COMPITCH, A.C.

Agosto del 2000,

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

RMALC

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En esta primera parte, hablaremos de los proyectos económicos que se relacionan con la alteración de seres vivos.

Este interés surge a propósito de los tratados internacionales de libre comercio que impulsan los países desarrollados para afianzar el sistema de mercado y obtener más fácilmente las riquezas del tercer mundo, donde los indígenas suelen ser los más perjudicados. Por eso, tenemos que decirlo así, el mercado internacional es en realidad un sistema de robo, siendo la biopiratería una de sus formas.

En efecto, la biopiratería es el saqueo de los recursos naturales vivos -también llamados recursos biológicos-: todas las plantas y animales de la tierra, del agua o del aire.

Pero no sólo es el saqueo de unas cuantas plantas o animales de interés, sino de todas las que se encuentren de ese tipo en el mundo, vaya, de las especies por entero. ¿Y cómo puede alguien hacer eso? ¿Con qué fin? Con la finalidad de utilizarlas en investigaciones científicas que permitan producir artículos comercializables de cualquier clase, cuyas ventas generen pingües ganancias monetarias. Esto es posible. El primer paso es obtener la materia prima:

1. MATERIA PRIMA. Se consigue una cantidad de plantas o animales mediante una búsqueda que suele llamarse bioprospección.
2. INVESTIGACIÓN. Se investiga cuáles son estas plantas o animales, cómo están hechas, para qué sirven, y qué se puede obtener de ellas.
3. PROPIEDAD. El investigador se registra ante la ley como propietario de sus descubrimientos; en lo sucesivo nadie los usará sin pagarle un permiso.

Esta apropiación de los conocimientos es lo que llamamos patente, una de las cinco formas de propiedad intelectual que comúnmente se distinguen en la economía de mercado:

• patentes (productos y procesos);

• derechos de los fitomejoradores (nuevas semillas y plantas);
• derechos de autor (trabajos artísticos, culturales, académicos, etc.);
• marcas registradas (nombres y símbolos comerciales); y
• secretos comerciales (descubrimientos no publicados ni patentados).

Por ejemplo, el investigador toma del monte un insecto cualquiera que nadie conoce, o un vegetal que sólo conocen los nativos por sus cualidades curativas o alimenticias, digamos una hoja de tabaco: moi en tzotzil, mai en tzeltal. La investiga por dentro, por fuera, hace experimentos ¿y qué encuentra? "Descubre" que si muele la hoja en cal, sirve para aliviar el dolor de estómago entre otros males. Presuroso, registra estos "descubrimientos" ante la ley con su nombre científico: Nicotiana Tabacum; luego le pone un nombre comercial, digamos Pilico; y ya son suyos. ¿Cómo suyos? En adelante, nadie podrá curarse el estómago con pilico sin pagarle una tarifa; y todas las hojas de tabaco del mundo serán suyas aunque no las tenga consigo, porque controla de esta forma su uso. Lo mismo se podría hacer con tantas hierbas y animales diferentes que conocemos o que jamás hemos visto.

Pues bien, como en Chiapas existe gran abundancia y diversidad de estos recursos biológicos, se dice que hay mucha biodiversidad, la cual puede aprovecharse para producir medicinas, semillas, fertilizantes, plaguicidas, colorantes, alimentos y no sabemos cuánto más, incluso nuevas plantas y animales nunca encontrados en la historia. Pero estas industrias casi no existentes en los países dependientes como México por sus altos costos tecnológicos. Se necesitan aparatos y técnicas que no se tienen; así como recursos naturales que tampoco poseemos, pues ya son propiedad intelectual de los países desarrollados, o para pagarles deudas. De aquí que sólo las potencias como Estados Unidos puedan hacer esos descubrimientos científicos y apropiarse del mundo desde un sitio lejano.

Citemos como ejemplo a la compañía estadounidense DuPont&Pioneer, que cada año recibe cinco millones de dólares de la empresa CuraGen, por otorgarle el permiso de investigar la expansión de ciertas plantas genéticas (modificadas). Y tan pronto fue posible, el negocio llegó también a la genética humana: la compañía DeCode Genetics, de Islandia, recibe doscientos millones de dólares de la empresa Hoffmann-La Roche, como pago por usar durante cinco años su patente sobre la información genética de los islandeses -a fin de investigar genes relacionados con doce enfermedades hereditarias en el ser humano-; esto es posible gracias a que la primera obtuvo el monopolio por doce años en 1998.

Con todo, el mayor lucro del material biológico se da, una vez más, entre la compra de materia prima barata y su posterior venta a mayor precio en forma de productos industrializados. Así, proveyendo recursos naturales, trabajo y consumo, el tercer mundo se empobrece mientras los países industrializados vienen a millonarios. Esto no se debe olvidar, pues convierte al mercado en un sistema de, dijimos robo, aunque una ley lo legalice, incluyendo el material biológico que ahora se privatiza con la biotecnología comercial. Y claro, la propiedad de los medios de producción sigue y seguirá siendo el punto clave que determina la distribución de la riqueza.

Otra muestra de estos negocios son las empresas transnacionales más grandes del mundo en la venta de productos biotecnológicos, donde México es el único país tercermundista, ocupando el séptimo lugar en la comercialización de semillas debido a los ingresos del Grupo Pulsar. (Ver lámina 1)

Son treinta y tres empresas líderes que en 1997 sumaron un ingreso de 387.08 billones de dólares, más las ventas en la industria veterinaria que ascienden a 10.078 billones de dólares. Sólo estos ingresos significaban entonces, casi la producción total de México en sus tres sectores de la economía; y ahora en el año 2000 representan más de cuatro veces su deuda externa, y más de la mitad de toda la deuda latinoamericana –la cual oscila alrededor de 750 billones de dólares. (Ver lámina 2)

Tal usura, antes no la hubo. Nadie decía yo descubrí la rueda, o el fuego, el número cero, el agua tibia, me pagarán por cualquier uso de ella. De haber sido así, los pueblos mayas, a quienes se les atribuye la invención del cero, serían los más ricos del mundo, pues la tecnología actual no se exisriría sin dicho número, y hasta cualquiera que lo usara en una simple suma o resta tendría que pagarles. Tampoco pasaba con las leyes naturales que se descubren, como la velocidad de la luz, por decir algo, o la presión atmosférica; ni con los recursos sin vida, sea hierro, oro, carbón o tantos minerales que de algún modo han sido propiedad de la humanidad. No ha sido así. Los recursos naturales se han estado saqueando de otras formas: mediante la conquista y exterminio de los pueblos a lo largo de la historia humana, y luego, como hasta hoy, a través de la comercialización mencionada, o de los pagos de la deuda externa, por ejemplo. Todo, impuesto por el creciente neoliberalismo desde la segunda guerra mundial (1939-1945), la cual obligó a establecer muchos criterios para el reparto del mundo entre las naciones poderosas.

Así crearon en 1947 el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), iniciando un nuevo tipo de guerra: la disputa por el control del dinero y el mercado, de continente a continente. En 1970 fundaron la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y en 1978, con la Convención para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV), empezaron las privatizaciones de recursos vivos: las plantas y semillas mejoradas que ahora dominan la producción agrícola del mundo. Más tarde, en 1994, la Ronda de Uruguay discutirá la propiedad intelectual dentro del GATT, creando el Acuerdo sobre la Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio (TRIPS); formándose también ahí la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el fin de dar seguimiento al propio GATT, al que terminó por absorber en 1996. Lo mismo podemos decir de otros convenios que hoy son base para los tratados internacionales de libre comercio, como los convenios de Roma, París, Berna y Ginebra, creados en 1961, 1967 y 1971, respectivamente -ver Anexo B: Cronología (...).

