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Los derechos humanos en Morelos |  |
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Durante los últimos gobiernos priistas, Morelos ha sido escenario de frecuentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La alternancia del gobierno al Partido Acción Nacional (PAN), con Sergio Estrada Cajigal en la gubernatura, no permite ser optimista al respecto. Alternancia no significa democracia. Sin embargo, la caída del gobierno priista puede abrir un periodo de inestabilidad en las alturas del poder, lo que puede significar que se abran espacios de participación donde los diversos sectores de la población puedan plantear sus demandas y hacer escuchar sus denuncias y alternativas de solución. La inseguridad pública está relacionada con la vinculación de organismos policiacos con las bandas delictivas en la entidad. Los secuestros y el narcotráfico han proliferado al amparo de la impunidad que ha sido garantizada por funcionarios y servidores públicos del área de la procuración y administración de la justicia. Aun cuando este clima de inseguridad golpea sobre todo a empresarios y grandes capitalistas, es un fenómeno que se extiende hacia otros sectores de la población, ya que se diversifican las modalidades de secuestro hacia sectores de la clase media y agricultores de medianos ingresos. El derecho a la vida y a la libertad se ve severamente cuestionado, porque la angustia y la zozobra significan que no se garantiza el derecho a la tranquilidad y a la seguridad, a la protección y a la vida digna. El incremento de secuestros durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea llevó a una serie de movilizaciones que culminaron con la caída del gobernador y el inicio de un juicio político que aún no concluye con una verdadera investigación judicial en contra de uno de los principales generales encargados de diseñar las políticas de seguridad nacional con fines represivos. La ciudadanía demanda el castigo a los delincuentes y el alto a la impunidad. Sin embargo, esto ha sido utilizado por el mismo gobierno para instrumentar una política de militarización y establecimiento de retenes policiacos en carreteras y ciudades morelenses, mediante operativos armados que violentan las garantías individuales de la mayoría de la ciudadanía, que es tratada como si toda fuera delincuente, y resultan ineficaces para contener la ola delictiva, ya que las bandas organizadas eluden fácilmente dichos operativos. La población queda en medio de dos fuegos: por un lado los delincuentes haciendo de las suyas y por otro el trato de sospechosos que reciben por parte de los policías. El miedo invade las calles. Así, se alzan enormes muros y se colocan vallas que impiden el libre tránsito en fraccionamientos y barrios residenciales. Proliferan las guardias privadas, en donde, por cierto, se refugian los policías que son despedidos por tener antecedentes penales. El círculo de la impunidad se mantiene, ya que se han denunciado secuestros cometidos por los propios guardaespaldas de estos cuerpos de policías privados. El miedo trae aparejada la intolerancia y los deseos de venganza. No es casual que recientemente se hayan realizado marchas organizadas por comerciantes y empresarios demandando el establecimiento de la pena de muerte. Lo grave es que incluso organismos civiles que dicen luchar por la democracia se sumen a este planteamiento, ya que eso crea un ambiente de confusión y alienta las tendencias más derechistas y reaccionarias. Los secuestros y el narcotráfico no serán resueltos con medidas de endurecimiento policiaco, como lo han pretendido los gobiernos de Carrillo Olea, Morales Barud y García Rubí y ahora, en esa misma dirección se mueve el gobierno de Estrada Cajigal, como lo ha planteado Cesáreo Carbajal, secretario de Seguridad Pública, quien ha recurrido al FBI y a policías colombianos para diseñar su plan de combate a la delincuencia con base en la nefasta práctica de la "tolerancia cero". Esta ola delictiva ha significado también un incremento de personas privadas de su libertad sin que se les compruebe fehacientemente su culpabilidad. La impunidad se mantiene, ya que hay más de cuatro mil órdenes de aprehensión sin ejecutar, y se encuentran recluidos más de 1,600 en el nuevo penal de Atlacholoaya, construido con el proyecto de privatizar las cárceles. No existe un programa integral de atención a la problemática de las cárceles, por lo que aun cuando la sobresaturación que existía en el viejo penal de Atlacomulco ha sido resuelta momentáneamente, al no existir medidas sustitutivas de prisión existe el riesgo de que Atlacholoaya sea un verdadero polvorín, estrenándose con un motín y una huelga de hambre. Niñas y niños Los casos denunciados hasta el momento son: Colegio Oakwood, Liceo Moderno, Cendi Paraíso, Cendi Cesar Uscanga de Tlaquiltenango, un kinder en Jiutepec, la Guardería del IMSS, el Cendi de la UAEM, la Secundaría de Cuatlixco, solo en el estado de Morelos, sin embargo también se dio la existencia de agresiones sexuales en una Primaria "Tonali" de el Ajusco en el Distrito Federal y un caso más reciente en Veracruz. Los Cendis forman parte del sistema