El impacto de la propiedad intelectual sobre la biodiversidad, el comercio y las sociedades rurales

El Crucible Group

CIID 1994, 106 pp., ISBN 0-88936-740-X

Available in English. / Disponible en français.

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«Este libro nos provee información esencial para comprender los argumentos manejados por unos y otros y así poder decidir sobre lo que deberíamos hacer.» — Julius K. Nyerere

«Este libro ofrece a los diseñadores de políticas una revisión avanzada y cuidadosa de los temas y las alternativas disponibles. Recomiendo su lectura con atención.» — Maurice Strong

Las decisiones sobre la propiedad intelectual, particularmente las que afectan la vida vegetal, tienen enormes implicaciones para la seguridad alimentaria, la agricultura, el desarrollo rural y el medio ambiente, en todos los países del mundo. Para los países del tercer mundo en particular, el impacto de la propiedad intelectual sobre los agricultores, las sociedades rurales y la biodiversidad será de extrema relevancia.

Gente, Plantas y Patentes identifica y analiza de la manera más llana y objetiva posible, los temas más cruciales y el espectro de las posibles políticas a seguir en este importante campo, de rápida evolución y con múltiples implicaciones políticas.

El Crucible Group está integrado por miembros de las más diversas concepciones sociopolíticas, provenientes de diferentes ámbitos y variadas experiencias relacionadas a temas agrícolas. Se vincularon entre sí con el objetivo de elaborar ideas y recomendaciones sobre el polémico tema de la propiedad intelectual. El Crucible Group incluye organizaciones de base que trabajan con pequeños agricultores, investigadores agrícolas y científicos, expertos en propiedad intelectual, diplomáticos especializados en temas de comercio y analistas de políticas agrícolas del Norte y del Sur, así como representantes de gobiernos y de la industria.

•Prefacio: Sobre el Crucible Group

•Antecedentes y reconocimientos

•Resumen

•El ámbito de las políticas

•Nutriendo la diversidad

•Diversificando la innovación

•Las opciones del comercio: un pronóstico

•1. Políticas: el cambiante marco internacional

•La creciente importancia de la biodiversidad vegetal

•El rol cambiante de la propiedad intelectual

•El lugar de la innovación

•El contexto humano

•Diferentes puntos de vista

•2. Plantas: el nuevo marco para la diversidad biológica

•Erosión genética en vegetales

•Estrategias nacionales de conservación

•Estrategias internacionales

•La Convención sobre Diversidad Biológica

•Diferentes puntos de vista

•3. Gente: Diversificando el entramado de la innovación

•Innovación a nivel de la comunidad

•Innovación nacional (pública y privada)

•4. Patentes: Alternativas para la diversidad en el sistema comercial internacional

•El GATT y la biodiversidad agrícola

•La opción de las patentes

•La opción UPOV

•Posibilidades sui generis

•El caso especial de los centros internacionales

•Diferentes puntos de vista

•Apéndices

•1. Breve cronología del debate sobre patentes en el Norte

•2. La Convención de Biodiversidad

•3. PIRC – Propiedad intelectual relacionada al comercio

•4. Empresas nacionales e internacionales de semillas: perspectivas desde el sector privado

•6. Patentes sobre plantas

•7. Secretos comerciales y acuerdos de transferencia de materiales

•Glosario

•Siglas

•Bibliografía

Entre los años 1988 y 1991 tuvo lugar una serie de reuniones informales bajo el título «Diálogo Internacional de Keystone sobre Recursos Fitogenéticos». El informe del plenario final (Keystone Center, 1991) recomendó impulsar cambios radicales e incrementar el esfuerzo para la conservación de los recursos genéticos vegetales. Aunque recibida calurosamente, la iniciativa de Keystone se quedó corta en el tratamiento de las importantes preocupaciones políticas relacionadas con la propiedad intelectual sobre biomateriales. Así, cuando un grupo de «veteranos» de Keystone se encontraron en Nairobi a fines del 92, sus conversaciones se volcaron hacia las tareas inconclusas y surgió la idea de formar un grupo «crisol» para debatir la temática de propiedad intelectual.