Entonces, el dominio del planeta sigue siendo una manzana de discordia para los habitantes más poderosos. Y qué sucede, la violencia bélica ya no procede tan fácil porque su propia competencia no lo permite; crece la necesidad de negociar internacionalmente. Pero no se trata de negocios entre naciones en realidad; sino entre una clase social: los más opulentos de la tierra, los gobernantes y grandes empresarios que han dejado a sus pueblos al margen, o mejor dicho, marginados. Por ende ¿tales negociaciones son mal llamadas internacionales? En efecto, estamos diciendo que no representan a las naciones, sino a la más alta clase social del mundo. De esta forma, las batallas entre los pueblos se han convertido en lucha de clases: por un lado las demandas populares de cada nación; y en su contra los acuerdos "internacionales" del poder, como los citados en el párrafo anterior.

Estos acuerdos forman parte de las leyes que gobiernan el mundo: el sistema de mercado neoliberal; y son indispensables para que éste funcione en cualquier país. Es por ello que el gobierno del globo no está repartido entre las soberanías de cada patria, gobierna el sistema de funcionamiento económico que impone el poder; suena ridículo decirlo todavía, pero en México la mayoría de la población no lo cree así, puesto que hemos elegido nuevamente el mismo sistema de gobierno que tiene en la miseria a casi la mitad de la república y a casi la tercera parte del mundo... porque el mundo contemporáneo también se parece a una mesa de tres, donde uno se indigesta, otro queda con hambre y el tercero simplemente ve. Estos son los acuerdos internacionales.

Y así como se aceptan las leyes de conveniencia empresarial, también se eluden los acuerdos internacionales contrarios; por ejemplo el Convenio 169 de la OIT, relativo a los derechos indígenas, que el gobierno de Guatemala no pudo ratificar el 5 de marzo de 1996 sin antes enmendar el artículo 1°: Se aprueba el Convenio 169 (...) bajo el entendido de que las disposiciones de la Constitución Política de la República prevalecen sobre dicho convenio, el cual no afecta derechos adquiridos ni tiene efectos retroactivos. Qué listos, se invalidaba entonces esa ratificación, toda vez que las leyes nacionales no se ajusten; y como quien dice, lo que ya se hizo, pues ya. De este modo, la soberanía se defiende tanto cuanto responda a los intereses de la autoridad, ridiculizando los pocos y agotadores avances logrados en la normatividad internacional respecto a los derechos indígenas o la protección del ambiente.

Luego, aunque tales pactos internacionales requieran consentimiento de las leyes en cada país, esta soberanía de los pueblos no se respeta, porque las leyes domésticas sólo se cambian para cometer los mencionados negocios sin consultar a la población, adecuándolas al gran mercado mundial. En este son, se ha estado alterando la Constitución Política mexicana en diferentes artículos, como el 27 -la mejor muestra-, donde ahora la propiedad de la tierra ejidal puede quedar en manos de extranjeros, siendo que era propiedad de la nación, afectando a la mayoría de los campesinos y todo el pueblo mexicano.

Desde luego, también existen cambios en la ley que no se han podido porque no existe legislación en diversas materias, o es insuficiente. Es el caso de la biopiratería en la vasta biodiversidad de México: a falta de leyes apropiadas los extranjeros se sirven con libertad en esta fuente de recursos, nadie les puede poner un hasta aquí, y por lo mismo las instituciones del gobierno proceden como se les ocurre. Un ejemplo reciente es el convenio firmado en noviembre de 1998, mediante al cual la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) proveerá de material genético de todo el país a la compañía norteamericana Diversa Corporation durante tres años, a cambio de regalías por las ventas de los productos que ésta genere; ello, debido a que la Comisión Nacional de Biodiversidad (CONABIO) facilitó las cosas sin ser su función.

Y naturalmente, mientras nadie proteste, cualquiera llega a llevarse lo que fuere como si no hubiera pobladores Pero cuando la población se interpone, el diseño de las leyes se hace indispensable, ya para impedir el saqueo o legalizarlo como sucede en Chiapas con el proyecto que le presentaremos a usted enseguida.

Una vez considerado el contexto anterior, presentaremos como caso de estudio el proyecto biotecnológico que impulsa el ICBG entre los pueblos mayas de Chiapas, del cual iremos exponiendo poco a poco nuestras preocupaciones.

ICBG significa, por sus siglas en inglés, Grupo Internacional de Cooperación para la Biodiversidad. Es una coordinación interinstitucional del gobierno estadounidense, que subsidia a instituciones públicas y privadas la bioprospección en países subdesarrollados. Desde 1992 se ha ido agrupando con las siguientes instituciones:

• Instituto Nacional de Salud (NIH);
• Instituto Nacional del Cáncer (NCI);
• Fundación Nacional de Ciencia (NSF);
• Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
• Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas (NIAID);
• Centro Internacional Fogarty (FIC); y la
• Agencia Internacional de Desarrollo (USAID).

Su objetivo general, no lo presenta nadie así, pero lo hemos explicado en el capítulo anterior: son los ingresos monetarios que se obtienen de la comercialización de productos industrializados, a partir de recursos naturales analizados biotecnológicamente para ese fin; en otras palabras, fines de lucro. Sus objetivos específicos, descubrir fármacos para el control de enfermedades como el cáncer y el SIDA. Y los objetivos más particulares e inmediatos son los mismos que insertaron en el proyecto que nos concierne, denominado Descubrimiento de Medicinas y Biodiversidad entre los Mayas de México (ICBG-Maya):

Como seguiremos viendo en el resto de este documento, el proyecto del ICBG-Maya comprende muchas cosas, desde los antecedentes y su contexto hasta las controversias más agudas. Por esta razón, para comprenderlo cabalmente no es suficiente un párrafo, es muy probable que se necesite conocer todos los aspectos que abarca un proyecto. Mencionemos por lo pronto sus tres objetivos más tangibles:

El potencial económico que México y Chiapas representan para las industrias biotecnológicas del mundo, son algunas de los fundamentos de este proyecto, según el propio ICBG:

"México es uno de los seis países con mayor biodiversidad en el mundo: después de Brasil y Colombia, y antes que Zaire, Madagascar e Indonesia. Es el primero en Centro y Norteamérica por su riqueza de especies; y sexto en el mundo por sus especies endémicas: más del 52% de sus 22 mil especies vasculares son endémicas, sin tomar en cuenta otro análisis que sitúa a México en lo más alto entre 25 países. Lamentablemente, así como figura entre los más altos en biodiversidad, los riesgos de extinción van a la par.

"Chiapas en específico, tiene una gran variedad biológica (seres vivos), topográfica (superficie terrestre), geológica (composición del suelo y su relación con asentamientos humanos), climática (características de la atmósfera: humedad presión y temperatura), hidrológica (agua de la tierra: ríos, lagos, mares, etc.), y edáfica (superficie donde están las plantas), siendo junto con Oaxaca, una de las dos regiones con mayor biodiversidad en el planeta. En un estudio reciente de Barthlott y Placke sobre la clasificación de la diversidad y el endemismo de plantas vasculares en el mundo, Chiapas ocupa el noveno lugar con más de cinco mil especies cada 10,000 km² (equivalente al área de Ocosingo antes de ser remunicipalizado).

