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Dictamen del Equipo Indignación sobre las condiciones previas
a la elección del 27 de mayo de 2001
I. Antecedentes
Desacato e
impunidad.
El proceso electoral que actualmente se realiza en el Estado comenzó
marcado por el desprecio que los diputados priístas mostraron hacia
la legalidad y la ciudadanía en la integración del Consejo
Electoral del Estado y por reiterados y persistentes desacatos a las resoluciones
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que
ordenaban reponer el procedimiento. Se requirió de múltiples
recursos legales, interpuestos principalmente por el PRD y el PAN, y de
acciones ciudadanas para hacer cumplir la legalidad. Hasta la fecha, sin
embargo, las autoridades responsables no han sido sancionadas, por lo
que prevalece la impunidad.
Fue a finales de 1994 cuando se logró la reforma legislativa para
ciudadanizar al órgano encargado de organizar las elecciones, mismo
que se integró en 1995. Sin embargo, en algunos momentos se puso
en duda su imparcialidad y su autonomía. La decisión de
hacer prevalecer el principio de legalidad, así como de fortalecer
la autonomía e independencia del Consejo Electoral del Estado y
del Tribunal Electoral Federal fue lo que motivó la participación
de este equipo de Derechos Humanos, en conjunto con otras organizaciones
no gubernamentales, en el seguimiento al proceso de integración
e instalación del Consejo Electoral.
Las reiteradas violaciones a diversos ordenamientos por parte de los diputados
priístas y del gobernador del Estado y la impunidad de que gozan
hasta la fecha ha desvirtuado el proceso electoral y ha restado tiempo
inapreciable para la organización de las elecciones. El mismo proceso
también puede haber desgastado al propio Consejo Electoral.
Es un reto para ese organismo actuar de forma que fortalezca su autonomía
y garantice a los ciudadanos el derecho a participar en un proceso electoral
que cuente con los principios de certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad
y transparencia.
No podemos soslayar
que las presentes elecciones se realizan en un estado marcado por el cacicazgo.
El actual gobernador de Yucatán, quien suma más de diez
años al frente del Ejecutivo, ha logrado la subordinación
del poder legislativo y del poder judicial. Su participación en
el desacato hacia las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación mostró la forma como interviene en decisiones
correspondientes a otros poderes. Asimismo, la participación de
los presidentes municipales del PRI en el "acarreo" de personas
para mantener bloqueada la calle 57 y el dudoso origen de los recursos
con los que se mantuvo ese bloqueo, ponen de manifiesto la subordinación
de dichas autoridades hacia el Ejecutivo Estatal y la vigencia de una
estructura de corrupción amparada en la complicidad de los distintos
poderes. A lo anterior hay que añadir la irregular creación
de dos partidos políticos vinculados a los intereses del Ejecutivo
del Estado y cuya participación en los comicios, aprobada por el
consejo electoral espurio, se volvió irreversible.
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II. El proceso
previo a la jornada electoral
A partir de la resolución
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que restableció
la legalidad del Consejo Estatal Electoral instalado por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, iniciaron oficialmente las
diferentes campañas de los partidos políticos.
Hemos visto en esta campaña el frívolo recurso a espectáculos
circenses, así como el retorno al recurso de la violencia y de
las amenazas. Este solo hecho impide calificar de democrático el
proceso electoral. La impunidad con la que todavía pueden presentarse
estas situaciones preocupa de manera especial a este equipo de Derechos
Humanos. Ciertamente la parcialidad y dilación de los órganos
encargados de investigar y de procurar justicia pueden desalentar la denuncia,
pero dejar de denunciar permite la reincidencia en los delitos.
En este proceso, previo a la jornada electoral, hay diversas irregularidades
publicadas en los medios de comunicación: robo y destrucción
de propaganda , agresiones , detenciones ilegales a militantes de la oposición,
eventos de compra y coacción del voto , así como irregularidades
que le restan transparencia al proceso electoral .
