Los Acuerdos de San Andrés tenían al momento de su firma -febrero de 1996- el propósito central de terminar con la desigualdad, la discriminación, la explotación y la exclusión política dirigidas contra grupos importantes de mexicanas y mexicanos que la Constitución no tiene contemplados en sus previsiones.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal plasmaron en ellos por consenso un marco que contemplara el reconocimiento en la Constitución de los derechos de los pueblos indios. Sus derechos individuales, de personas, y sus derechos colectivos, de pueblos (no de poblados). Las reformas constitucionales e institucionales derivadas de estos acuerdos significan, llanamente, una modificación sustancial del pacto social (hacia uno más igualitario y revocable) que el Estado debería reflejar con nitidez. Su compromiso firmado era modificar leyes y códigos de varios tipos para hacer coherentes los ordenamientos de todo nivel con estas primeras reformas y abandonar prácticas institucionales que pregonan democracia al tiempo que marginan de decisiones vitales en el manejo de políticas públicas a toda la población civil. Por eso el Ejecutivo Federal, diga lo que diga, no quiere cumplirlos.

Hoy, tres años después y ante el intento unilateral por parte del gobierno y las cúpulas de algunos partidos de legislar al margen de los titulares de la norma, crece la pertinencia de los Acuerdos de San Andrés. No son sólo una herramienta para exigir el reconocimiento de derechos políticos, sociales, económicos y culturales para los pueblos indios. Son también el germen de una reforma a fondo del Estado mexicano. La joya oculta del proceso de negociación que llevó a la firma de estos primeros acuerdos en el largo camino hacia la paz, fue la participación directa de una multitud de representantes de organizaciones y comunidades, de especialistas en derecho y cultura indígenas, que logró del gobierno compromisos expresos que entrañarían-de cumplirse- una nueva relación entre el Estado y los pueblos indios del país pero en el fondo, una nueva relación del Estado con toda la sociedad.

¿Qué sucedía? Que el EZLN continuó su empeño de escuchar a la sociedad civil y le abrió espacios para negociar, directamente con el Estado, sus demandas y planes de acción.

Sí. La vieja demanda ciudadana en torno al procedimiento democrático de ejercer quehacer político y hacerlo valer no puede soslayarse así nomás. La sociedad civil mexicana exige espacios de reflexión, negociación y consenso e instrumentos jurídicos concretos, una práctica transparente, participación real en el diseño de políticas públicas y en el proceso completo de la toma de decisiones. La democracia electoral, con todo su valor acumulado, no agota la exigencia participativa de la sociedad mexicana.

Los Acuerdos de San Andrés y la Propuesta de Reformas Constitucionales en Materia de Derecho y Cultura Indígenas, presentada el 29 de noviembre de 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (comisión plural del legislativo hoy tan vilipendiada por el propio Ejecutivo Federal), son casos paradigmáticos de esta exigencia y de esta postura democrática porque muestran un camino para legislar de consuno con el principio de que la soberanía reside en el pueblo. De ahí su respaldo nacional e internacional, expresado en cientos de cartas y desplegados. Tan sólo en el periodo comprendido entre el rechazo gubernamental a la propuesta de la Cocopa en diciembre de 1996 y agosto de 1997, conjuntaron el respaldo expreso de más de mil organizaciones sociales -entre las que se contaban más de 10 coordinadoras nacionales de organizaciones independientes- organismos no gubernamentales, comunidades eclesiásticas, partidos y comunidades rurales, sin que mediara una consulta expresa y planeada.

En cambio, las más recientes modificaciones constitucionales en México se realizaron en contra de los intereses de la sociedad. Las reformas a los artículos tercero y 27 se hicieron para limitar o eliminar derechos sociales ya conquistados. Hoy la reforma planteada por el Ejecutivo y la "licitación" de iniciativas de ley indígenas en la que concursan el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista, son una muestra más de ese actuar al margen de la sociedad. En otro nivel de asuntos, el caso del Fobaproa es un extremo escandaloso de esta práctica continuada y desgastante.

