En México existe un vacío jurídico sobre algunos aspectos del acceso a los recursos genéticos. Pero eso no frenó al Instituto de Biotecnología de la UNAM para firmar un convenio en noviembre del 1998 con la

compañía estadunidense de biotecnología, Diversa Corporation, con sede en San Diego.

Por este convenio, Diversa adquiere muestras recolectadas por científicos de la UNAM en los más variados

ecosistemas mexicanos. Dicha compañía busca tener acceso a genomas de organismos que viven en esos

ecosistemas, para desarrollar y patentar nuevos productos a partir de estos recursos genéticos.

A cambio, Diversa proporcionará al instituto regalías sobre las ventas de productos desarrollados a partir de

estas muestras. También ayudará a la UNAM a establecer un centro de investigaciones en biodiversidad

microbial en México. Según Diversa, la Comisión para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio)

participó en las negociaciones que desembocaron en el convenio.

¿Por qué la UNAM considera que puede comercializar recursos genéticos que no le pertenecen?

México ratificó en 1993 la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) que establece el derecho soberano

de los Estados signatarios sobre los recursos genéticos dentro de sus territorios. En otros términos, el

principio básico de la CDB es que los recursos genéticos son bienes públicos, o, si se prefiere utilizar una

fórmula que irrita en el gobierno, son patrimonio de la nación.

En consecuencia, los recursos genéticos que se encuentran en los ecosistemas mexicanos no son propiedad

de la UNAM. Por eso no puede ayudar a una empresa privada, nacional o extranjera, en actividades que

desembocan en la apropiación privada, para fines comerciales, de esos recursos.

La participación de la Conabio en las negociaciones UNAM-Diversa no cubre ningún requisito regulatorio. El

objetivo central de esa comisión no es la normatividad en el renglón de recursos genéticos. Esa función le

corresponde al Instituto Nacional de Ecología (INE), pero este organismo no ha expedido normas que regulen

el acceso a los recursos genéticos.

En suma, la Conabio, el INE y la propia Semarnap deberían haber diseñado, hace tiempo, una política

adecuada para regular el acceso a los recursos genéticos en México. Pero ese vacío jurídico secundario no

anula el principio fundamental: los recursos genéticos son de la nación.

La UNAM comete un grave error al abrir el camino de contratos que desembocan, por la vía de los hechos,

en la privatización de los recursos genéticos de México.

Es todavía más sorprendente que la UNAM y la Conabio se aventuren por este camino con una empresa de

Estados Unidos si se considera que ese país ni siquiera es parte de la CDB. La negativa estadunidense a

suscribir la convención (ratificada ya por 150 países) proviene de su desacuerdo con los artículos sobre

distribución de beneficios derivados de los recursos genéticos y sus implicaciones sobre patentes.

Diversa comercializa catalizadores enzimáticos, trabajando con genes recuperados de las muestras recogidas,

ahorrándose la necesidad de realizar cultivos costosos. Así, la compañía ha desarrollado y patentado 700

enzimas. Para ello, Diversa ha utilizado convenios de bioexploración, con Inbio, en Costa Rica, con centros

análogos en Islandia e Indonesia, y con el parque Yosemite en Estados Unidos.

Cabe recordar que en 1990 Inbio firmó el primer acuerdo de bioexploración con el gigante farmacéutico

estadunidense Merck. Pero los términos del acuerdo no fueron positivos, y las migajas que Merck otorgó no

compensan los beneficios obtenidos. Además, las comunidades que habitan las regiones en las que se

desarrolló la explotación no participaron de esas menudencias.

¿Cuáles son los términos y condiciones precisas del convenio UNAM-Diversa? Es necesario que la

universidad explique cómo procedió a evaluar los beneficios potenciales que este convenio representa para la

compañía. ¿Por qué el Instituto de Biología no es cotitular de las patentes que puedan resultar y se conforma

con pagos de regalías que pueden ser más o menos modestos? Y, sobre todo, ¿cuáles son los beneficios para

las comunidades que viven cerca de los ecosistemas de donde se están extrayendo muestras para entregarlas

a Diversa?

Las autoridades de la UNAM tienen la obligación de responder a estas preguntas. Han hecho hincapié en la

necesidad de vincular a la universidad con el sector productivo. Pero el convenio con Diversa convierte a la

UNAM en un simple eslabón de una larga cadena en el manejo inequitativo e ineficiente de los recursos

genéticos del país.