"Esto hace de Chiapas un sitio de gran importancia para el descubrimiento de fármacos y la conservación biológica. Además, esta región de México está pasando por una crisis económica y social relacionada con los recursos naturales, uso de la tierra y crecimiento poblacional. El enfoque integral del proyecto ICBG-Maya para el descubrimiento de medicinas, conservación de la biodiversidad y crecimiento económico, ayuda a solucionar directa o indirectamente estos problemas.

"El estudio de esta región en los Altos de Chiapas, incluye muchas especies de los bosques tropicales en Mesoamérica: bosques de niebla, pino, roble o ámbar, cubriendo un área de 22,500 km². Esta área es zona de indígenas tzeltales y tzotziles, quienes poseen un amplio conocimiento acerca de la ecología (la naturaleza) y el uso de la flora; aunque esta gran biodiversidad se desconoce mucho, haciéndose difícil los programas de conservación a largo plazo.

"En un período de 5 años, el inventario de biodiversidad logrará la recolección botánica (de vegetales) de especies de plantas vasculares en los treinta principales municipios de los Altos de Chiapas, sobre todo de la flora, estimada en cinco mil especies, muchas de ellas endémicas y desconocidas. (...)

"Basados en datos de muchas entrevistas con indígenas, y en más de diez mil recolecciones de plantas medicinales, podemos decir que esta región de los Altos tiene gran complejidad etnomédica (medicina indígena) relativa a la anatomía (partes del cuerpo), fisiología (funcionamiento del cuerpo), y sintomatología (señales de enfermedad) de 250 aspectos relativos a la salud del individuo. Los indígenas han identificado casi mil 800 especies de plantas medicinales que tratan estos 250 aspectos, de las cuales, entre 600 y 700 son conocidas ampliamente. Los datos revelan que la medicina de la herbolaria maya es un sistema científico basado en observaciones precisas que sólo pudieron hacerse a lo largo de muchos años, con la experimentación de los efectos herbarios para remediar enfermedades y funciones corporales. Un estudio preliminar ha detectado 150 de estas especies, una gran proporción que muestra inicialmente mucha bioactividad. (...)

"Durante los años sesentas y setentas, la Comisión Técnica Consultiva para la Determinación de Coeficientes de Agostadero en la República Mexicana, realizó estudios intensivos (con fotografía aérea) para identificar, clasificar y evaluar las condiciones silvestres en México (...). Los estudios preliminares indicaron que en Chiapas existen casi 10,000 plantas vasculares, lo que representa más del 30% del país."

Por otra parte, se afirma que existen 300 mil especies vegetales en el mundo, 30 mil de ellas en México, y 15 mil en Chiapas, de las cuales mil 600 plantas medicinales se encuentran en diez municipios de la meseta central. Otros estudios señalan que en México existe entre 10 y 12 % de toda la biota (ecología) del mundo, así como un 14% de los dos mil géneros de plantas endémicas. En fin, las cifras abundan sobre este tema, y aunque no siempre coinciden, la constante señala a México como un tesoro en el campo de la biodiversidad y potencialmente en el de la biotecnología que sustentan el 40% del mercado mundial. Además, se ha demostrado que el 74% de los conocimientos curativos de la medicina, principalmente plantas, provienen del conocimiento popular y tradicional que sólo se ha recogido y patentado, no de los laboratorios.

Ahora bien, en medio de esta extraordinaria riqueza, el ICBG buscará realizar sus objetivos mediante el financiamiento a tres instituciones internacionales que trabajarán articuladas:

• Universidad de Georgia (UG), en Estados Unidos (EU).
• Molecular Nature Limited (MNL), empresa biotecnológica de Gales, Reino Unido; y
• El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), un centro de estudios e investigaciones en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, promovido por el gobierno mexicano.

Para lograr los objetivos mencionados, las veinticinco personas que conforman las tres instituciones, se coordinarán en tres programas o subproyectos: 1) Descubrimiento de Medicinas y Desarrollo Farmacéutico; 2) Etnobiología Médica e Inventario de la Biodiversidad; y 3) Conservación, Agricultura Sustentable y Crecimiento Económico. Sin embargo, aunque sus programas llegan a ejecutarse de manera simultánea o paralela, al principio la secuencia de actividades es en orden inverso. Estos son los detalles:

PROGRAMA 3: Conservación, Agricultura Sustentable y Crecimiento Económico.- ECOSUR es el encargado de coordinar en Chiapas este programa, que consiste en a) selección y recolección de las plantas con potencial medicinal, agroecológico y mercantil, para enviarlas a la Universidad de Georgia, donde serán analizadas en laboratorio; b) creación de jardines botánicos y proyectos sustentables; así como c) la gestión de los permisos locales, estatales y federales para todo el proyecto.

PROGRAMA 2: Etnobiología Médica e Inventario de la Biodiversidad.- La Universidad de Georgia estará a cargo de este programa, consistente en a) clasificar las colectas enviadas desde Chiapas; y b) identificar en el laboratorio los extractos o muestras con actividad biológica, para enviarlas al laboratorio de Molecular Nature Limited, en el Reino Unido.

PROGRAMA 1: Descubrimiento de Medicinas y Desarrollo Farmacéutico.- Molecular Nature Limited coordinará este programa donde 1) se analizan las muestras de las plantas que sirven para inventar nuevos productos industrializados e incorporarlos al mercado; y 2) se informa a las otras partes cuáles son estas plantas que se recolectarán en grandes cantidades, para industrializar nuevos productos entre las grandes empresas biotecnológicas.

Brent Berlin, graduado como antropólogo en California, profesor e investigador tanto en ECOSUR como en la Universidad de Georgia, es reconocido mundialmente por su trayectoria profesional y conocimiento etnobiológico de Chiapas. En consecuencia, ha sido nombrado por el ICBG como Director General del trinche que forman las instituciones involucradas en los programas apenas descritos (ver lámina 4). Sin embargo, entre las comunidades indígenas que se oponen al proyecto, Berlin es reconocido como Pukuj -que en lengua tzotzil significa diablo-, quizá porque los campesinos desconfiaron de sus intenciones al enterarse de la ambición que alimenta al proyecto, así como del dominio que ejerce sobre la autonomía indígena, la soberanía nacional y, debido a que se han utilizado procedimientos contrarios a sus costumbres.

Ahora bien, hemos dicho que el ICBG ha planeado obtener vegetales, microorganismos y conocimientos medicinales en algunos territorios indígenas de Chiapas, sobre todo en la región Altos, donde imperan los pueblos tzotziles. Pero el proyecto se extiende más allá de los Altos: también llega a los tzeltales y choles que dominan en la Selva; a los tojolabales en la frontera con Guatemala; y probablemente llegue hasta los zoques de la región Norte, e incluso a los mames de la Sierra en el sur fronterizo.

En sus inicios, el proyecto contemplaba treinta municipios para su trabajo, quizá menos, pero con la remunicipalización estamos hablando de treinta y dos, ya que se sumaron: Maravilla Tenejapa, segregado de Las Margaritas en la región Fronteriza; Santiago El Pinar, de Larráinzar, junto a Aldama de Chenalhó en los Altos; así como San Andrés Duraznal, segregado de Simojovel en la región Norte, donde además se contempló Rayón; y se habla también de Bejucal de Ocampo y Motozintla en la Sierra, ya que todo el territorio colindante con Guatemala es rico en variedades vegetales. En total serían treinta y cinco municipios.

