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Los derechos humanos en Guerrero |  |
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El estado de Guerrero se ubica en la región del Pacifico Sur de la República Mexicana, colindando al norte con el estado de México y Morelos, al noreste con Puebla, al noroeste con Michoacán y al este con Oaxaca. Tiene una superficie de 64,282 kilómetros cuadrados, los cuales equivalen al 3.3 del territorio nacional de México, ocupando el décimo cuarto lugar de extensión entre los 32 estados del país. El estado se integra por 76 municipios y se divide en siete regiones (Acapulco, Centro, Costa Grande, Costa Chica, Montaña, Norte y Tierra Caliente), contando con una enorme riqueza en biodiversidad y cultura, la cual contrasta con el alto grado de miseria en que vive la mayoría de su población. Cabe señalar que, por ello el estado de Guerrero, junto con Oaxaca y Chiapas compone la tríada de los estados más pobres de México. En Guerrero el 13. 75% de población es indígena. Son pueblos amuzgos, tlapanecos, mixtecos y nahuas; los primeros se encuentran exclusivamente en la zona de la Costa Chica, los otros tres se concentran principalmente en la región de la Montaña; 47% del total de población indígena del estado se encuentra en esta zona, y de todos ellos el pueblo nahua es el más numeroso y el más disperso en la geografía del estado. La principal actividad económica del estado es la de agricultura, enfocada principalmente para el autoconsumo; el comercio, la ganadería y el turismo son actividades que en menor escala favorecen el ingreso de las familias guerrerenses. Sin embargo, la política neoliberal ha venido a echar por tierra las expectativas de una mejor vida en el sector rural, priorizándose la atención en el desarrollo de los paraísos turísticos del estado, con ello lo único que se ha logrado es zanjar aún más las diferencias económicas. Bajo este diseño económico, actividades ilícitas como la delincuencia organizada o el narcocultivo, por un lado, y la migración en busca de trabajo hacia otras zonas del país y al extranjero, han venido a establecerse como las alternativas que adopta un importante sector de la población para aminorar el quebrantamiento de la economía rural, pero cuyos efectos impactan de manera negativa en la armonía comunitaria, puesto que con ello se trastocan los valores colectivos y culturales. El estado de Guerrero ha cobrado fama por la actitud guerrera y bronca. La violencia política se ha agudizado en las últimas cuatro décadas. Según estadísticas de miembros de la sociedad civil, existe un número que rebasa el medio millar de muertos y desaparecidos por motivos políticos, a la par, durante la pasada administración de gobierno estatal se reportaba que en promedio al día sucedían cuatro muertes violentas en todo el estado. Esta cultura sanguinaria y de la muerte no ha sido más que la muestra de la falta de capacidad y de voluntad de las instituciones de velar por la justicia para dejar abierto el surco donde se reproduce la impunidad. La violencia y la impunidad han logrado deformar el verdadero trabajo que habrían de desempeñar las instituciones como los Ministerios Públicos, corporaciones policiacas y las fuerzas armadas, quienes bajo el argumento de que "la justicia cuesta" aprovechan el desconocimiento de las leyes por parte de la población para mercadear con sus funciones. Ministerios Públicos y corporaciones policíacas, abusando del monopolio legal que tienen con respecto al ejercicio de la acción penal, se han ganado entre la población civil una reputación de amedrentadores, golpeadores e ineficaces. En los últimos años el ejército mexicano se ha involucrado en este proceso deformativo que peligrosamente pone en entredicho el estado de derecho e impone la fuerza de las armas y el aniquilamiento de los enemigos como una fórmula implacable para acallar las voces disidentes, las luchas democráticas y las demandas justicieras. Un espectro que ha venido a ensombrecer más la vida del pueblo guerrerense es la aparición de grupos civiles armados que se han manifestado en contra del gobierno, puesto que su presencia ha tornado más frágil la paz social en el estado y ha abierto las condiciones para justificar la presencia del ejército en cada rincón