Foro sobre conflictos agrarios y derechos indígenas
los días 9 y 10 de noviembre en
la Mixteca Alta del Estado de Oaxaca

C. Autoridades Municipales y representantes agrarios
C. Representantes y miembros de organizaciones Indígenas y Sociales
Presente

Las autoridades municipales y el representante ejidal de la Comunidad de San Pedro Yosotatu, Tlaxiaco, Oaxaca, los invitan a participar en un evento sobre "Conflictos Agrarios y Derechos Indígenas" a realizarse en la propia comunidad durante los días 9 y 10 de noviembre del presente año.

El evento tiene como finalidad reflexionar sobre la problemática agraria que sufren nuestras comunidades y buscar formar de solución adecuadas a ellos.

Anexo a esta encontrarán el programa de actividades propuesto.

Si necesitan alguna información adicional pueden solicitarla al Area de Comunicación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con la Lic. Laura Sánchez, al teléfono, 55642582 o al correo electrónico comunicación@cmdpdh.org, o al Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, al teléfono 01 953 20127, o al correo electrónico flopez34@hotmail.com.

Esperando contar con su participación les anticipamos nuestros respetos.

Atentamente

Comunidad de San Pedro Yosotatu, 21 de octubre del 2002.

Comisariado de Bienes Ejidales
C. José Cenobio López Castro

El Agente Municipal
C. Juan López Santiago

Programa

Comisión de Apoyo y Gestoría del problema agrario

Programa de actividades para el encuentro
sobre problemas agrarios en San Pedro Yosotatu

Día 9 de noviembre:

Día 10 de noviembre:

Información complementaria

Los conflictos territoriales en la Mixteca

El territorio mixteco está compuesto de alrededor de 40,000 kilómetros cuadrados, repartidos entre los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca, de los cuales a este último corresponden 18 759 km2. Administrativamente el territorio mixteco se encuentra dividido en 179 municipios, de los cuales trece se ubican al oriente del Estado de Guerrero, 10 en el Estado de Puebla y 156 al oeste del Estado de Oaxaca. Para el caso específico de la mixteca oaxaqueña, si tomamos como referente los siete distritos con más población indígena -Coixtlahuaca, Huajuapam, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Silacayoapan, Teposcolula y Tlaxiaco- encontraremos que de los 156 municipios concentrados en estos distritos 139, el 89.26% de ellos, tienen propiedad social. La tierra de estos municipios se divide en 288 núcleos agrarios, 53 ejidos y 235 comunidades agrarias. Lo anterior nos dice que la identidad comunitaria es muy fuerte y más en relación con la tierra.

En este espacio se localizan 167 de los 656 conflictos agrarios registrados en el año 2001 por el sector agrario en el Estado de Oaxaca y 7 de los 53 denominados por el gobierno como de "atención especial" o "prioritaria". Si tomamos en cuenta que para que exista conflicto entre comunidades agrarias deben estar enfrentadas al menos dos de ellas tenemos que los conflictos mencionados involucran al menos 332 comunidades indígenas repartidas entre 130 municipios de los 156 que componen el territorio. En conjunto estas comunidades se disputan alrededor de 97,909 hectáreas del territorio mixteco. La situación no es halagüeña, pues alrededor del 52% del territorio mixteco vive en constante inestabilidad social debido a la disputa por los espacios territoriales, que involucran al 22% de las comunidades que lo integran. Los mismos datos oficiales informan la mayoría de conflictos que llevan alrededor de 40 años de existencia, siendo el que menos tiempo tiene 5 años y el mayor alrededor de doscientos años, con algunas excepciones que encuentran sus orígenes antes de la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas, como Santiago Amoltepec y sus vecinos, en el Distrito de Sola de Vega, o durante los primeros años de la independencia, como el de San Miguel Cuevas y Santa Catarina Noltepec, o las comunidades triquis contra pequeños propietarios y comunidades mestizas, en los distritos de Tlaxiaco, Putla y Juxtlahuaca.