En inglés arcaico el término «Crucible» (crisol) denomina un recipiente usado para destilar diversos elementos. Los que se reunieron en Nairobi (Jaap Hardon, Geoff Hawtin, Henk Hobbelink, Pat Mooney, y Andrew Mushita) entendieron que ese término era apropiado para designar al grupo informal integrado por diversas personas que podría estar encargado de «destilar» puntos de vista y recomendaciones sobre el tema, concientes de la necesidad de arribar a conclusiones en el menor tiempo posible. La propuesta era producir un documento no consensual, como ayuda a los políticos y a los formadores de opinión pública, elaborándolo en un plazo no mayor a los 12 meses. El primer encuentro informal del Crucible Group tuvo lugar a fines de abril de 1993. Un año más tarde, y con la ayuda de otros colaboradores, el resultado es este «trabajo en proceso». Si bien no satisface enteramente a cada miembro del Crucible Group o del Comité de Gestión, todos valoramos que representa una contribución importante al debate internacional y un documento que debe ser compartido en este momento.

El apoyo financiero y programático para el proyecto provino de distintas fuentes. El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá accedió generosamente a suministrar tanto apoyo financiero como la valiosa asesoría de Chusa Ginés, miembro del Comité de Gestión. La Agencia Sueca para la Cooperación en Investigación con los países en Desarrollo (SAREC), proveyó la asesoría de Carl-Gustaf Thornström y acordó asimismo con Sven Hamrell, entonces director de la Fundación Dag Hammarskjöld, la celebración del primer encuentro plenario del Crucible Group en Uppsala. De la misma manera, Paul Egger y Jurg Benz de la Corporación Suiza para el Desarrollo (SDC) se incorporaron al Comité de Gestión y fueron los anfitriones del segundo encuentro plenario en Berna. George Rothschild del Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional también aportó apoyo financiero como miembro del Comité de Gestión.

El Proyecto Crucible no finaliza con este informe. Teniendo en cuenta los cambios permanentes en la situación global de la propiedad intelectual, como consecuencia de los acuerdos recientes del GATT y la entrada en vigencia de la Convención sobre la Diversidad Biológica, el Crucible Group aspira a continuar monitoreando las nuevas tendencias y brindar su asesoría sobre propiedad intelectual como un servicio a países e instituciones que requieran este apoyo. La Junta Directiva General para la Cooperación Internacional (DGIS) de Holanda está aportando un importante apoyo adicional que permitirá dar continuidad a este trabajo inicial y Hans Wessels de la DGIS se ha incorporado al Comité de Gestión con este propósito.

El Comité Organizador desea agradecer a todos aquellos mencionados anteriormente, y al numeroso grupo de personas que contribuyeron a este Proyecto. A Beverly Cross de la Fundación Internacional para el Progreso Rural (RAFI) y a Sheilah Ebel del Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) por sus inapreciables funciones de enlace y administración. A Don Duvick, Tewolde Berhan G. Egziabher, Henk Hobbelink, Camila Montecinos y Tim Roberts, quienes se esforzaron tanto en la preparación de los borradores a discutir y a Kathy Kealey, quien tomó en sus manos la tarea de la edición técnica final.

Creemos que el proyecto ha justificado plenamente el nombre de «crisol» (Crucible), y esperamos que la esencia destilada demuestre su valor como aporte a todos aquellos comprometidos en el complejo proceso de claro alcance político, que busca desarrollar sistemas apropiados para promover la innovación y la protección de la propiedad intelectual de los recursos genéticos vegetales.

En la última década del siglo XX, los cambios en las fuerzas políticas y el advenimiento de nuevas tecnologías, especialmente la biotecnología y la informática, han contribuido al desarrollo de un mercado global. Las nuevas tecnologías son un factor de peso a tener en cuenta cada vez más, tanto en el desarrollo nacional como en el comercio internacional. Este hecho ha llevado a una revolución en los sistemas de propiedad intelectual. Tanto la innovación como la investigación han adquirido una fuerte presencia en los asuntos mundiales. Todos los países, tanto del Sur como del Norte, se verán afectados por el nuevo rol que jugará la propiedad intelectual en muchos aspectos del desarrollo y el medio ambiente. Para el Sur en particular, el impacto de la propiedad intelectual sobre los agricultores, las sociedades rurales y la diversidad biológica (inclusive genética) será de gran trascendencia.

Quizás por primera vez, los decisores políticos y los formadores de opinión cuyo enfoque de trabajo está vinculado a temas de comercio, planificación para el desarrollo, agricultura y aspectos ambientales, deberán prestar una especial consideración a las implicaciones de la propiedad intelectual. Muchos se verán sorprendidos al encontrar que las decisiones sobre propiedad intelectual tienen profundas consecuencias en la seguridad alimentaria nacional, en el desarrollo rural y agrícola, y en la protección ambiental.

