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Balbina Flores Martínez
Adriana Carmona
Marisol López
Las asignaturas
pendientes para el nuevo gobierno
Las materias pendientes para
el nuevo gobierno eran, al entrar en funciones, la seguridad pública,
la readaptación social, el combate a la corrupción, la delincuencia
y la pobreza, por mencionar solo algunas de las más sentidas. Las
cifras que acostumbrábamos manejar en la ciudad (1999-2000), iban
en el sentido de que se había remitido al MinisterioPúblico
a 79, 329 personas por faltas a la justicia cívica.
Por lo que a los delitos respecta, el robo a casa habitación y
de vehículo, los asesinatos y la violación habían
disminuido y fueron clasificado por la PJGDF como“menores” y
se dijo que estos tendían a ser desplazado por otros, sin mencionar
cuales.
El estudio del diputado Victor Manuel Soto Camacho , denominado “Atlas
delictivo de la Ciudad de México”, y dado a conocer meses
antes de entrar el nuevo gobierno, nos ilustra un poco más sobre
las condiciones en que se encontraba la Ciudad en materia de seguridad
pública. En el estudio se señala que existían 750
bandas que aglutinaban a más de 20 mil delincuentes. En contraste
con esto las fuerzas de Seguridad Pública y la Procuraduría
General de Justicia del D.F. eran de 5 mil 946 patrullas[2].
En reunión reciente de organizaciones civiles de derechos humanos
con el Secretario de Seguridad Pública, Leonel Godoy, éste
señaló que la ciudad fue recibida con 700 delitos diarios
mientras que hoy hay 400.
Por lo que respecta al comportamiento gubernamental con la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal, debemos señalar que entre
1998 y 2000 se emitieron 21 recomendaciones, de las cuales 19 fueron aceptadas.
Ello generó que se sancionara a 247 servidores públicos,
126 de los cuales correspondieron a la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, 80 a a la Secretaría de Seguridad
Pública y al Tribunal Superior Justicia con 3, por mencionar algunos...
También debemos señalar que durante la administración
anterior la Comisión Interamericana emitió el Informe 42/00
relativo al caso de Pedro Peredo Valderrama.
Aunque el gobierno capitalino había manifestado su voluntad de
cumplir todas las recomendaciones hechas por el organismo internacional,
los avances fueron mínimos.
Situación
actual
Resulta sorprendente que Andrés Manuel López Obrador
no haya tocado específicamente el tema de los derechos humanos,
ni en los bandos ni en los acuerdos emitidos. Si bien es cierto que en
sus propuestas iniciales ha destacado la preocupación por desarrollar
políticas públicas para combatir la pobreza y que en todo
momento se habla de priorizar los programas de desarrollo social, también
lo es que las acciones concretas denotan una tendencia al asistencialismo
social que difícilmente puede mejorar la situación de los
derechos económicos, sociales y culturales.
En materia de los derechos civiles y políticos, los cuales involucran
las principales tareas de seguridad pública, procuración
y administración de Justicia, únicamente se han presentado
medidas paliativas como el bando número dos sobre las situación
de la Tesorería, el bando número cinco sobre el combate
a la delincuencia, el número diez sobre la presentación
del gabinete o el tan debatido número trece relacionado con las
marchas.
De las propuestas
y líneas de trabajo ahí presentadas podemos destacar lo
siguiente:
a) Se presentan soluciones inmediatas para problemas multifactoriales.