de educación inicial, con programas dirigidos a menores de 4 años, es decir, se atiende a una población vulnerable cuyos derechos deben ser tutelados por el Estado y por padres y madres, ya que los menores no los pueden ejercer por sí mismos. Los Cendis son dependencias gubernamentales a cargo de la federación o de los estados, que surgieron como prestación a las madres trabajadoras y tienen fundamento legal en el artículo 123 constitucional. Para 1994 los niños y niñas atendidos en los CENDIS ascendieron a 272 800 en todo el país (pp. 82-83 del Informe de Comexani 1994). Estas instituciones siguen experimentando un incremento que no puede estimarse. Al parecer no existe forma de saber cuántas de ellas hay en todo el país y menos la cantidad de niños que se atienden. Se trata de un servicio de características heterogéneas, sin embargo, puede afirmarse que las más se encuentran en zonas urbanas y atienden a estratos medios y altos, que pueden costear sus servicios, por lo tanto, poco colaboran en la cobertura de los sectores más necesitados. Estos planteamientos se han realizado cuando menos desde hace seis años y no se ha mostrado un avance significativo al respecto. De alguna manera, las denuncias por abuso sexual cometido en contra de menores, coloca nuevamente la problemática en su grave dimensión y obliga a replantear las propuestas y ubicar otras nuevas en función de las necesidades específicas para prevenir el abuso a menores y, en su caso, corregir y sancionar las conductas que permiten, toleran o llevan a cabo estas prácticas nocivas a los derechos de las y los menores en los centros educativos. Lamentablemente la existencia de numerosos casos de agresión sexual en contra de menores en escuelas nos lleva a pensar que tenemos un problema social que hay que combatir para evitar que se haga aún más grande. Por un lado es importante promover la cultura de la denuncia, para que agresores de este tipo no puedan andar libremente afectando la vida de innumerables pequeños impunemente y enfermando a nuestra sociedad. Pero para que esto se dé, es imprescindible que el sistema de impartición de justicia funcione eficientemente. El abuso sexual, la violación, la agresión física y verbal en contra de las y los menores en centros educativos es sumamente grave. El hecho de que hayan trascendido públicamente y se hayan radicado denuncias ante las autoridades educativas y de justicia denuncias de cerca de 70 casos documentados de cuatro escuelas, es un indicador de la dimensión del problema, cuando existen estudios que muestran que únicamente alrededor de 5% de los casos son denunciados. No partimos de consideraciones alarmistas sobre estos hechos, sino de hacer un llamado a la sociedad para que se reflexione y tome conciencia de un hecho que afecta la salud emocional, la integridad personal y la dignidad de las y los pequeños que tienen derecho a ser tutelados por sus familiares y por el Estado ya que no pueden garantizar por sí mismos la defensa de los mismos. Estas acciones de abuso sexual violan los derechos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios 2, 8 y 9 de la Declaración de los Derechos del Niño y los artículos 3.1, 3.3, 19.1, 19.3 y 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en donde se establece claramente que el Estado debe adoptar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, así como la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, además de otras formas de prevención de malos tratos al niño y la intervención judicial. La propia Ley General de Educación, en sus artículos 42, 55 y 75 establece las medidas y procedimientos para proteger la integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad de las y los menores. Indígenas Esta discrepancia en las cifras tiene su origen en primer lugar en los cinco años de diferencia que existen entre las cifras oficiales y las de los promotores de la cultura indígena y en segundo, por la escasa importancia que se le había otorgado a este sector de mexicanos. En la actualidad ya se observa un creciente interés por las comunidades indígenas debido primordialmente a la publicidad nacional e internacional que han recibido las etnias después de 1994 y también por los espacios que los mismos indígenas han ido ganando con sus esfuerzos de hacerse escuchar y de que no los marginen del desarrollo de México. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha estado atenta a la demanda de las comunidades indígenas de Morelos, con quienes sostiene una relación cada vez más estrecha, para atender a sus demandas de una ley que reconozca sus derechos y su cultura. Esto nos ha permitido colaborar en un diagnóstico de la situación que se vive en las comunidades indígenas que hemos plasmado en una serie de folletos. Los organizadores de los encuentros talleres y las reuniones en que han participado investigadores y legisladores, son integrantes de los pueblos y comunidades indígenas que han formado una Comisión Coordinadora de los Encuentros Talleres sobre Derechos y Cultura Indígena: Xococotla, Tetelcingo, Hueyapan, Santa Catarina, Kuentepec, Artesanos de Guerrero, Temoac y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, lo que ha permitido un diagnóstico participativo que abreva en el conocimiento del Morelos profundo por parte de sus propios habitantes. La historia en Morelos permite sacar muchas conclusiones sobre la validez y vigencia de las propuestas surgidas de los pueblos indígenas. De hecho, la iniciativa de Ley sobre derechos y cultura indígena que hemos estado trabajando, parte precisamente de los antecedentes históricos del zapatismo sobre la validez y vigencia de la autonomía municipal, con capacidad de autodeterminación y contar con recursos económicos suficientes para llevar a cabo su propio desarrollo, acorde con sus necesidades específicas y aspiraciones legítimas. