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Los derechos humanos en Yucatán |  |
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La población indígena de Yucatán, que representa más de la mitad (52%) de los habitantes de este estado, comparte con los demás grupos étnicos del país una situación de pobreza extrema que amenaza su subsistencia misma y, por ende, viola los derechos humanos más elementales como son el derecho a la vivienda, trabajo, educación, salud, alimentación. Es conocido ya el alarmante grado de marginación en el que se encuentran la mayoría de los municipios indígenas del país. En Yucatán se encuentran algunos de los municipios en los que la población, especialmente la infantil, padece uno de los más altos índices de desnutrición. En otros estados del país, principalmente en Chiapas, pero también en Guerrero y Oaxaca, las actividades de contrainsurgencia que realiza el gobierno mexicano, tanto a través del ejército como a través de agentes de seguridad estatal e incluso a través de grupos paramilitares, hacen a la población indígena de esos estados particularmente vulnerable, que sus derechos humanos se vean constantemente amenazados y que los casos que en ellos se presentan sean de atención urgente. Iniciamos con esta aclaración para sumarnos a las preocupaciones expresadas por otras organizaciones no gubernamentales de esos estados y para reiterar la exigencia de que el Gobierno Mexicano cumpla los compromisos que firmó en San Andrés y convierta en ley la propuesta de la Cocopa. En Yucatán, al no haber actividades de contrainsurgencia, los casos podrían parecer menos alarmantes y, de hecho, lo son. No podemos olvidar, sin embargo, que son precisamente las condiciones de pobreza extrema las que han llevado a algunos grupos principalmente indígenas de nuestro país, a considerar la vía armada como último recurso para revertir la violencia institucionalizada que la pobreza conlleva. Las condiciones particulares de nuestro estado, tanto geográficas como políticas y sociales, hacen que los indígenas mayas yucatecos estén en relación continua con el mundo no indígena. Un mundo que comprende tanto el complejo Estado mexicano, como los grupos políticos, económicos y sociales de este país y de la entidad. Prácticamente no hay comunidades aisladas en Yucatán. La relación que se genera, sin embargo, es de sometimiento, desprecio, subempleo, explotación, abuso y marginación . Esta relación posiblemente desdibuje en parte lo propiamente indígena de la organización social, política y jurídica de la etnia maya yucateca. Lo que subsiste se encuentra amenazado por la ausencia de programas gubernamentales y políticas que contemplen el respeto a los derechos de los pueblos indios. La cultura maya sufre violencia directa y continua en un lugar donde la palabra "indio" se utiliza como insulto y burla tanto por no indígenas como por indígenas. En Yucatán nos enfrentamos a condiciones socioculturales que dificultan la plena vigencia de los derechos humanos, pues se aceptan como naturales las desigualdades sociales. "La normalización de la discriminación en contra de los grupos étnicos y de los pobres. El color de la piel, la lengua y el modo de hablar el español, el origen geográfico, la manera de vestir, etcétera, son condicionantes del tipo de relación que se establecen, que se miran y valoran como normales." Dentro del lenguaje gubernamental, legislativo, escolar los mayas son objeto y, en escasas ocasiones, simple referencia. Nunca sujetos. Los mismo ocurre con las políticas y los programas gubernamentales. El gobierno federal se ha limitado a tener algunas instituciones, como el INI, que tienen programas específicos para los indígenas, pero no están contemplados dentro del proyecto de nación ni como interlocutores ni en la toma de decisiones ni en el diseño de políticas que los contemplen como parte de un Estado pluricultural. El gobierno estatal aplica programas asistenciales de "combate a la pobreza" que consisten en el reparto de coas, bicicletas y máquinas de coser. Estos programas, lejos de combatir la pobreza, profundizan un esquema de dependencia y pervierten tanto el ejercicio de la función pública como la relación entre gobernantes y gobernados. Tierras, territorio
y recursos naturales En 1991 y 1992 se llevaron al cabo reformas al artículo 27 que facilitaron el desmantelamiento del ejido. Esto se realizó sin consultar a la población afectada y, en Yucatán, implicó el uso de la fuerza represiva contra quienes protestaron por dichas políticas. La ya precaria situación del pueblo indígena yucateco se vio agravada al expulsar a muchos campesinos del Seguro Social. La reforma al artículo 27, que permite la venta de las tierras, ha dado lugar a la especulación de tierras ejidales que, aprovechándose de la pobreza de los ejidatarios, está dejándolos sin tierras, contraviniendo con esto el artículo 17 del convenio 169 de la OIT, que advierte que "debe impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres o del desconocimiento que tenga la gente acerca de las leyes para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos." La población maya no participa en las decisiones sobre los recursos naturales que se encuentran en sus territorios ni son consultados al respecto. Lo mismo ocurre con las zonas arqueológicas: se ven excluidos tanto de su administración como de los beneficios que dicha administración genera. Trabajo y condiciones
