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Agresiones a defensores de derechos humanos |  |
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Amenazas de muerte, intimidaciones personales, persecuciones, advertencias de secuestro o desaparición, violaciones, vigilancia en domicilios privados y oficinas de trabajo, observación con cámaras de largo alcance, espionaje telefónico, allanamientos, robos de materiales y dinero en efectivo, son, desafortunada e injustificadamente, componentes de la vida cotidiana de las personas comprometidas con la creación de una cultura democrática de respeto a los derechos humanos. Convertir a cada dirigente social opositor en un presunto delincuente, tal parece ser la lectura que algunas autoridades están haciendo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Acusar de delitos comunes a los que incomodan a un régimen ha sido una de las falacias a las que se ha recurrido con frecuencia cuando se agota la capacidad política para enfrentar los conflictos a través de los cauces institucionales y pacíficos. La existencia de este comportamiento que denota el uso de la fuerza del Estado contra adversarios políticos que se conducen pacíficamente ha dado lugar a la categoría de preso de conciencia que organismos humanitarios, como Amnistía Internacional, confieren a los que son encarcelados en razón de sus convicciones políticas, ideológicas, religiosas o de otra índole. El hecho de que sean los integrantes de organismos defensores de los derechos humanos el objetivo de las acciones de hostigamiento y persecución es un precedente peligroso. Esas instituciones son el termómetro más sensible en la medición del uso ilegal de la fuerza y el empleo de los recursos del Estado en la represión contra la sociedad civil emergente.
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