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La situación de las niñas y los niños en México |  |
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El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reportó que en el primer semestre de este año ha recibido más de 14,000 denuncias de casos de maltrato a niñas y niños, de las cuales se comprobaron poco más de la mitad. Llama la atención el hecho de que del total sólo 1,967 se canalizaron al Ministerio Público. Es decir la continuidad de la denuncia en el ámbito penal representa apenas 13% de los casos comprobados. Por otro lado, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Sida ha pasado a ser una consecuencia importante de la explotación sexual y comercial de niñas y niños, ya que es más fácil la transmisión del virus por desgarres o heridas provocadas por la penetración de un adulto a un niño o niña. Respecto a la prostitución infantil, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) calcula que existen aproximadamente 50 mil mujeres que se dedican a la prostitución en la zona metropolitana de la ciudad de México. El Programa de Asistencia Integral de la Mujer reporta que en la zona de la Merced y en Garibaldi cerca de 2,000 mujeres ejercen la prostitución, de las cuales aproximadamente 10% son niñas. Con base en este porcentaje y tomando el dato de la ALDF, tendríamos aproximadamente 5,000 niñas realizando esta actividad en la ciudad de México. El Instituto Nacional de Nutrición reporta que aproximadamente 20 mil niños y niñas mueren anualmente por desnutrición aguda en nuestro país. Estos son sólo algunos datos de la situación en que viven las niñas y los niños en nuestro país. Sin embargo, es necesario revisar de dónde proviene la negación de sus derechos que tiene que ver con la concepción que tenemos de la niñez: Etimológicamente la palabra infancia proviene de in y de fare, cuyo significado es "el que no habla". Esta visión predomina en nuestra sociedad que ve a las niñas y a los niños fundamentalmente en dos vertientes: a) Como objetos de protección (dentro de la familia
y los organismos asistenciales), y En la actualidad, desde nuestra óptica, la niñez continúa siendo considerada como propiedad de las y los adultos. Niñas y niños siguen siendo vistos como objetos y no como sujetos sociales con derechos. Esta visión permite una serie de violaciones graves a sus derechos consignados en diferentes instrumentos a nivel nacional e internacional, y que tiene en la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por el gobierno mexicano en 1980 y 1990 respectivamente, la principal herramienta para su defensa y promoción. La misma Constitución mexicana en su artículo 34 establece que la ciudadanía de una persona nacida en México sólo podrá lograrse hasta los 18 años, lo que afianza la percepción de la niñez como un sector de la población que no tiene garantizados sus derechos hasta que cumpla con ese "requisito" para poder gozarlos plenamente. Esta situación se agudiza cuando una niña o un niño son sujetos de maltrato en cualquiera de sus manifestaciones o de abuso de poder, pues las argumentaciones de una persona menor de edad no tienen mayor peso jurídico ni socialmente ante las de una persona adulta o ante las instituciones que rigen la sociedad. En contraposición, varios estados de la República tienen en sus legislaciones penales la imputabilidad penal de niñas o niños a los 16 años (en algunos proponen reducirla hasta los 14 años). Es decir, para castigarlos como adultos sí tienen la edad necesaria, pero para gozar de sus derechos son considerados inmaduros o incapaces, o en el otro extremo, inexistentes. Hay también otras formas igual o más violentas que constituyen violaciones flagrantes de los derechos de niñas y niños como son las políticas que los diferentes gobiernos a nivel municipal, estatal o federal impulsan o dejan de impulsar y que mantiene o profundiza una situación de injusticia, inequidad y/o discriminación hacia la niñez. Tales son los casos de medidas, programas o políticas que apuntan a paliar los efectos desastrosos de la aplicación de un modelo económico que tiene entre sus principales características, la exclusión. La falta de un apoyo real a las familias mexicanas para hacer frente a sus necesidades, orillan a la inserción temprana de niñas y niños en el mercado laboral ya sea en el sector informal o en el formal, dándose casos extremos como las y los infantes que sobreviven en condiciones infrahumanas en plantaciones de hortalizas en estados del norte del país, o bien decenas de miles que deambulan en las calles de las principales ciudades, exponiéndose a un sinnúmero de riesgos y viendo coartada la posibilidad de vivir a plenitud su infancia. El maltrato que se da al interior de los hogares o en diferentes ámbitos donde coexisten niñas, niños y adultos, ni principia ni se agota en ellos, sino que tal violencia se ve alimentada por la violencia intrínseca que permea todas las relaciones sociales establecidas en una sociedad consumista. Por su parte, los medios de comunicación (principalmente la televisión) se han caracterizado por favorecer en gran medida programaciones con un alto contenido violento y absolutamente contrario a la promoción de valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia, teniendo entre su auditorio privilegiado a la niñez. En ese sentido no existe una legislación que permita la participación social en las programaciones, de acuerdo con los intereses y la cultura propias. La situación que prevalece en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde la presencia del Ejército federal es parte ya de la vida cotidiana de las comunidades indígenas, nos da cuenta precisa de las graves repercusiones que en distintos niveles tiene para la población. En especial, niñas y niños están viendo pasar su infancia en un permanente estado de excepción que les impide un pleno desarrollo. La convivencia diaria con la violencia armada o su posibilidad, ha afectado seriamente la salud mental de las y los menores de edad. De esta forma se da una clara trasgresión de un convenio internacional considerado como Ley Suprema de acuerdo con el artículo 133 constitucional, al no tener un mecanismo que garantice su aplicación obligatoria. El carácter no coercitivo de la Convención posibilita que deje de ser un instrumento efectivo, puesto que no existe instancia nacional o internacional que sancione efectivamente su aplicación en el país. En este ámbito consideramos un avance la aprobación de la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal, así como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reglamenta la reforma que se hiciera al artículo 4º constitucional el año pasado. Pero no podemos dejar de insistir en la necesidad de subsanar vacíos ostensibles en estos instrumentos. Para hablar de un efectivo estado de derecho, éste debe contemplar la inclusión de todas y todos los habitantes de la nación. Con especial énfasis debe procurar la garantía del goce de los derechos de la niñez y la adolescencia. Sólo de esta forma el estado de derecho se constituirá en la base de una auténtica democracia.
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° Declaración universal sobre la erradicación del hambre y lamalnutrición (ONU) ° Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título
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