de empleo El gobierno local, desde hace algunos años, ha favorecido la inversión de capital extranjero atrayendo maquiladoras. Estas fábricas suelen estar "exentas" de cumplir con las leyes laborales vigentes en nuestro país. Violan, por ejemplo, el derecho de los trabajadores a formar sindicatos, pues quienes lo han intentado han sido despedidos de sus empleos. Las maquiladoras provocan otros problemas de sobra conocidos y denunciados como la desarticulación comunitaria, desarraigo de la tierra de la siguiente generación y dependencia del capital extranjero. El gobierno mexicano y las autoridades laborales locales han tolerado esta y otras violaciones a los derechos laborales de la población como pruebas de embarazo y VIH previas a la contratación. El caso de los invernaderos de tomates ha sido denunciado públicamente: en ellos el gobierno estatal tolera el engaño a mujeres indígenas. El engaño consiste en hacerlas "socias" de estos invernaderos. No participan en las decisiones, pero al ser socias, los inversionistas no se ven obligados a proporcionarles seguridad social a las trabajadoras, violando con ello derechos laborales y contraviniendo el convenio 169 de la OIT. Las políticas económicas y sociales del gobierno mexicano tienen un marcado sesgo de género desfavorable para las mujeres (...) No basta que el gobierno reconozca la creciente feminización de la pobreza, es necesario que se redefinan las políticas desde una visión que integre a las mujeres como actoras plenas, con necesidades y aportes particulares . Legislación La legislatura estatal actual no se ha mostrado sensible ante este tema, acusando con esto un grave desconocimiento de los contenidos del convenio 169 de la OIT e ignorando peticiones de organizaciones que los han invitado a interesarse en este tema y a iniciar la discusión sobre este punto, con miras a realizar las reformas legislativas necesarias. Esto es particularmente grave, repetimos, en un estado en el que la mayoría de la población es indígena. En el ámbito nacional siguen sin cumplirse los Acuerdos de San Andrés, a pesar de que el gobierno federal se comprometió a cumplirlos y a pesar de que el cumplimiento de éstos son una exigencia de diversas organizaciones indígenas y no indígenas nacionales. Procuración
e impartición de justicia Es tal vez este rubro el que refleja con mayor crudeza la situación de desventaja en la que se encuentra la población indígena de Yucatán. Ajenos al sistema jurídico mexicano, a su complicado lenguaje y características, se enfrentan a juicios que se realizan sin traductor y en los que se encuentran sin posibilidad de defenderse. La corrupción que aún priva en el sistema jurídico mexicano y local convierte con frecuencia a los indígenas en víctimas de sentencias injustas en juicios de los que poco o nada entienden. Persiste en México
y en Yucatán la práctica de la tortura. El Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas "considera motivo de suma
preocupación que no todas las formas de tortura estén cubiertas
por la ley en todos los Estados mexicanos y que no exista un órgano
independiente para investigar el importante número de quejas sobre
actos de tortura y de tratamientos crueles, inhumanos o degradantes".
Al Congreso del estado
de Yucatán han llegado propuestas para reformar la Ley de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, pero la mayoría de los diputados se
ha mostrado indiferente ante este tema, vulnerando con ello derechos ciudadanos. La inoperancia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos preocupa particularmente, puesto que echa por tierra los enormes esfuerzos puestos en la creación de las organizaciones de este tipo. El caso de un indígena de Ticul, Yucatán, que fue quemado por policías municipales cuando lo perseguían por encontrarse en estado de ebriedad, muestra el estado de indefensión en el que se encuentra la etnia maya de Yucatán. Este joven indígena sufrió quemaduras graves hace 11 meses. No ha conseguido que los policías que lo agredieron, a quienes denunció penalmente, sean sancionados. Tampoco ha conseguido que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emita la recomendación correspondiente, pues esta instancia local acostumbra dilatar los procesos para proteger a las autoridades. En el caso que le narramos , la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un hecho inaudito, ejerció o permitió la presión contra la víctima para que se desista de su queja. Esto nos llevó a presentar una denuncia de juicio político contra el titular de esta comisión ante el Congreso Local, quien desechó el juicio por considerar que el titular de la Codhey no es sujeto de juicio político. Ese caso es sólo una muestra de los abusos de autoridad de los que con frecuencia son objeto los indígenas. Si bien es cierto que existen elementos culturales que dificultan la denuncia de estas situaciones, el Estado está obligado a proteger los derechos humanos de los habitantes y los derechos de la población indígena, hecho que suele soslayar. Hay otros casos de víctimas indígenas que este equipo ha acompañado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La mayoría, a pesar de haberse presentado hace más de un año, aún no han concluido. Otros han tenido resoluciones adversas, como el de Chapab , donde varios pobladores de este municipio sufrieron diversos abusos de autoridad por parte del Presidente Municipal. CONCLUSIONES 1. Los datos y reflexiones anteriores nos hacen temer que aún está muy lejos el momento en el que los pueblos indígenas del país vean reconocidos y respetados sus derechos. 