Entre estas últimas sobresale la conformación de los Consejos
Distritales y Municipales. Tememos que el escaso tiempo que le quedó
al Consejo Electoral para organizar las elecciones y la urgencia de realizarlas
a toda costa haya ocasionado que los consejeros no revisaran con el cuidado
suficiente la integración de estos consejos ciudadanos y, en su
caso, repusieran el procedimiento de selección de sus integrantes.
El asunto no es menor y los actuales consejeros tienen una enorme responsabilidad,
puesto que a ellos se ha encomendado la organización de un proceso
electoral que cumpla con los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad
y transparencia. Las múltiples denuncias alrededor de la conformación
de los Consejos Distritales y Municipales nos hacen temer omisiones de
los consejeros que van en detrimento del derecho de la ciudadanía
a contar con elecciones libres y auténticas que cumplan con los
principios mencionados
La obstaculización a la labor de observación ciudadana,
el extravío de documentación de quienes solicitaron ser
observadores, le resta transparencia al proceso electoral, además
de vulnerar los derechos de los y las solicitantes.
En el mismo rubro, preocupa la decisión del Tribunal Electoral
del Estado en el sentido de invalidar el contrato que el Consejo Electoral
había hecho con una empresa para realizar el Programa de Resultados
Preliminares (PREP).
A estas irregularidades habría que añadir la información
proporcionada por el Frente Cívico Familiar, organización
que, mediante una encuesta, detectó un alto número de funcionarios
de casilla que no recibieron capacitación o que la recibieron de
forma inadecuada.
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III. Consideraciones sobre los candidatos y sus propuestas. Una visión
desde los derechos humanos
a) Los candidatos
y candidatas y sus antecedentes
Interpretamos como una muestra de la escasa o nula sensibilidad de los
partidos políticos el que postulen a candidatos que han participado
en actos que atentan contra los derechos humanos.
El candidato a gobernador del Partido Convergencia por la Democracia,
en años anteriores, cuando era representante local de la CTM tuvo
participación en eventos de represión contra obreras o contra
obreros que intentaban formar sindicatos independientes. Es el caso de
las costureras de Textil Maya y de los obreros de las granjas avícolas
de Tetiz y Hunucmá en 1990.
Es también el caso del candidato a gobernador por parte del Partido
Revolucionario Institucional, quien era secretario de gobierno cuando
se dio el violento desalojo contra ejidatarios henequeneros que protestaban
por el proceso de liquidación y jubilación anticipada en
junio de 1992.
Sobresale también el caso del candidato del PRD a la Presidencia
Municipal de Valladolid, quien en 1990 obtuvo de forma fraudulenta el
triunfo, entonces como candidato del PRI, y quien participó en
el proceso de detención de simpatizantes panistas la madrugada
del 28 de diciembre de ese año, en uno de los más sobresalientes
casos de represión en el Estado. Incluso el candidato del PAN a
la gubernatura recibe su apoyo sin deslindarse de los actos en los que
ese candidato perredista ha participado, incluyendo su apoyo al desacato
a las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La poca sensibilidad mostrada en estos nombramientos, entre varios otros
que omitimos para no algargar el informe, es una señal de que les
espera aún mucho trabajo a quienes trabajan desde la sociedad civil
por el respeto a los derechos humanos, contra el autoritarismo y la impunidad.
b) Las propuestas
y las omisiones
En las campañas y los proyectos que los diferentes candidatos han
promocionado hay ausencias preocupantes desde el ámbito de los
derechos humanos. Prácticamente ningún candidato habla de
los derechos indígenas. Nos alarma esta omisión, sobre todo
considerando que el 52 % de la población de Yucatán es maya
y que el tema es de relevancia nacional.
La omisión específica del tema del VIH y, por supuesto,
la ausencia de propuestas para la defensa de los derechos humanos de las
personas con VIH/SIDA, son relevantes, porque dificultan la lucha contra
la discriminación y para garantizar el derecho a la salud.