Como vemos, el proyecto es susceptible de irse ampliando hasta completar las cinco regiones mencionadas. De manera que casi todo el estado de Chiapas tiene gran potencial para la bioprospección y la biotecnología, dentro de una lista apretada de proyectos correspondientes a otro tipo de empresas extractivas, de transformación y de servicios, como son: empresas petroleras, agrícolas y ganaderas, forestales, pesqueras, mineras, turísticas, manufactureras, procesadoras de alimentos, empacadoras, etc.

El ICBG destinará más de veinticinco millones de pesos para este programa, cuya duración inicial será de cinco años, a partir del 8 de enero de 1998. Este financiamiento da una idea de las ganancias que están esperando recibir con la comercialización de fármacos y patentes. El presupuesto está distribuido así:

Este presupuesto incluye la compra de equipo, accesorios, contratación de servicios, viáticos y otros gastos, así como el pago de salarios especiales por trabajar en este proyecto, los cuales se incrementan en un 5% anual. Pero no incluye los sueldos base que los participantes reciben de sus instituciones donde trabajan. Sólo la secretaria de Brent Berlin recibe un sueldo base de 15 mil pesos aproximadamente, para comenzar, más unos 10 mil pesos de salario por participar en este proyecto en el primer año, lo que hace un total que rebasa los 25 mil pesos mensuales. Esto es sólo para la secretaria, un caso menor. Pero conforme vamos analizando los puestos más especializados o de mayor responsabilidad, los ingresos son más copiosos por supuesto, como sucede con los técnicos farmacobiólogos, o bioquímicos por ejemplo, cuyo salario base anda alrededor de 20 mil pesos mensuales, más un salario similar en este proyecto: en total son 45 mil 800 pesos al mes. Luego podríamos continuar con los investigadores, quienes no reciben salario por el proyecto, ni aparece en el presupuesto su sueldo base, suscitando especulaciones.

Y por encima de estos niveles se encuentran los coordinadores de los programas en Estados Unidos y el Reino Unido. Así, Elois Berlin, coordinadora en la Universidad de Georgia, quien recibe un sueldo base de casi 52 mil pesos, más el salario del proyecto: el total de su paga mensual asciende a casi 60 mil pesos. A su vez, David Puett, coordinador del programa en el Reino Unido: tampoco aparece su sueldo base, y ni siquiera necesitó salario del proyecto. Finalmente, no podemos dejar de imaginar cuáles son los honorarios mensuales de Brent Berlin como director general, quien cuenta con títulos de licenciatura, maestría y doctorado en uno de los países más ricos del mundo, y asume diversos cargos internacionales. Aunque su salario del proyecto sólo asciende a casi 15 mil pesos, sumado a su sueldo base que aparece indecible, sus retribuciones mensuales sobre seguro rebasarán con facilidad los 100 mil pesos, más viáticos, vehículo y otras prestaciones, etc. Estos ingresos del señor Berlin, superarían los estipendios -ya de por sí escandalosos- de nuestros más altos funcionarios públicos, como los diputados, senadores, gobernadores, secretarios de gobierno; y desde luego, resultan un escándalo para los indígenas de las comunidades donde opera este proyecto, pues muchos de ellos no reciben más de cien pesos al mes, y algunos nada.

Más todavía, las desigualdades con los mexicanos que participan en el proyecto, también se dan con los investigadores, especialistas y coordinadores. Basta decir que el coordinador del proyecto en ECOSUR no tiene salario asignado por participar, ni él ni nadie; el único rubro de salarios que se contempla es para un estudiante norteamericano, asistente de investigación, quien recibe según la tabla descriptiva unos doce mil pesos al mes, salario que ya quisieran muchos profesionistas de este país. De tal forma que la mayor parte del financiamiento en México no se ocupa en salarios como en Estados Unidos o el Reino Unido, sino en contrataciones que en el mejor de los casos serán para los campesinos de los treinta y cinco municipios, nada comparables con el salario de dicho estudiante –y no hay presupuesto para más-. En cambio, lógicamente, el presupuesto para la Universidad de Georgia, después de los salarios gasta más en viajes, mientras Molecular Nature Limited invierte en equipo y suministros. Así que el numeroso equipo mexicano que colabora para el ICBG del gobierno estadounidense, lo financia el gobierno de México -lo que faltaba.

Esto es sólo un asomo de la enorme desigualdad e injusticia que hay detrás.

Ahora bien, este proyecto no podía permanecer escondido a los ojos del mundo que se ocupa de la biodiversidad. Se da en un contexto histórico que exige una revaloración ética para el uso de los recursos naturales a nivel internacional. Los Estados Unidos lo saben muy bien, puesto que algunos acuerdos en esta materia se han dado sin que los pueda evitar, al grado que se abstiene de firmarlos, como es el Convenio para la Biodiversidad Biológica, el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Este es uno de los pactos más manoseados durante el proyecto del ICBG-Maya, porque plantea que las partes contratantes (ECOSUR-UGA-MNL) deben ponerse mutuamente de acuerdo en la planeación y en la distribución equitativa de los beneficios derivados de la biotecnología, siendo el problema fundamental que a los indígenas no se les considera para ese mutuamente.

Así que el ICBG consideró dicho convenio a su modo para planear el reparto de las utilidades que resulten de la comercialización, de forma que los indígenas participantes se vieran tomados en cuenta, pero nada de mutuamente. Promovería entonces la creación de su propia contraparte: una asociación civil para los campesinos, que llamaron PROMAYA: Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual de los Mayas. Esta organización recibiría las regalías por derechos de propiedad intelectual, para invertirlas en el desarrollo económico de la región a través de asistencia técnica y jurídica fomentando la producción de plantas, jardines botánicos, cooperativas, mercado interno y hasta becas para los estudiantes distinguidos.

PROMAYA estaría integrada por indígenas reconocidos en sus comunidades y por otros miembros con calidad técnica y moral, pertenecientes a distintas organizaciones sociales. Además, EL ICBG organizaría para PROMAYA un Concejo Consultivo integrado por altos directivos académicos. Y la responsabilidad para asegurar la protección de la propiedad intelectual de los indígenas, vigilar el manejo de los recursos de PROMAYA, incluyendo el nombramiento de auditorías, se asignará al Dr. Pablo Farías, director general de ECOSUR, por ser el coordinador en México, y representante de los intereses mexicanos en materia legal. Todo, como parte del programa 3. De esta manera, el ICBG diseñó desde los Estados Unidos, un proyecto por su lado, con sus propios objetivos y procedimientos, nombrando su director y planeando su reparto de ganancias sin intervención del gobierno mexicano -ya no digamos de ECOSUR-, mucho menos de los indígenas.