El propósito de este informe es identificar puntos y opciones claves y describir el contexto amplio dentro del cual se toman actualmente las decisiones. El informe contiene 28 recomendaciones consensuadas que están marcadas claramente en recuadros al final de cada sección con la que están relacionadas. (Las recomendaciones también están resumidas en recuadros en esta sección). El libro incluye además otros recuadros titulados «Distintos puntos de vista». En cada uno de éstos aparecen tres percepciones diferentes que representan las líneas de opinión expresadas dentro del Crucible Group sobre cada tema tratado. Aún cuando no estemos necesariamente de acuerdo entre nosotros, acordamos que cada una de las diferentes opiniones expresadas debían ser tenidas en cuenta por los decisores políticos en el proceso de toma de decisiones.

Esperamos que este informe único en su estilo, sobre los puntos principales de debate en este tema, les resulte una buena ayuda.

Varios factores se conjugan para hacer de la propiedad intelectual y la biodiversidad asuntos de gran importancia para la humanidad. Para empezar, uno de los fenómenos más persistentes y de mayor expansión en el escenario político del último cuarto de siglo es la conciencia pública de la degradación ambiental. A pesar de que el interés por los temas ambientales crece previamente y decae posteriormente a los grandes eventos como la Cumbre de la Tierra de 1992 (Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CNUMAD), existe una creciente conciencia en la sociedad civil de que no todo está bien y de que hay que tomar medidas enérgicas. Creemos que existen causas justificadas para alarmarse, especialmente con relación a los cultivos alimentarios y las plantas medicinales que nos nutren y protegen.

Con la difusión de la conciencia ambiental se desarrolla una creciente comprensión de que la biodiversidad es también el «biomaterial» que necesitamos para superar nuevos amenazas y encontrar nuevas oportunidades. Los gases que causan el «efecto invernadero», los cambios climáticos y el agotamiento de la capa de ozono presagian cambios impredecibles en la tipología de las enfermedades de la población, el ganado y los cultivos. El acceso a una diversidad genética abundante será la clave para la sobrevivencia de la humanidad. Si la diversidad desaparece, a ella le seguirá nuestra propia desaparición.

Al mismo tiempo, el talento humano para innovar ha aportado una significativa revolución en el empleo de los biomateriales. Nuevas biotecnologías permiten usar la biodiversidad en forma nunca antes empleada. Aunque hay diferentes opiniones sobre los aspectos éticos y de seguridad en relación con la manipulación genética y sobre cuán rápidamente los nuevos productos llegarán al mercado, hay en cambio consenso entre los decisores políticos y los formadores de opinión en el sentido de que estamos en presencia de una nueva fuerza social y económica a tener en cuenta.

Por un lado, el mundo tiene sus fuentes de biomateriales cada vez más disminuidas y, por otro, existe una creciente demanda de recursos biológicos (y lucha por el acceso a éstos), especialmente de recursos genéticos. Esto parecería constituir una posibilidad para obtener beneficios económicos y, a la vez, una evidencia clara sobre la necesidad de su conservación. Pero los beneficios de la conservación genética son de largo plazo y difícilmente predecibles. Los horizontes del beneficio comercial, en cambio, son cortoplacistas y previsibles. No podemos esperar de la conservación beneficios significativos en el futuro inmediato.

Es cierto que ningún país ha acotado su mercado en materia de biodiversidad. Ningún país es siquiera remotamente autosuficiente en sus necesidades de recursos genéticos. Por otra parte, la diversidad genética es una caja de sorpresas. Algunas de las regiones con mayor diversidad biológica en el mundo pueden depender en algunos rubros alimentarios o farmacéuticos de regiones mucho menos diversas. El mundo necesita un marco multilateral sólido dentro del cual los estados-nación puedan administrar sus recursos y negociar el acceso a los mismos.

