipo de cárceles. Entre las quejas que motivaron la acción inmediata de la presidenta de Comisión de Derechos Humanos de Jalisco se cuentan graves violaciones de derechos humanos: presiones de las autoridades a por lo menos cinco custodios honestos para que se dejaran corromper, indicios de una amplia red de complicidades entre internos y autoridades, tráfico de influencias, corrupción evidente y encubierta, privilegios para algunos internos consistentes en acceso a alcohol, drogas y mujeres, ante la actitud de negligencia y omisión de servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley. Ahora sabemos que la misma CNDH no fue ajena de responsabilidad en este asunto. Según el testimonio de Guadalupe Morfín, la CNDH en un primer momento pretendió que se trataba de un asunto estrictamente laboral y por lo tanto fuera de su competencia. Posteriormente se condujo de acuerdo a un comportamiento habitual y ampliamente conocido, que ya ha sido severamente criticado por organismos civiles nacionales e internacionales: dilación en la respuesta ante casos de suma urgencia (la primera noticia sobre la situación en Puente Grande la recibieron un año antes), los visitadores asumen ante los agraviados actitudes análogas a las de agentes del ministerio público, no respetan la confidencialidad con tal de llegar a lo que llaman "amigables composiciones" con las autoridades acusadas, carean a las víctimas con sus victimarios, a pesar del riesgo para la seguridad personal y la tortura psicológica que ello implica para los denunciantes; intentan persuadir a los agraviados para que desistan de su denuncia y hasta se retracten, además de otras prácticas viciadas en la investigación de los casos que atienden. La respuesta de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública no fue mejor. El subsecretario de seguridad pública encargado de readaptación social Jorge Tello Peón, que ocupó la misma función en un cargo similar el sexenio pasado, ahora se pronuncia por la recuperación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones, tarea harto difícil cuando observamos que existen muy pocas razones para que la ciudadanía vuelva a confiar en las autoridades. La fuga de uno de los principales jefes del narcotráfico en México ocurre precisamente cuando el presidente Fox acaba de pronunciarse por una lucha decidida contra las mafias de la droga. La respuesta no se hizo esperar. Este puede verse como el primer desafío abierto a su administración y a la gobernabilidad del nuevo régimen. Para evitar capítulos similares en el futuro, se deben atacar los problemas de fondo: acabar con la clandestinidad del negocio de las drogas, que lo hace rentable y multimillonario, movilizar a la ciudadanía frente a los poderes fácticos que amenazan a la sociedad y que al parecer tienen una gran capacidad corruptora en todos los niveles, modificar radicalmente el sistema penitenciario mexicano. Algunas preguntas
quedan aún en el aire: ¿Cuál será la suerte de los cinco custodios honestos que se negaron a corromperse y cuya vida ahora está en riesgo? ¿El estado mexicano es capaz de detener, juzgar, sentenciar y recluir a los narcotraficantes eficazmente, sin pasar por encima de la ley?
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