Así las cosas, ya estaba todo previsto y planificado. Únicamente faltaba el espinoso asunto de la propiedad intelectual y el reparto de las ganancias entre las tres partes del proyecto. Así que las tres partes del ICBG-Maya elaboraron un convenio al respecto, al que llamaron Convenio para la Protección de Derechos de Propiedad Intelectual y Distribución de Beneficios del ICBG-Maya, firmado el 28 de mayo de 1999. Este convenio no es otra cosa que una adaptación, o pegote, de diversos párrafos del proyecto original en inglés que hemos estado describiendo, y consta de veintiuna cláusulas repartidas en cinco o seis páginas, que pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. DECLARACIONES: n La Fundación para la Investigación de la Universidad de Georgia es dueña de la propiedad intelectual producida por los empleados de esta universidad (firma este convenio en su representación). n Se señalan los tres integrantes del convenio; los tres objetivos particulares; y los tres programas operativos.
2. PRINCIPIOS GENERALES: n Se reconocen las regalías como recompensa para los indígenas. n Las regalías pueden demorar muchos años, entre tanto se impulsarán proyectos locales de desarrollo en el entretanto (no dice con qué dinero). n Se prevén otros convenios con las autoridades mexicanas y las comunidades indígenas para determinar los procedimientos de colectas, permisos y mecanismos de patente.
3. ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS: n Se acatará el Convenio de la Biodiversidad Biológica de 1992 acordado en Brasil. n Se negociará la compra de materiales; y los Altos de Chiapas será el área prioritaria para ello, pero se pueden buscar otras regiones que cumplan con la cantidad y calidad requeridas por el ICBG-Maya.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL: n Ante todo, regirán las leyes mexicanas y la soberanía nacional. n Habrá un convenio especial para cada transferencia de materiales. n Se formará una asociación civil llamada PROMAYA para negociar las regalías y promover el desarrollo regional. n ICBG-Maya y PROMAYA negociarán la propiedad intelectual de las invenciones. n Habrá retribución equitativa a las comunidades indígenas por la comercialización, mediante regalías al derecho de propiedad intelectual: 25% para cada parte del ICBG-Maya y 25% para PROMAYA. n Las regalías pueden variar en torno a los productos derivados de procesos de elaboración indirectos. n Las regalías para las comunidades indígenas se guardarán en un fondo fiduciario (condicionado y a crédito) del ICBG-Maya, y éste definirá su uso. n Los integrantes del ICBG-Maya pueden patentar por separado. n Los ingresos del comercio regional fomentado por PROMAYA, se destinarán al fondo fiduciario del ICBG-Maya.
5. INFORMACIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO: n La información de los resultados del proyecto se dará bajo un Acuerdo de Confidencialidad entre ICBG-Maya y PROMAYA. n Los provechos encontrados en las especies se utilizarán para las comunidades. n La Universidad de Georgia concentrará toda la información resultante para entregársela al gobierno de Estados Unidos.
6. DURACIÓN DEL CONVENIO: Este convenio terminará sólo si los tres integrantes del ICBG-Maya están de acuerdo.

El Consejo Estatal de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas (COMPITH), inició su formación desde 1994, y agrupa a más de mil 100 miembros de once organizaciones en siete regiones del estado. Forma parte del Consejo Nacional de Médicos Indígenas Tradicionales de México, sostenido por 43 organizaciones que pertenecen a 17 estados de la república.

Pues bien, dada su importancia, ECOSUR se presentó ante ellos el 20 de enero de 1998 para entregarles un documento preliminar del proyecto, invitándoles a "participar". Hubo poco interés. Respondieron al ICBG que no existía suficiente legislación al respecto. Así que el ICBG se retiró asegurando que no iniciarían nada hasta que hubiera un marco legal adecuado, no importaba si eso significaba dos o tres años.

Seis meses más tarde, el proyecto es aprobado en los Estados Unidos, pero en COMPITCH se enteran hasta el año siguiente. Luego, el 28 de mayo de 1999, los tres integrantes del trinche de Berlin, firman el convenio sobre la propiedad intelectual arriba mencionado, pero COMPITCH se entera dos meses después -nuevamente por iniciativa propia-: analizan el documento, y una serie de observaciones confirman su desinterés. Igualmente, reciben –vía SEMARNAP- una copia fotostática del original en inglés, engargolado con las hojas en desorden, encontrándosele una ausencia de treinta y una páginas. Molestos por los modos de proceder del ICBG, informan a las comunidades de la biopiratería que hay detrás, instándolas a que no hagan acuerdos con ese proyecto; asimismo, se comunican con las dependencias de gobierno y divulgan la información por internet y otros medios masivos de comunicación, poniéndola en las más altas esferas con el apoyo de los asesores internos. Pronto, todo mundo estaba enterado del asunto, y se hizo un lío.

Desde entonces se da un intercambio de difamaciones, aclaraciones, propuestas, contrapropuestas, denuncias y diplomacias, entre COMPITCH, ICBG y el gobierno mexicano. Entre las primeras denuncias de COMPITCH destacaban las siguientes:

• PROYECTO ICBG-MAYA: Se elaboró un proyecto biotecnológico en Estados Unidos, a espaldas de las comunidades indígenas y de la soberanía nacional.
• CONVENIO. Se firmó un convenio sobre propiedad intelectual que compromete los recursos vitales del sustento indígena, también sin previa información y consentimiento de las comunidades campesinas.
• COLECTAS. Se iniciaron colectas de plantas con fines científicos en Oxchuc, Tenejapa, Chenalhó y Las Margaritas, así como en Huixtán, Cancuc y Simojovel, sin autorización de las comunidades indígenas ni de las autoridades mexicanas, atentando contra la soberanía de la nación.
• INFRACCIÓN NACIONAL. En consecuencia, se violó el artículo 87-Bis de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, que establece la necesidad del consentimiento previo e informado de las comunidades para la autorización legal.
• INFRACCIÓN INTERNACIONAL. Y por lo mismo se violó el artículo 8-j del Convenio sobre Biodiversidad Biológica.
• INFRACCIÓN ÉTICA. Igualmente, se violaron los estatutos del Código de Etica para la Investigación, Colecciones, Bases de Datos y Publicaciones de la Sociedad Internacional de Etnobiología -de la que forma parte Brent Berlin-, contemplados para este proyecto.

Además, se transgredió el artículo 27 constitucional en lo referente al fortalecimiento de la vida comunitaria; y el artículo 28, acerca de los monopolios sobre artículos de consumo necesario. Del mismo modo, el Convenio 169 de la OIT, relativo a los derechos de las comunidades indígenas; y la Resolución 5-89 de la FAO, para los derechos de los agricultores sobre recursos genéticos, entre otros instrumentos normativos. Luego, la primera conclusión fue que el ICBG-Maya es un proyecto ilegal, biopirata, tanto en el derecho positivo (establecido por las leyes) como en el consuetudinario (establecido por los usos y costumbres).

1. SOBRE LAS DECLARACIONES: n El convenio de propiedad intelectual es independiente de PROMAYA pues sólo lo firman los integrantes del ICBG-Maya.
2. SOBRE LOS PRINCIPIOS GENERALES: n Las regalías pueden demorar hasta quince años o más. n La previsión de convenios con los indígenas sobre la propiedad intelectual se anula con la cláusula XIV, que permite a las tres partes patentar por separado.
3. SOBRE EL ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS: n El gobierno de Estados Unidos concentrará toda la información y los extractos de las plantas, de manera que puede retirarse del convenio cuando le convenga; no habrá modo de obligarle a cumplir, pues no firmó el Convenio de la Biodiversidad Biológica de 1992. n Los beneficios sólo se contemplan para los dieciséis municipios de los Altos de Chiapas -excluidos diecinueve-. n No habrá reparto justo, pues en la negociación para la compra de las plantas se introduce un sistema competitivo de subasta, obligando a bajar los precios y beneficiando sólo a un vendedor. n Se permite que la competencia del mercado pueda desplazar a los productores de la región si existen mejores ofertas de calidad y cantidad en otras regiones o países. n Estas desventajas del mercado impiden creer que los campesinos acepten el proyecto; se duda que haya un consentimiento previo e informado como lo establece el artículo 87-Bis.
4. SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: n Si el ICBG reconoce nuestra soberanía, debe reconocer que tenemos derecho a decidir lo que queremos hacer y cómo, y el reparto de beneficios. El proyecto ICBG-Maya fue elaborado por el gobierno de los Estados Unidos de acuerdo a sus intereses. n La cláusula VII, sobre los acuerdos de la propiedad, se anula al contemplarse la posibilidad de patentar por separado. n El ICBG-Maya entiende la equidad de manera numérica, mientras que los indígenas lo entienden basados en las necesidades reales y sentidas por cada persona, región o pueblo. n El fondo fiduciario es incierto, ya que será hasta la comercialización de posibles nuevos productos biotecnológicos, en una fecha indefinida a largo plazo; y no será manejado por los indígenas.
5. SOBRE LA INFORMACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL PROYECTO: n La información que se da es inconsistente y confusa. Una prueba es el título del proyecto, cambiado después por: Biodiversidad, Medicina Tradicional y Desarrollo Sustentable en la Región Tzeltal, Tzotzil, y Tojolabal, siendo que los tojolablaes habitan en la regiones Fronteriza y Selva. n Se obliga a todos los participantes a guardar confidencialidad, mientras que la Universidad de Georgia tiene derecho y obligación de informar todo al gobierno de los Estados Unidos. n El proyecto de control biológico no es nuevo para los médicos indígenas, pues llevan más de 20 años trabajando en la conservación ecológica para la producción agrícola.