Pese a que los acontecimientos establecen condiciones nuevas y complejas cada semana, los Acuerdos y de los documentos y testimonios que en su momento tejieron el proceso que fue el Diálogo de San Andrés Sacamch'en, en Chiapas. mantienen el espíritu de tal proceso. Hoy, su lectura será distinta del momento que relatan porque podría coincidir con un debate amplio (de ahí la relevancia de la Consulta propuesta por el EZLN) en torno a los procedimientos de legislación. Hoy las voces de la sociedad civil no se conformarán con una reforma injusta aunque esté santificada por un Congreso que dista mucho de ser independiente de los "usos y costumbres" del poder en México. En todos los textos que se presentan asoman, fragmentarios, deshilados quizá, los argumentos para un llamamiento que no se circunscribe a las cúpulas políticas ni podrá concretarse sólo con el apoyo de un grupo de dirigentes de los partidos políticos. Sigue pendiente reconocer que todo pacto social justo es un proceso de raíz popular y debe revisarse de continuo porque significa, llanamente, un reordenamiento de toda la vida pública y no sólo una alternancia en el poder. El Ejecutivo Federal no ha querido escuchar este llamamiento y optó por el engaño y la represión.

A partir del discurso del presidente Zedillo en Kanasín, Yucatán, el 22 de enero de 1998, el gobierno federal lanzó una campaña millonaria para recuperar iniciativa política y credibilidad. Tras de comprometerse a no usar la fuerza para solucionar el conflicto, se machacó que el gobierno honraría los Acuerdos pero no la traducción jurídica de la Cocopa. Declaró entonces que estaba dispuesto a retirar 23 de las 27 observaciones que hiciera a la iniciativa de dicha comisión (no hay en ella algo no acordado en San Andrés) pero que había cuatro puntos -centrales- en los que había diferencias. En realidad sus cuatro observaciones eran más de veinte reticencias que repetían punto por punto lo esbozado desde diciembre de 1996 pero ahora, en vez de dirigirlas contra los Acuerdos, se endosaban a la propuesta de Cocopa.

Esto se repitió en una verdadera campaña de descrédito a los legisladores afirmando que su texto era confuso y divisionista. En otros países esta campaña de descrédito habría hecho sentir la amenaza de un golpe de Estado. En nuestro país, lo que se propició fue confusión. La estrategia del gobierno es la confusión. Durante los meses del llamado silencio zapatista, que hoy mucha gente reconoce como signo de cordura y no de intransigencia, el gobierno y el ejército parecieron apostarle a que el conflicto se pudriera, a que las fuerzas se desgastaran, a que el olvido derrotara a la memoria.

A que el miedo y esa confusión inducida paralizaran la resistencia y la crítica.

Si las palabras oficiales rara vez correspondieron a sus acciones, la distancia que existe hoy entre ambas es abismal. Las acciones unilaterales que emprendió (que van de propuestas constitucionales unilaterales a acciones de violencia) no son ni legales ni legítimas. El recrudecimiento de la represión contra los municipios en resistencia, la desaparición de la Conai (ni más ni menos que la intermediación del conflicto), después de acusaciones recurrentes por parte del ejecutivo federal de ser un obstáculo para la paz, y el reiterado desgaste de las propuestas gubernamentales para retornar a la mesa del diálogo, le devuelven la iniciativa política a la sociedad civil y al EZLN, por derecho propio.

Hoy nos toca repensar el proceso que significó San Andrés, y a tres años de distancia, conocerlo, reconocernos, escucharnos y darle peso a lo pactado ahí. La propuesta de una consulta nacional para ratificar el enorme apoyo vertido hacia la ley Cocopa y reflexionar sobre los Acuerdos de San Andrés pulsará la herida de una exigencia nacional y no meramente indígena. La frase nunca más un México sin nosotros es la forma más panorámica y sintética de rozar la profundidad de la exigencia, aún pendiente.