Dentro de estos conflictos se localizan los de nuestras comunidades: San Pedro Yosotato, en el municipio de Tlaxiaco, Oaxaca y el de Santa Catarina Yosonotu, en el municipio de Santa Lucía Monteverde. Una característica de estos conflictos es que en su mayoría cuentan con una situación jurídica resuelta, que no admite más recurso legal y por lo mismo debería ya estar resueltos pero no lo están porque los órganos encargados de ejecutar las resoluciones no lo han hecho, contribuyendo con ello a la inseguridad jurídica y la inestabilidad política; es el caso de San Pedro Yosotato que aún contando con carpeta básica debidamente requisitada sufrió desde 1976 la invasión de sus tierras ejidales por parte de San Sebastián Nopalera. Igual situación vive la comunidad de Santa Catarina Yosonotu, quien también cuenta con su carpeta básica pero aún así sus tierras han sido invadidas también por San Sebastián Nopalera, a quien tiene demandada ante el Tribunal Agrario Número 46, con sede en Huajuapan de León.

Otros rasgos de los conflictos son que detrás de ellos se encuentran intereses políticos de diversa índole, entre ellos el de las autoridades de los tres niveles de gobierno de manejar los conflictos en lugar de solucionarlos porque eso les permite negociar con sus opositores, la estrategia de las organizaciones políticas, oficiales y oficiosas, de mantenerlos para asegurarse seguidores y también la perseverancia de las comunidades por preservar su autonomía. Entre estas organizaciones encontramos oficiales y oficiosas, como la Unión Campesina Democrática (UCD) ligada al Partido de la Revolución Democrática que es quien liderea a la comunidad de San Sebastíán Nopalera y la protege para que cometa sus actos ilícitos. Desde esta perspectiva los conflictos no son estrictamente agrarios ni intercomunitarios sino luchas por el poder en donde los intereses de nuestras comunidades poco o nada tienen que ver pero si son fuertemente afectadas por ellos.

Para nuestras comunidades, como para todas las comunidades indígenas, la tierra y sus recursos naturales, la relación simbólica con ella, sus lugares sagrados e históricos y los mitos de origen constituyen el espacio concreto en el que existen y crean sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales; las que nos dan identidad y nos diferencian del resto de la sociedad mexicana. De ahí que el control de nuestros territorios constituya la posibilidad de mantenernos y desarrollarnos sin dejar de ser lo que somos. Por eso, cuando se nos amenaza desde fuera los defendemos como podemos, de manera pacífica, contrario a la actitud de los agresores siempre actúan violentamente, apoyándonos en la posesión histórica de nuestra tierra, títulos primordiales, resoluciones presidenciales, sentencias de los tribunales agrarios, entre otros.

Contraria es también la actitud del gobierno que siempre pretende minimizar los problemas, reduciendo los reclamos de control territorial a problemas agrarios por la tenencia de la tierra, lo que de principio reduce toda posibilidad de arreglo constructivo, generando problemas más complejos; otra los ubica como problemas intercomunitarios, donde las comunidades mantienen añejas disputas por espacios improductivos "porque les gusta pelear" y "así son por naturaleza". Estas posturas además de racistas son equivocadas porque atienden a la superficialidad del problema y no al fondo. Cuando nuestras comunidades luchan por sus espacios territoriales no están peleando sólo un pedazo de tierra donde sembrar o colocar una casa para vivir. Están defendiendo sobre todo su derecho a ser, a vivir como colectivo humano, a mantener el control sobre su vida comunitaria y, en un sentido más amplio a tener el derecho de decidir su futuro. Están peleando por su autonomía.

Por esa situación exigimos al gobierno que deje de ver los conflictos agrarios como un asunto como otro cualquiera y asuma una estrategia que desactive su explosividad y ataque las causas de fondo que los provocan. Esa es su responsabilidad y no puede abdicar de ella dejando que los campesinos tomen justicia por propia mano. Nada gana echándole la culpa a otros de los problemas, o culpando a la pobreza ancestral. Esas posiciones pueden desviar la atención y las culpas, pero no solucionan los problemas. Esos siguen ahí y si no se atienden los problemas se agravan y quienes sufren las consecuencias son nuestras comunidades.