Asimismo, COMPITCH observa que las regalías al derecho de propiedad intelectual son una miseria frente a las ganancias de las industrias farmacéuticos, las cuales usualmente desprenden sólo el 1% para tal efecto. De manera que a las comunidades se les asignaría la cuarta parte de ese 1%, tal como dice el convenio, un 0.25%. Esto será destinado para el desarrollo regional; y lo que llama la atención ya no es el monto que pueda significar, sino la gran desigualdad con respecto a las ganancias de las industrias farmacéuticas o agroquímicas. (Ver lámina 7)

Se observa que las ganancias del empresario son 400 veces mayores que la parte de PROMAYA; e inconmensurablemente mayores a lo que le corresponde a cada comunidad, ya no digamos a cada familia o a cada persona -puesto que Brent Berlin afirma que a todos les va a tocar equitativamente aunque no participen, como veremos adelante-. Más aún, algunas comunidades no recibirán nada, pues en el convenio el reparto de regalías sólo se considera para los Altos de Chiapas, de tal forma que por lo menos 7 mil 519 comunidades de las otras regiones cosecharán envidias nada más.

Estas desigualdades que propone el ICBG-Maya, se ilustran también en el hecho de que no se les ocurrió decir, Somos dos contrapartes, ICBG-Maya y COMPITCH, que sea el 50% para cada una; creemos que también por esto no aceptan que COMPITCH represente a las comunidades indígenas en esta materia. Tampoco se imagina nadie que lo plantearan al revés: Nosotros somos una contraparte, ustedes son once organizaciones, les tocarán once doceavos de las regalías. No, sino que casualmente plantearon las cosas para su mayor provecho. Por lo demás, ¿alguien puede creer que compartirán toda la información de sus hallazgos e inventos? –se preguntan en la organización indígena.

A raíz de estas observaciones al texto del convenio, y analizando diversas declaraciones, podemos resumir la negativa de COMPITCH en cuatro argumentos fundamentales:

1. AUSENCIA DE UN MARCO JURÍDICO APROPIADO. No existen leyes que consideren estratégicos los recursos de la biodiversidad, ni que regulen las autorizaciones para fines biotecnológicos, o en lo que concierne a la patente del conocimiento tradicional.
2. CONSENTIMIENTO PREVIO E INFORMADO. No se ha consultado a las comunidades indígenas según sus costumbres y organización; tampoco se han incluido todos los pueblos que comparten la medicina maya; ni se ha informado suficiente sobre las características del proyecto.
3. PROYECTO NEOLIBERAL. Las comunidades indígenas no se oponen a los avances tecnológicos, sino al uso que se hace de ellos mediante el uso de patentes en el proyecto neoliberal que impulsa el gobierno mexicano. Abogan por una lógica humana para la medicina tradicional, rechazan la dinámica de libre mercado.
4. PROYECTO ILEGAL. Las comunidades campesinas consideran que el ICBG-Maya es ilegal en el marco normativo nacional e internacional, pero sobre todo porque no cuenta con el consentimiento popular. En consecuencia, piden una moratoria indefinida del proyecto.

Por su parte, Brent Berlin insiste en justificar la continuación de los programas que dirige, mediante los argumentos que comentaremos enseguida:

Ciertamente, todos los involucrados reconocen que las leyes en la materia no son suficientes, sobre todo en materia de reglamentos o procedimientos para operativizar lo poco que se encuentra establecido. Pero lo que nosotros observaremos aquí, es otra vez esa adecuación que se hace dentro de los límites del sistema, puesto que las mismas leyes que se utilizan para defender los derechos sobre el medio ambiente, están inscritas en la lógica del mercado, en cuanto preparan las condiciones para la transferencia de materia prima a cambio de una moneda que ni siquiera controlan los países subdesarrollados. Así sucede con el Convenio de la Biodiversidad, un tratado eminentemente neoliberal, al que se requiere estarle escudriñando los párrafos que concedan algún derecho; y lo peor es que al encontrarlos y asirlos para la propia defensa se está legitimando sin querer un convenio que contraviene a la economía del tercer mundo.

Lo mismo pasa con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al empuñar la fracción necesaria, se da por supuesto todo lo demás, mucho de lo cual es contradictorio. El artículo 28 establece, por ejemplo, que no habrá monopolios sobre productos de consumo necesario que favorezcan exclusivamente a un sector o incluso a una clase social; pero después exceptúa la propiedad intelectual. Igualmente, el artículo 27 dice que la nación destinará los recursos para el mejor aprovechamiento de los mexicanos, pero el artículo siguiente no dice que los recursos biológicos sean estratégicos para el país, ni que se consideren de consumo necesario. Por estas razones, la defensa jurídica de los derechos indígenas, así como de los demás sectores de la sociedad mexicana, se encuentra en amplia desventaja. Lo que está en juego es entonces un nuevo constituyente, y lo que se necesita es una moratoria a todos los acuerdos internacionales. Pero creemos que esto no se dará sin una mayor concientización política y un incremento de la participación ciudadana –el reto de siempre.

Por otra parte, Brent Berlin no puede -o no quiere- ver que el gobierno mexicano tiene asignaturas pendientes con el marco jurídico nacional, como los Acuerdos de San Andrés, que ponen entre paréntesis una importante cantidad de leyes y artículos en materia indígena, empezando por la carta magna. Y de manera similar se encuentran en entredicho los municipios constitucionales, producto del fraude electoral, rechazados por la mayoría indígena; lo mismo sucede con la mayoría de los gobernadores, diputados, senadores y el presidente de la república, quienes no representan los intereses de la población, son ilegales: ilegales las leyes existentes, las autoridades, y por ende el proyecto. Esta es la realidad de Chiapas.

La Fundación Internacional para el Desarrollo Rural, RAFI, analiza el caso y encuentra seis principales puntos de controversia que ayudan a profundizar más en la comprensión de este proyecto. Las comentaremos a continuación:

1. EL CONTRATO: El proyecto no existiría sin su fin comercial.- Lo que RAFI quiere decir, es que los supuestos objetivos de crecimiento económico, protección de la biodiversidad, respeto a la soberanía nacional y las autonomías indígenas, o el descubrimiento de medicinas, sólo son parte del ropaje que viste al proyecto en respuesta a las exigencias de los grupos ambientalistas y las comunidades indígenas; porque su verdadero propósito es generar riqueza mediante la comercialización de los productos biotecnológicos –que no han demandado las necesidades humanas.