del estado con el argumento de velar por la soberanía nacional. Es importante señalar que en Guerrero, los municipios donde se observan las peores condiciones de empleo, ingresos y salud son los que cuentan con mayor población indígena. De forma coincidente y para desgracia de este sector, las violaciones a los derechos humanos en el estado cometidas por elementos del ejército, se dan en este tipo de municipios. De acuerdo con reportes de distintos organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, las regiones más afectadas por el fenómeno de la militarización han sido primero la región de la Montaña, con 11 de los 17 municipios; Costa Chica, con 7 de 14; Costa Grande con 4 de 7; Tierra Caliente y Centro con 4 de 10; Norte con 4 de 16, y Acapulco. Las causas que han motivado denuncias contra el ejército mexicano por violaciones a los derechos humanos, han sido detenciones y desapariciones forzadas, tortura, privación ilegal de la libertad personal, lesiones, allanamiento de morada, robo, violación sexual e incluso homicidio. De manera paradójica, las regiones más afectadas no son las que, de acuerdo con los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen mayor vinculación al narcotrafico. Bajo un análisis de las zonas de incidencia del narcotráfico y donde se concentra más el cultivo de amapola y marihuana, se ha encontrado que son estos lugares los que menos registran violaciones a los derechos humanos por presuntos elementos del ejército (a excepción de Metlatonoc, Tlachoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Chilpancingo). Esto puede deberse a que por las actividades que desarrollan los pobladores se les dificulta hacer denuncias por el temor a ser aprehendidos o reprendidos, por la cultura de impunidad que impide el registro y documentación de casos o porque al parecer las acciones del instituto armando en torno a las violaciones a los derechos humanos, en especial, la tortura, tienen un fin estratégico que hace tener el control en las regiones donde los grupos armados han tenido algún tipo de presencia o han realizado acciones de propaganda. Otra de las características de los municipios afectados por la presencia militar es el grado de urbanización. En este sentido, la mayoría de los municipios son mayoritariamente rurales y con poca densidad de población siendo que se dedican más a la agricultura y la ganadería, teniendo en segundo término actividades como la construcción y servicios. A excepción de Acapulco y Chilpancingo, que son registrados debido a que son un punto de referencia sobre la tortura, en los demás municipios la mayoría de la población económicamente activa no percibe salario alguno o percibe menos de uno, o de uno a dos, lo cual no alcanza para el mínimo suficiente para obtener la canasta básica. En este sentido, en estos lugares la población depende de otras actividades informales como puede ser la migración o, en algunos casos, el narcotráfico. A final de cuentas, en Guerrero a medida que avanza la lucha ciudadana que busca desterrar los vicios de la corrupción y enderezar los caminos de la ley, existe una reacción sospechosa por parte de las autoridades estatales que actúan a la defensiva y se niegan a entablar un diálogo abierto y respetuoso con la sociedad guerrerense. La autoridad se ha hecho invisible y evita encontrarse con los ciudadanos, sólo aparece en los medios de comunicación para decir su "verdad" y apostarle a que este ritual mediático se encargue de persuadir a la población de que sus actuaciones son justa y apegadas a derecho. Hay una tendencia sistemática a no darle credibilidad
o por lo menos el beneficio de la duda, a las palabras y reclamos de las
víctimas que han sido mancilladas en su dignidad humana, ofreciendo
por el contrario todas las facilidades a la gente influyente, a los funcionarios,
a las corporaciones policiacas y al ejército mexicano, para que
no lleguen a las puertas de la justicia. Hay una cargada del aparto de
justicia para borrar pruebas, desvirtuar testimonios, alargar tiempos,
integrar mal las averiguaciones con el fin de impedir desde cualquier
ángulo jurídico que se llame a cuentas a los aliados del
crimen y verdaderamente se establezca el estado de derecho en Guerrero.
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