Estado de derecho e izquierdas

Gilberto López y Rivas

El estado de derecho es un concepto que se ha desarrollado en los últimos tres siglos de la historia occidental. Forjado, entre otros procesos históricos, por las revoluciones inglesa (1688), estadunidense (1776) y francesa (1789), al igual que algunos preceptos jurídico-filosóficos emanados de la teoría política y social del
iluminismo y el liberalismo económico, se consolida con el establecimiento mundial del Estado nacional. Son preceptos que a través de la disputa política de fines del siglo xviii acotan, idealmente, al poder tiránico y despótico, otorgando a los individuos y a las naciones derechos anteriormente inexistentes en el horizonte de la legalidad feudal. El individuo es arropado por una serie de prerrogativas que se
van sedimentando en las leyes y los códigos de los diferentes estados nacionales y, con el tiempo, en proposiciones mucho más generales como la Declaración universal de los derechos humanos. Las constituciones nacionales, por tanto, se erigen como el pivote institucional de lo que actualmente conocemos como "estado de derecho".

El devenir social, político y económico del capitalismo se nutre del concepto mismo y de su cabal ejercicio en esos marcos jurídicos constitucionales. No obstante, las leyes y los preceptos jurídicos del liberalismo económico han sido trastocados y reformados por las luchas sociales y políticas de la clase trabajadora, los partidos de izquierda, las organizaciones civiles progresistas, y por individuos que en los ámbitos teórico y práctico se han opuesto al abuso que el propio estado de derecho burgués otorga a las clases dominantes.

De hecho, podemos asegurar que la izquierda, las organizaciones progresistas y los individuos comprometidos con la lucha por la justicia social y la equidad son quienes han aportado históricamente al estado de derecho su verdadero corpus ético-político y su orientación libertaria. Son éstos, igualmente, quienes lo han defendido. Por poner un ejemplo: fueron los partisanos, los partidos comunistas y las alas más progresistas de la sociedad de los diferentes países europeos
sometidos a la dominación nazi los que resistieron activamente y, al final, aportaron elementos definitivos para la derrota de las fuerzas de ocupación alemanas. En el otro lado del espectro, por el contrario, de las propias burguesías hechas gobierno surgieron los regímenes que prefirieron el colaboracionismo con los ocupantes a la defensa nacional, rompiendo desde arriba el estado de derecho en favor de la
Alemania nazi. Es amargo reconocer que muchas de las fuerzas sociales y políticas que constituyeron la resistencia fueron condenadas y hostigadas por los regímenes liberales que se consolidaron después de la segunda conflagración mundial, instalada ya la guerra fría, y que poco se ha destacado su papel en la defensa de los estados de derecho que el fascismo intentó doblegar.

La desobediencia civil, la rebelión, la revolución son formas que han permitido forjar nuevos derechos y ejercer aquellos existentes, pero incumplidos en el propio estado de derecho. Las izquierdas son, en realidad, fuerzas que han impulsado, paradójicamente, la consolidación del imperio de la ley. Nadie está obligado a obedecer la que es injusta y los mecanismos para ejercer su disenso e inconformidad están consagrados en todas las constituciones y documentos jurídicos internacionales. En nuestro caso, el artículo 39 de la Constitución
establece el derecho del pueblo a conservar en todo tiempo su preeminencia sobre los gobernantes y otorga la justificación jurídica del protagonismo popular en defensa de la nación. Esto fue bien comprendido por el EZLN para justificar, dentro del marco constitucional, su derecho a la rebelión frente a un gobierno espurio
surgido del fraude y la ilegalidad. Al emprender una acción política (militar o civil) quienes no ejercen el poder no pueden violentar el estado de derecho, que irónicamente les es negado desde arriba, cuando de por medio están su supervivencia y su dignidad. La legitimidad de las luchas sociales desde abajo, no obstante, no está dada a priori y se gana con la capacidad de aglutinar y organizar más conciencias a su alrededor; es decir, de cambiar la correlación de fuerzas en su favor.

En realidad, los conservadores, los regímenes totalitarios y la derecha en general son quienes sistemáticamente violan los preceptos jurídicos y éticos consagrados en las constituciones y declaraciones de derechos humanos y garantías individuales y colectivas. Son las oligarquías, el gran capital y las fuerzas represivas internas e imperialistas los que permanentemente tienen que ser constreñidas al imperio de la legalidad.

La conservación del estado de derecho en favor de la mayoría nacional, la defensa de la nación y de los preceptos de justicia social y equidad son, nuevamente, obligaciones ético-políticas de las izquierdas en la actualidad, frente a colaboracionistas de nuevo cuño que intentan doblegar a nuestro país y a sus habitantes en aras de supuestas determinaciones económicas y geopolíticas.

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