Vaya, el programa para descubrir fármacos y venderlos prescindiría de los otros dos si pudiera, ya que la lógica de mercado guía el sistema económico, normativo e ideológico; y ¿cuándo se ha visto que los Estados Unidos se preocupen por los demás desinteresadamente, si desde su nacimiento se han caracterizado por el exterminio y la explotación de los pueblos? Y a México siempre han estado hurtándole la soberanía, sus recursos naturales y territorios, mano de obra, cerebros y capitales, imponiendo su estructura de mercado, su ideología capitalista, su ley. Vamos, lo que hace poco llamabamos imperialismo yanqui.

2. PIC-NIC: Ninguna Intención de Consentimiento.- Uno de los aspectos más debatidos en este proceso, es la necesidad de un Consentimiento Previo e Informado (PIC) sobre los proyectos biotecnológicos, exigido por las organizaciones indígenas y estipulado en el Convenio de la Biodiversidad Biológica; por lo que ha sido muy previsto en la planeación del ICBG. Pero ha resultado su prueba de fuego: la mayoría de la población no está enterada, o no como debiera, e incluso se opone radicalmente al proyecto. Pese a ello, se ha querido insistir en convencer a la población, sin escuchar que no existe ninguna intención de consentimiento entre la mayoría de los indígenas, sobresaliendo una rotunda negativa.

No obstante, Brent Berlín inició las colectas desconociendo el sentir de la gente y afirmando: Vamos a seguir haciendo nuestros planes lo más transparente que sea posible. Los hechos demuestran que esa posibilidad de transparencia no cumple con las normas de calidad y cantidad que exige el pueblo indígena. Sólo hasta que se hizo un escándalo se preocupó por informar, difundir, por el consentimiento previo. La prueba es que las colectas empiezan en mayo de 1999, y hasta después se verían las actas de acuerdo, la difusión, las propuestas para crear un marco legal, y no precisamente por su gusto e iniciativa. Lo hicieron entonces al revés: El proceso se desarrolló en acuerdo con las líneas directivas del departamento de salud de los Estados Unidos y con el Comité de los Aspectos Humanos de la Universidad de Georgia.

3. CONOCIMIENTO "COMÚN": Todos o nadie.- Basta que una comunidad se niegue a participar en el proyecto para que se le estén robando sus derechos, observa RAFI, puesto que los conocimientos provienen de todas las comunidades. Pero no le importó, la Universidad de Georgia comienza su proyecto de apropiación biológica aunque sólo algunas comunidades acepten, pues en el marco legal basta que una participe para enajenar a las demás. Y luego RAFI hace las preguntas obligadas, ¿Cuántas comunidades deben aceptar para que proceda el proyecto? ¿Y quién lo decide?

Estos cuestionamientos parecen imposibles de responder ante los términos planteados. Tal vez en nuestra cultura contemporánea la democracia respondería a ambos: la voluntad de las mayorías es el número adecuado y la decisión. Sin embargo, la democracia no funciona aquí por dos razones: Primero, porque la democracia se extiende a las demás culturas prehispánicas que poseen los mismos conocimientos, alargándose entre los indígenas de otros continentes y abarcando la totalidad del globo terráqueo -porque los recursos biológicos son un beneficio que siempre se ha compartido entre la humanidad-. Y segundo, porque los indígenas valoran la comunidad a partir de cada individuo: la comunidad no avanza sobre nadie, ninguno avanza sobre la comunidad, avanza el consenso; así que tanto democracia como individualismo suelen ser improcedentes en la cultura indígena, pero el ICBG está buscando dividir esta unidad.

Y es que siempre han avanzado juntos como pueblo, y gracias a la unión han sobrevivido durante siglos. ¿Hay que dar mil pasos adelante para salir del subdesarrollo? Cada quien dará uno. No hay quien los dé todos, como sucede con los héroes del éxito en la cultura competitiva de los Estados Unidos -impuesta en nuestro país-, donde uno avanza a costa de los demás, y la democracia avanza a costa de las minorías; donde no se respeta a la comunidad ni al individuo, porque en la cultura capitalista las personas no importan. Los indígenas están acostumbrados, pues, a compartir, demostrando una cultura más civilizada que la barbarie de la tecnología moderna; porque la ciencia, la competitividad y el individualismo acaso nos brindan mejores productos, empero no mejores personas ni mejor medio ambiente. En fin, no se está respetando la cultura indígena.

4. COLECTAS DE MATERIAL: Información inconsistente.- Las versiones sobre la recolección de las plantas han sido diferentes por lo menos en tres ocasiones. Primero se dijo que no se había tomado una sola planta. Después, que se habían recolectado algunas plantas en cuatro municipios, pero para otros proyectos. Y finalmente, que sí, las colectas eran del ICBG-Maya, pero no con fines biotecnológicos sino para enriquecer los herbarios. Total, que de cualquier manera el proyecto se echó a andar. Y entonces preocupa la falsedad y falta de transparencia con que se están manejando las cosas, pues aunque alguna de las tres afirmaciones sea verdad, hay otras dos que no lo son.

Y no conformes, creemos que las tres afirmaciones son falsas, puesto que los fines biotecnológicos empiezan desde que el investigador se dirige hacia la comunidad aunque sólo sea para reconocer el lugar; y aunque por algún artificio del pensamiento pudiéramos comprobar que las colectas no son para tal cosa, de cualquier manera, repetimos, el proyecto se echó a andar cuando es el proyecto entero lo que está en tela de juicio, no sólo uno de sus programas. Además, no es necesario que las colectas sean con fines científicos para que las comunidades tengan derecho a rechazar o aceptar un proyecto; de tal manera que simplemente podrían decir no queremos.

Asimismo, afirmaron que tenían autorización de las comunidades para las colectas iniciadas en mayo de 1999: Las colecciones botánicas comenzaron en cuatro municipios (con el permiso de los presidentes municipales y comunales); (...) hemos comenzado ciertas colecciones científicas (...), todas con el permiso del municipio y de los propietarios locales, cuando la relación de 41 actas indica que el primer permiso se dio el 13 de abril del 2000, en la comunidad Madronal, municipio de Amatenango del Valle. El resto pertenecen a los municipios de Cancuc, Chamula, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Chilón, Huixtán, Las Margaritas, Mitontic, Ocosingo, Oxchuc, Tenejapa y Teopisca.

5. CIRCO CERRADO: ICBG rechaza el debate público.- COMPITCH solicitó que se sometiera el proyecto a un juicio abierto con autoridades, académicos y sociedad civil en general, pero el ICBG-Maya se ha negado argumentando que sería un caos; prefieren una reunión bilateral a puerta cerrada. Abierta sacaría todo a la luz. RAFI observa que esta negativa es incorrecta porque están pidiendo permiso y no deben poner las condiciones de la negociación; y porque una reunión abierta permite exponer las posiciones encontradas para medir las fuerzas sociales de apoyo, mientras que a piedra y lodo no sólo resulta perjudicado COMPITCH, también el ICBG-Maya -aunque ciertamente menos, por eso la proponen así.

No hay mucho por agregar a esto, en realidad no se podía esperar otra cosa del ICBG. Una reunión abierta significaría unir lo que han estado dividiendo para vencer el rechazo; y quedaría descubierto lo que hacen e informan en las comunidades. Más aún, no faltarían juicios certeros al corazón del proyecto –mientras los medios de comunicación escuchando-, y las comunidades descubrirían muchas inconveniencias que no se les ha permitido ver a puerta cerrada. Por eso el ICBG prefiere negociar a escondidas; si estuvieran seguros, serían los primeros en convocar.

