 |
 |
 |
|
 |
Detención arbitraria: los desaparecidos |  |
   |
|
|
|
 |
Hace poco más de tres décadas, el sistema político mexicano daba una clara demostración de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cuidar los privilegios y los intereses de la casta política y de los ricos de este país. Fue Luis Echeverría Álvarez quien, desde la Secretaría de Gobernación, inició el 18 de mayo de 1969 la ominosa y terrible práctica de la detención-desaparición, que proliferó en su mandato presidencial y lo colocó en la historia como émulo de los dictadores de América Latina. A decir verdad se les adelantó, pues fue en México antes que en otros países de esta patria grande (con excepción de Haití) donde primero se dio. Algunos amanuenses del poder pretendieron (y pretenden, los que aún quedan de la debacle priísta) justificar las acciones del gobierno argumentando que se enfrentaba a individuos utraviolentos que buscaban "desestabilizar al sistema". Fue por ello que los sucesores de Echeverría, sin excepción, siguieron su ejemplo en la violación de sus propias leyes, dejando al país ayuno de lo que ellos pomposamente llaman Estado de Derecho. Sin embargo, la detención-desaparición no les resultó como esperaban. El sistema político mexicano pretendía aterrorizar a la población con este crimen de lesa humanidad, pero no incluyó en sus cálculos que los familiares de los secuestrados por sus soldados y sus policías nos íbamos a organizar y a mantenernos activos, como sucede también en Argentina, Chile, Uruguay y el resto de las naciones de este Continente víctima del flagelo perverso, de esa ofensa a la conciencia de la humanidad. Muchos de los que desde el poder se sentían intocables hoy claman contra el secuestro, al que quieren circunscribir al ámbito de lo que llaman delincuencia organizada y, presas de un miedo cerval, exigen "todo el peso de la ley" como castigo para los culpables... Ellos, los intocables, los que en algún momento ordenaron desde sus escritorios los secuestros de nuestros familiares o que con su silencio se volvieron cómplices. Ellos, muchos de los cuales pretenden echar al olvido a nuestros hijos, hermanos y esposos arrancados de sus hogares a lo largo de las tres últimas décadas... Y aparte se atreven a hablar de democracia y quieren recurrir al "borrón y cuenta nueva" que nosotros jamás aceptaremos. ¿Cómo se atreven a sentirse ufanos de la construcción de la democracia que dicen estar edificando? ¿Será posible cimentarla sobre cárceles clandestinas, en los sótanos de los campos militares, en las bases navales? ¿Será garante de la ley un ejército que secuestra, encarcela y tortura? Esto, la detención-desaparición, el secuestro político, no debe repetirse en ningún lugar de la tierra. Por lo que atañe a nosotros, los familiares de las víctimas, lucharemos como hasta ahora o con mayor fuerza para erradicar esa infame práctica de nuestra patria. El grave problema pudo y aún puede solucionarse con voluntad política. Así se lo hicimos saber a los distintos presidentes a quienes acudimos en demanda de justicia, pero ninguno quiso escuchar el reclamo. El no hacerlo significó su parte delictiva en el asunto, la participación inherente del régimen político priísta en las más brutales formas de represión que registre la historia aparte de la mentira, la inmoralidad y la corrupción. Aun siendo, como en Eureka lo consideramos, algo ordenado desde las altas esferas del poder y como estrategia del aparato gobernante, no "abuso de autoridad" de algunos, como han pretendido hacerlo aparecer, quienes cometen este abominable crimen dejan huellas. Hemos presentado muchísimos testimonios que señalan dónde estaban o aún están los desaparecidos, quiénes los torturaron y por qué. Hay muchos malos mexicanos directamente involucrados en estos hechos y como ejemplo sólo señalaremos a algunos: de Luis Echeverría a Ernesto Zedillo, todos los presidentes en su carácter de jefes supremos de las Fuerzas Armadas; procuradores generales de la República como Pedro Ojeda Paullada y Sergio García Ramírez, entre otros; secretarios de Gobernación como Mario Moya Palencia, Manuel Bartlett y Fernando Gutiérrez Barrios, en primerísimo lugar por sus antecedentes y su participación directa desde sus orígenes en la anticonstitucional Dirección Federal de Seguridad y, entre muchísimos otros militares y policías, Mario Arturo Acosta Chaparro y Miguel Nassar Haro. No nos mueve ningún deseo de venganza; sólo queremos justicia y, sobre todo, la libertad de los desaparecidos. Suelen llamarnos intransigentes a quienes participamos en esta tarea; nosotros contestamos que sí lo somos. Mientras en una huelga se negocian porcentajes en aumentos de salarios; en una toma de tierra, la posesión o la extensión del predio; o en la pelea contra un fraude electoral las cantidades de votos, en nuestra lucha la consigna máxima es la mínima: la libertad de todos, ninguna desaparición más. Queremos terminar la etapa siniestra que ha sembrado el dolor en nuestro suelo y, para ello, es preciso que se sepa lo que es un desaparecido, que se entienda lo que su ausencia significa, y no la versión distorsionada que los gobiernos priístas han querido darle al término. Desaparecido es un ser humano; hombre, mujer, viejo, joven o niño privado de su libertad, incomunicado, recluido en las cárceles clandestinas de campos militares, bases navales o cualquier otro lugar habilitado para ello. Es un ser privado de todos sus derechos humanos y constitucionales, que en la mayoría de las veces es sometido a torturas por sus captores, que generalmente obedecen órdenes del gobierno o cuentan con su aquiescencia para hacerlo. Urge que se conozca en la ley el término desaparecido, que en este caso no significa muerte. Es urgente también que se hagan leyes o que se enmienden las ya existentes para que esta abominable práctica termine de una vez por todas. |
|
|