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IV.Conclusiones
La persistencia de
prácticas ilegales, de amenazas y corrupción, los abusos
de poder y las agresiones amparadas en la impunidad, así como la
manipulación informativa, la entrega de dádivas, la incertidumbre
jurídica creada por el desacato y las denuncias públicas
sobre el uso de recursos estatales a favor del PRI, nos impiden calificar
de democrático el actual proceso electoral.
Los esfuerzos que a lo largo de los últimos años se han
desarrollado para contar con instituciones electorales ciudadanas, ajenas
a los arbitrios del poder se toparon en estas elecciones con nuevas barreras.
Celebramos que la ciudadanía y algunos partidos políticos,
sobre todo aquellos que, durante el desacato, mostraron firmeza y congruencia,
hayan empujado las barreras que intentaban obstaculizar este proceso.
Es un reto para las distintas fuerzas democráticas lograr que los
excesos en los que incurrieron las autoridades sean sancionados conforme
a la ley.
Es también un reto para las fuerzas democráticas del Estado
lograr que el próximo gobierno, desde los distintos poderes, responda
a los retos que el respeto a los derechos humanos exige.
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Notas
1 Destrucción
de propaganda del PAN, en Sacalum, por empleados del Ayuntamiento (6 de
abril).
Destrucción de propaganda del PRD por brigadas priístas
en Mérida (3 de mayo)
Destrucción de propaganda del partido Convergencia por la Democracia
por brigadas priístas (8 de mayo)
Incumplimiento del PRI de un acuerdo sobre propaganda en el primer cuadro
(15 de mayo).
2 Altercado entre el presidente de la CNC y un diputado del PAN
por la entrega de apoyos del PROCAMPO (3 de mayo)
Agresiones contra militantes del PAN por individuos protegidos por la
SPV en el Paseo de Montejo en Mérida (6 de mayo).
Pedradas y huevazos contra militantes del PAN en el Fraccionamiento Flamboyanes
de Progreso (7 de mayo).
Apedrean carro del PAN por bandas priístas en Sotuta (8 de mayo).
Agreden a militantes del PAN en el cuarto distrito de Mérida (9
de mayo).
Incendian camioneta del PT en Mérida (9 de mayo).
3 Rifas de refrigeradores, ventiladores y despensas en mitin del
PRI en Telchac Pueblo (17 de abril).
Presión a beneficiarios del PROGRESA en Samahil para que voten
por el PRI (17 de abril).
Amenazas de una regidora priísta a la población en Baca
(17 de abril).
Regalos del día del niño repartidos por el candidato del
PRI en Opichén (3 de mayo).
Pobladores de Telchac Pueblo acusan al Alcalde de financiar campaña
del PRI (7 de mayo).
Presiones del Gobierno del Estado sobre el Alcalde de Tekom para que haga
propaganda a favor del PRI (12 de mayo).
Se reparten despensas a nombre del candidato a gobernador del PRI en vehículos
del DIF en Tizimín (14 de mayo).
4 El PAN de Umán denuncia manipulación del proceso
de insaculación para la conformación del Consejo Electoral
(10 de abril)
Se encuentran papeles de insaculación del IEE tirados en montes
de Umán (17 de abril).
El PRD denuncia que el Consejo de Izamal está conformado por "puro
priísta" (3 de mayo).
PAN-PRD-PT-PVEM denuncian anomalías en la conformación de
los consejos electorales de Sudzal, Panabá, Cenotillo, Chichimilá,
Yobaín, Sucilá, Los Dzilames, Kaua, Sanahcat, Temozón,
Chocholá, Tahmek, Bokobá, Ticul, Umán, Teabo, Cuncunul,
Kantunil, Acanceh, Timucuy, Telchac Pueblo, Kopomá, Teya (6 de
mayo).
El PAN denuncia que los funcionarios electorales de Izamal son todos afines
al PRI (8 de mayo).
El PRI solicita la revocación del acuerdo del CEE para garantizar
el PREP. El tribunal falla a favor del PRI.
(Señalamos entre paréntesis la fecha de publicación.
Los datos son parte del seguimiento hemerográfico en el Diario
de Yucatán)
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