Estas no atacarán los problemas estructurales sino tan solo las
consecuencias.
b) No se plantean mecanismos de supervisión coordinados entre instituciones
ni mucho menos con las organizaciones de la sociedad civil.
c) La participación ciudadana está siendo contemplada únicamente
como un factor apto para legitimar algunas decisiones; sin embargo no
se han fortalecido los espacios de propuesta y supervisión, únicamente
de denuncia.
d) Tampoco se ha establecido un compromiso del personal de la administración
pública para colaborar con la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
Las autoridades están
obligadas por la ley a hacerlo, pero no se ha hecho patente del mismo
modo en que lo fue al inicio de la administración de Cuauhtémoc
Cárdenas. A lo anterior habría que agregar la actitud de
López Obrador hacia organizaciones especializadas en la defensa
de los derechos de la mujer, a quienes ignoró ante la selección
de la encargada del Instituto de la Mujer del Distrito Federal. Las organizaciones
solicitaron varias veces una entrevista y no fueron recibidas, lo que
impidió el intercambio de opiniones sobre el perfil que debería
de cumplir dicha funcionaria. Fue nombrada Isabel Molina Warner quien
ha permanecido al margen del movimiento de mujeres en esta Ciudad.
En este caso las consecuencias no se han hecho esperar. El personal que
había venido trabajando en los Centros Integrales de Atención
a la Mujer, ha presentado algunas renuncias colectivas porque se les ha
indicado que ejecuten programas cuyo tinte asistencial ha dado al traste
con todo proyecto de construcción de ciudadanía.
En materia de seguridad pública se ha decidido continuar con el
trabajo del Consejo dePrevención del Delito. En reunión
de trabajo con organizaciones civiles y sociales, el Secretario de Seguridad
Pública Leonel Godoy ofreció un espacio para presentación
de propuestas en materia de prevención. Si bien la investigación
sobre la muerte del conductor de TV Francisco Stanley ha puesto en la
mira la actuación del Poder Judicial del Distrito Federal, no todos
los casos han corrido la misma suerte.
No es frecuente que los indiciados gocen del apoyo de los medios de comunicación
para vigilar el comportamiento judicial. Por ello es importante que la
Asamblea Legislativa y el propio Jefe de Gobierno, a través de
la Consejería Jurídica -instancia encargada de la Defensoría
de Oficio- exhorten al Consejo de la Judicatura a eficientar sus labores
de supervisión y vigilancia. Un punto que debe atenderse con prontitud
es la plena garantía de los derechos de las víctimas del
delito.
A pesar de las diversas
modificaciones
legislativas tendientes a permitir la participación del ofendido
en los procesos penales, no se cuenta con los mecanismos suficientes para
brindar la protección adecuada; ello ocurre especialmente en los
casos de violencia familiar y cuando debe garantizarse la reparación
del daño.
En materia penitenciaria, se conoce el avance que constituyó la
creación de la Ley de Ejecución de Sanciones del Distrito
Federal. Dicho ordenamiento ha permitido disminuir la sobrepoblación
y evitar la contaminación de las personas privadas de su libertad
por delitos menores.
Pero este avance ha resultado poco significativo puesto que no se ha establecido
una política clara para la obtención de beneficios de preliberación.
Además persiste el hermetismo de las autoridades ante los actos
de corrupción e impunidad de las personas que laboran en los centros
penitenciarios. Es urgente diseñar mecanismos de control y vigilancia
donde se permita la participación de organizaciones civiles y sociales
que conocen de cerca la situación de los centros penitenciarios;
hará falta también la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
Los derechos humanos han sido siempre una preocupación para la
ciudadanía del D.F. y sus recientes gobiernos. Si bien los casos
de tortura y abuso de autoridad no han aumentado, tampoco han desaparecido
del todo. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas asumió la jefatura
de gobierno manifestó explícitamente su voluntad de garantizar
que los derechos de los ciudadanos serían respetados; Rosario Robles,
su sucesora, apenas hizo mención sobre el tema y se limitó
a decir que “todo ser haría conforme a la ley”,... Andrés
Manuel no ha dado ninguna posición al respecto ni ha planteado
la política que seguirá su gobierno en esta matería.
¿Será que el cambio del partido en el poder permite presuponer
que éstos derechos serán respetados? ¿o será
que no son una prioridad para este gobierno?.
. [2] Heredia Spiritu
Angélica. Milenio Diario. 7 de mayo de 2000.
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