2. El desconocimiento que gran parte de los funcionarios estatales manifiesta acerca de los derechos indígenas en general y del convenio 169 de la OIT en particular nos hacen temer también que las acciones gubernamentales limiten lo indígena a lo folclórico. 3. La impunidad de autoridades que violan los derechos humanos dificulta en nuestro país la vigencia de los mismos, desalienta la denuncia prolongando el autoritarismo y la falta de democracia. 4. El gobierno federal no ha dado muestras de pretender cambiar el rumbo de la política económica, que empobrece aún más a la población indígena. La vigilancia que organizaciones locales e internacionales ejerzan sobre el gobierno mexicano será fundamental para que éste vaya adecuando sus políticas al respeto a los derechos humanos y cumpla con los pactos firmados. 5. Las políticas federales imponen al país un proyecto de nación que deja fuera la pluriculturalidad de la nación. 6. El gobierno local, amparado en el seudofederalismo, ha hecho del discurso indigenista y del de los derechos humanos, retórica de imagen sin acciones verificables en las condiciones de vida de la población. 7. Por último, constatamos que la violación de las garantías individuales en la impartición de la justicia sigue siendo el punto crítico de un Estado en el cual la violación de los derechos humanos es sistemática. La ausencia de instituciones confiables vulnera la raíz misma del estado de derecho. Recomendaciones 1. Se sugiere que el Estado Mexicano respete sus compromisos internacionales, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 2. Que se hagan válidos los Acuerdos de San Andrés y se lleve al Congreso la respectiva legislación propuesta por la COCOPA sobre derechos y cultura indígena. 3. Se modifique el artículo 27 para llevarlo a su espíritu original de inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de la tierra para proteger a las comunidades indígenas de la pérdida de su propiedad colectiva, y añada a las legislaciones estatales los derechos de los pueblos indígenas. 4. Con respecto a la justicia agraria y la protección del territorio de los pueblos indígenas se sugiere que el gobierno mexicano sea efectivo en la resolución de los conflictos agrarios, lleve a cabo un análisis del problema agrario que tome en cuenta la idiosincracia particular de las comunidades así como los problemas que enfrentan y las necesidades que los aquejan. 5. Que el Estado Mexicano modifique su política social y económica, pues no responde a la situación de pobreza de los pueblos indígenas que va en detrimento, para que resuelva los problemas de salud, educación, alimentación, vivienda, trabajo y propiedad colectiva. 6. En torno a la administración de justicia se propone al gobierno de México que realice las reformas necesarias a su Constitución para que se dé la debida separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para una impartición de la justicia imparcial; que disponga los suficientes traductores en los juicios donde intervenga una parte indígena para evitar juicios en un idioma ajeno al del presunto responsable así como disponer el adecuado personal para hacer los peritajes antropológicos cuando así se requiera para el respeto del derecho a la justicia que tienen los distintos pueblos indígenas que componen el país. 7. Se sugiere que las autoridades inviten a los pueblos indígenas a efectuar estudios conjuntos para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos y consulten a los pueblos en caso de proyectos de desarrollo que afecten el territorio que ocupan. En especial se propone que el gobierno someta a referéndum nacional el Megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. 8. Se recomienda al Estado Mexicano que garantice a los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas una protección eficaz en cuanto a la contratación y condiciones de empleo. 9. Se sugiere que el gobierno de México investigue y si es el caso castigue y remueva a los funcionarios, elementos del Ejército Mexicano y de Seguridad Pública que se encuentran involucrados en todas aquellas violaciones a los derechos humanos que han quedado impunes, incluso aquellas relacionadas con la guerra desatada desde el 1o de enero de 1994. 10. Que el gobierno mexicano deje de avalar las acciones cometidas por los grupos paramilitares, investigue y castigue conforme a derecho a aquellos miembros que han cometido graves violaciones a los derechos humanos y que han quedado impunes. 11. Que la Comunidad Internacional vigile que el Estado Mexicano respete los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y de medio ambiente de los pueblos indígenas para mejorar su calidad de vida. |
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