6. INFLUENCIAS FORÁNEAS: Rechazo a mestizos.- COMPITCH ha hecho ver que el proyecto ICBG-Maya está sustentado por intereses extranjeros, lo cual hemos estado afirmando también. Por su parte, el trinche de Berlin repudia a los asesores no indígenas del COMPITCH desde que éste decidió no participar.

El rechazo del ICBG a la intervención de las organizaciones campesinas resulta una ilusión, siendo que éstas se imponen en la práctica sobre las autoridades constitucionales, representando los intereses, usos y costumbres indígenas, definiendo territorios que rebasan los límites municipales, traslapándose en ocasiones, o inclusive creándose para coyunturas específicas como ésta; por lo que no extrañaría que a raíz de este problema surgiera una especie de frente o coalición contra la intromisión extranjera -lo cual a su vez sería de mucha incumbencia revolucionaria zapatista.

Por eso, El reclamo de la organización de curanderos sobre el derecho que, según ellos, tienen de controlar el conocimiento, NO es lo mismo que si la organización de médicos de Estados Unidos reclamara el derecho de controlar la información sobre la salud de los estadounidenses, como afirma Berlin.

EL ENJUAGUE. Hemos dicho que este proyecto es ajeno a los indígenas, ya que fue maquilado por el gobierno norteamericano. Sólo en estas condiciones de exclusividad, el ICBG podía establecer para el ICBG-Maya lo siguiente:

"Las partes, antes de distribuir cualquier fondo, establecerán acuerdos sobre:

1. un procedimiento para compartir regalías (...);
2. los criterios para decidir quién será el propietario de las invenciones;
3. la responsabilidad del registro y proceso de la patente u otra protección de propiedad intelectual."

Por supuesto, nada de esto viene en el convenio de la propiedad intelectual, pero lo cierto es que ECOSUR firmó también este proyecto con beneplácito, en detrimento de los pueblos indígenas y de la soberanía nacional, entrando en negociaciones con una desventaja numérica que la distingue cualquier indígena del cerro más apartado: ECOSUR ante dos potencias hermanas. Con justa razón, gran parte de los investigadores que trabajan en este centro académico han visto la ética y la justicia desaparecidas, no pudiendo evitar un dejo de indignación.

Ahora bien, si el lector es amable en regresar al inciso 10 de este capítulo, referente al Convenio, notará en el inciso f que la cláusula XXI, la última, establece que este contrato no terminará hasta que las tres partes lo consientan. Tiene razón el lector, PROMAYA sale sobrando ya de por sí; lo que debemos subrayar es la alianza de los imperialistas: por mayoría podrán modificar las cosas a su favor cuando les convenga sin que México pueda impedirlo, pues tendrán consigo la materia prima, los análisis de laboratorio, la información, los inventos, la tecnología, las empresas biotecnológicas, el control del mercado y aun el subsidio de sus gobiernos. Mientras los mexicanos, aguardando las susodichas regalías, no tendrán quién les escriba, habrá que vender hasta el gallo.

DECLARACIÓN DE BELEM. Desconocemos si Brent Berlin ignoraba las leyes mexicanas. Lo que ciertamente no ignora son las normas de la Declaración de Belem que él mismo ha citado en su respuesta a RAFI; ahí se establece que el Principio de la Propia Determinación de los pueblos indígenas consiste en:

1. el control de la tierra y el territorio;
2. el derecho a lugares sagrados;
3. el derecho a poseer y determinar el uso, acreditación, protección y compensación de sus conocimientos;
4. el derecho de acceso a los recursos tradicionales;
5. el derecho a preservar y proteger la lengua, los símbolos y modos de expresión locales;
6. el derecho a definirse por sí mismos.

Pues bien, la creación del proyecto y de PROMAYA desde las oficinas de gobierno de los Estados Unidos, así como el establecimiento de los criterios de organización, representación, y distribución de beneficios desde el ICBG, violan este principio en sus incisos c y f. Asimismo, el rechazo de los consensos territoriales, para dar prioridad a los propietarios de predios, viola el inciso a. Pero nada de esto comenta Brent Berlin.

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN. Creemos que con esta experiencia con el ICBG-Maya, lejos de significar tiempo perdido, los médicos indígenas están saliendo fortalecidos. Ahora su organización es conocida en todo el mundo y conocen nuevas organizaciones que les apoyan; han demostrado capacidad para presentar propuestas y definir sus posiciones; se han visto obligados a reforzar la comunicación entre las comunidades, e inauguraron un boletín informativo; se han inmiscuido en el complejo asunto de la biotecnología, la han comprendido y están difundiendo la información entre los indígenas; están construyendo una identidad ideológica que no posee una inmensa parte de los mexicanos... todo, dando pie a un desarrollo organizativo más integral: médico-político-educativo.

La expectativa ahora es la respuesta de la sociedad civil y las organizaciones, del gobierno mexicano, de la solidaridad internacional y la emancipación de los países en torno a los tratados internacionales que les oprimen. Esta liberación resulta tan difícil como nunca, pues no parece que pueda detenerse la embestida tecnológica y comercial: se puede observar en la 5^a Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, donde los tecnócratas están ocupando los espacios. No obstante, los resultados desastrosos de la biotecnología, acaso prometan una revisión de las políticas en esta materia.

Ahora bien, como el COMPITCH decidió denunciar la biopiratería del ICBG-Maya, y lo hiciera con tal vehemencia que llegó a los oídos de los 150 países que han firmado el Convenio de la Biodiversidad, por lo menos; y como los indígenas iban cayendo en la cuenta del fraude que les están haciendo, que hasta los propios investigadores de ECOSUR lo empezaron a repeler, junto con las grandes organizaciones campesinas que manifestaran su apoyo al COMPITCH, el ICBG comenzó a debilitarse. Solicitó una tregua, un descanso: pidió que ya nadie hablara mal de la otra parte para sentarse a dialogar y sacar del atascadero al proyecto Maya. Se reunieron, pues, en lo que llamaron Mesa de Negociación Tripartita (MNT), el 12 de mayo, y formaron una Comisión Técnica de Trabajo (CTT) para realizar las acciones encomendadas por dicha Mesa. La primera propuesta la presentó COMPITCH con fecha 29 de mayo:

Queremos, decían, que las comunidades estén bien informadas de lo qué pasará con este proyecto. Además, necesitamos que se establezcan las leyes y reglamentos necesarios para que las culturas indígenas puedan proteger sus recursos biológicos de cualquier proyecto de bioprospección.

Por eso, agregaron, proponemos talleres de estudio en todas las comunidades, donde se analicen los tratados internacionales en favor de la biodiversidad, así como las experiencias que se han tenido en otros países del tercer mundo debido al negocio de la biotecnología, y otras leyes que sirvan de referencia para que entre todos empecemos a decir cómo queremos que se regulen las cosas. También se deben hacer foros públicos y de investigación, tomando en cuenta los documentos académicos y la opinión pública, para que se adapten al entendimiento indígena, y entonces digamos a SEMARNAP cómo debe hacerse una propuesta de ley desde un proceso justo y democrático.

Enseguida, afirmaban, ya con una ley que nos favorezca a los mexicanos, se podrá ajustar el proyecto ICBG-Maya, a fin de que las comunidades lo revisen y lo modifiquen nuevamente si lo consideran necesario. Para ello, también debemos hacer encuentros en las comunidades. Sólo entonces, concluyeron, se procederá a otorgar los permisos para las colectas. Esta propuesta de COMPITCH circuló por muchas manos en poco tiempo.