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos cuenta con todo el material filmado y escrito de estos Encuentros-talleres así como de la Convención celebrada en el Centro ceremonial de Xochicalco. Hemos concluido la realización de un video que se está promoviendo en las diferentes comunidades y en otros sectores de la población sobre este proceso de elaboración de una iniciativa de ley indígena surgida desde las propias comunidades y retomando los aportes que en los diversos estados y en los foros nacionales se han realizado para incorporar estos derechos en el marco legal. Un aspecto importante y significativo en el marco de referencia a esta propuesta de Proyecto de ley indígena, lo constituye el hecho de que la relación con las etnias del estado ha sido muy estrecha durante un lapso de tiempo en que se sentaron las bases para el desarrollo del ambicioso plan de construir con los protagonistas un Proyecto de iniciativa de reforma constitucional en Morelos sobre derechos y cultura indígena. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos AC ha mantenido la prioridad en el trabajo y en las relaciones con las comunidades indígenas, es por ello que durante el último período nuestras relaciones de trabajo tiene más cercanía con personas y organismos interesados en apoyarnos en la investigación y redacción del proyecto de Ley Indígena. El trabajo que la CIDHM realiza es muy amplio; nuestras actividades son diversas y las realizamos en varios sectores y áreas. En este sentido hemos logrado hacer un trabajo de equipo, que nos permite estar en coordinación con grupos que trabajan con niñas y niños, jóvenes, mujeres, con estudiantes, maestros y maestras, con quienes establecemos redes de trabajos que nos permiten difundir lo que hacemos y al mismo tiempo apoyar a sectores que así lo requieren. Las mujeres indígenas han tenido una importante e interesante participación en este proceso, organizándose de diferentes maneras para defender sus derechos. Desde la participación en las labores domésticas, en los trabajos comunitarios, organizando cooperativas y grupos de producción, las mujeres van tejiendo su propia historia, haciéndose visibles y demandando que se respeten plenamente sus derechos tanto en las comunidades como en la ley. Sin embargo, el hostigamiento, las violaciones y los golpes, el maltrato y el abuso cometido contra las mujeres, requiere no solo de su propia organización, sino de un asesoramiento efectivo mediante labores de capacitación en acciones preventivas para que conozcan plenamente sus derechos y los defiendan adecuadamente en las instancias de procuración de justicia cuando así se requiera. La participación de las y los niños en las comunidades indígenas en Morelos resulta fundamental para la preservación y la continuidad de la cultura, de los valores y de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, la realización de eventos específicos de promoción de los derechos indígenas a través de encuentros bilingües interculturales con niños y niñas de otras poblaciones, permite valorar y recuperar tradiciones, lengua, formas de organización social y cultura en beneficio de los pueblos indígenas, lo que permite tener una mayor comprensión de la diversidad de nuestra sociedad. Resulta importante para este proyecto vincular las tareas de promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos indígenas en todo el estado y en todos los ámbitos de la sociedad, con el fortalecimiento de los proyectos de organización y gestión interna de los proyectos de las comunidades donde las mujeres y los niños están participando activamente para conocer y hacer valer sus derechos. Los encuentros, talleres, reuniones y eventos públicos, tienen el objetivo tanto de brindar mayores conocimientos a los propios pueblos indígenas como a otros sectores de la población sensibles a la situación y los derechos que aún no se encuentran plenamente reconocidos legalmente. En materia de procuración de justicia hay mucho camino por delante. Tanto en las modificaciones al marco legal, para que se reconozcan los sistemas normativos de los pueblos indígenas en su vinculación con el derecho positivo vigente, como en los casos concretos de asesoría en materia agraria, penal y civil. Los casos de presos indígenas que atiende la CIDHM siguen siendo motivo de preocupación, por lo que consideramos una necesidad darles seguimiento y continuidad para incrementar la cobertura que hasta el momento podemos brindar |
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