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Las garantías judiciales en México a} |  |
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La mayoría de las recomendaciones dirigidas al gobierno de México por organismos intergubernamentales de protección de los derechos humanos en materia de justicia, señalan que las garantías procesales no están garantizadas. Esta situación trae como resultado la violación a los derechos a la integridad personal, al debido proceso, a las garantías judiciales y a la libertad personal. Estas violaciones ocurren en el ámbito de la seguridad pública, dentro de la procuración y la administración de justicia, viciando el derecho al debido proceso que incluye tanto las garantías procesales como el derecho a la justicia. Durante la etapa de procuración de justicia, las violaciones suceden en las detenciones en caso de flagrancia; cuando los detenidos se encuentran bajo custodia del Ministerio Público; dentro de los separos de las agencias ministeriales y durante los arraigos domiciliarios. Generalmente, cuando este tipo de conductas violatorias se presentan, lo que se pretende obtener del detenido es su declaración ministerial. Las prácticas utilizadas por policías judiciales tienden a provocar la autoinculpación a través de la práctica de la tortura. Esta situación no ha sido disuadida; antes al contrario, contra las víctimas actúan también el principio de inmediatez procesal y el hecho de que las declaraciones de los detenidos tengan valor pobatorio. Así, una dificultad a la que las víctimas de violación a los derechos humanos se enfrentan, en particular las víctimas de tortura, es que se les impone la carga de la prueba cuando alegan haber rendido su confesión por medio de coacción. Esto sucede incluso cuando los acusados, en su declaración preparatoria rendida ante juez, niegan lo establecido en su declaración ministerial alegando haber sido coaccionados e incluso torturados para declarar en uno u otro sentido. A lo anterior se suman la aplicación de normatividad obsoleta, donde la víctima debe de probar la tortura en la confesión, y las prácticas viciadas de policías judiciales durante la detención de posibles responsables de la comisión de un ilícito. Una posible solución es que sólo las declaraciones vertidas ante autoridad judicial tengan valor probatorio: una reforma a los códigos procesales tanto locales como federal, de manera que el Estado garantice que las confesiones usadas como evidencia sean dadas por voluntad del acusado y que las extraídas por la fuerza no puedan usarse como evidencia en los juicios. Por otro lado, la excesiva utilización de la prisión preventiva y del arraigo domiciliario, junto con la larga duración de los procesos penales, hace nula la garantía y el derecho de obtener una justicia pronta, oportuna y expedita. Es necesario crear normatividades donde se permita la aplicación de penas alternativas a la de prisión, además de que se deben reglamentar taxativamente los casos de excepción en donde los detenidos deben ser sujetos a prisión preventiva. En materia de seguridad pública y en la etapa preventiva del delito, reformas como la que amplía el concepto de "flagrancia" extienden las posibilidades en las cuales agentes judiciales pueden efectuar arrestos sin órdenes de aprehensión. Las condiciones de la defensoría de oficio se presentan como otro factor que propicia violaciones al derecho del debido proceso, pues no garantiza una defensa adecuada de los acusados. La defensoría de oficio se presenta como una institución que debe ser reformada. Esta reforma no debe ser entendida sólo como proporcionar mejores salarios, ya que los defensores con mejores salarios pero con la misma carga de trabajo tampoco garantizarían una defensa eficaz. La figura del "pro-bono" debería ser introducida en el sistema judicial, para obligar a los despachos de abogados a que se inscriban en un registro y que a aquellos que presten servicios de defensoría legal, les sean concedidos beneficios que pudieran tener carácter fiscal, como reducción de impuestos u otro tipo de ventajas. |
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