Estos factores, han tomado el centro de la atención mundial debido a la adopción de los nuevos acuerdos del GATT y a la entrada en vigor de la Convención sobre Diversidad Biológica. La propiedad intelectual está ahora firmemente arraigada en los acuerdos sobre comercio, y continúa siendo un tema polémico en la agenda sobre biodiversidad. En este contexto de cambios e incertidumbres, algunos desarrollos recientes muestran claramente que la propiedad intelectual no es un mecanismo estático para proteger las invenciones, sino un cambiante mecanismo de mercado, que puede alterar significativamente las relaciones entre los sectores público y privado. Puede incluso incidir profundamente en el bienestar de las sociedades rurales. Los gobiernos, comunidades rurales e indígenas, y los representantes de la industria, deben determinar cómo manejar el tema de la propiedad intelectual. Las políticas sobre propiedad intelectual serán determinantes en la formas que se adopten para la conservación y el desarrollo de la biodiversidad. En ausencia de una moral global convincente, las políticas nacionales claras y firmes pasan a ser un imperativo. El entorno general de preocupación e incertidumbre conduce a la primera de las recomendaciones principales de este informe.

Atentos, por un lado, al grado de incertidumbre y falta de acuerdo en relación a los regímenes de propiedad intelectual y, por otro lado a la oportunidad de crear un nuevo convenio que habilite un proceso de innovación más amplio, el Crucible Group recomienda que las Naciones Unidas convoquen a una conferencia internacional sobre sociedad e innovación. Desde ahora y luego, en esta conferencia, los decisores políticos deben tener presente que algunos pueblos, países y culturas tienen profundas preocupaciones éticas sobre las nuevas biotecnologías y sobre el concepto mismo de patentar especies vivas.

El proceso que ha desencadenado la Convención sobre Diversidad Biológica ha servido para destacar que las comunidades rurales e indígenas poseen tanto la competencia técnica como el conocimiento necesario para conservar los recursos genéticos vegetales. Aquellas estrategias de conservación que se basan en las comunidades locales probablemente tienen las mejores posibilidades para funcionar adecuadamente. El punto de partida lógico para un programa nacional concreto de conservación y mejoramiento, es la participación de las comunidades locales, en colaboración con las instituciones del sector formal.

Además, es necesario comprender que para los agricultores la extinción puede tener lugar en el momento mismo en que las semillas son retiradas del campo. Almacenarlas en un banco de genes no necesariamente es garantía de que los agricultores o sus descendientes las volverán a ver alguna vez. Los programas de conservación y los bancos genéticos deben establecer una relación nueva con las comunidades rurales, que garantice a los agricultores el acceso al germoplasma que ellos sí están dispuestos a compartir. Al mismo tiempo, una estrategia de conservación debe involucrar tanto al sector privado como a las instituciones del sector público. La industria puede hacer una contribución constructiva en este sentido. Esto nos conduce a nuestra segunda recomendación general.

El Crucible Group resalta la importancia básica de estrategias nacionales específicas de conservación de recursos fitogenéticos que promuevan la participación, tanto de comunidades locales como de empresas privadas. Las instituciones que mantienen colecciones de germoplasma ex-situ deben desarrollar sociedades equitativas con las comunidades indígenas y las sociedades rurales y permitir el acceso de éstas a sus colecciones.

Hay una gran esperanza de que la Convención sobre Biodiversidad se convierta en la piedra angular de un emprendimiento multilateral para la conservación equitativa y el incremento de la diversidad biológica. De aquí surgen dos conjuntos de temas pendientes, estrechamente relacionados entre sí. El primero se vincula con el status de las «colecciones ex-situ de biomaterial» que han sido recogidas antes de la Convención. Tal vez hasta dos tercios del germoplasma de cultivos almacenado actualmente ya no están en el país del cual fueron recogidos. Algunos integrantes del Crucible Group piensan que si la Convención sólo protege aquello que aún no sabemos que existe y cuyo valor desconocemos, habrá fracasado en uno de sus objetivos primordiales, que es el vincular biodiversidad con desarrollo.

El segundo conjunto de aspectos tiene que ver con los derechos del agricultor (es decir, el reconocimiento del derecho de los agricultores a una compensación por su aporte en recursos genéticos vegetales) y la preocupación de la industria por la protección de la propiedad intelectual sobre biomateriales. Algunos ven la Convención como un «GATT acelerado» para los promotores de la propiedad intelectual. Otros ven la Convención como una ruta alternativa para que los adversarios de la propiedad intelectual puedan piratear la investigación privada; de aquí surge nuestra tercera recomendación general.

Las indefiniciones en cuanto al status de las colecciones ex-situ de biomaterial deben ser encaradas desde los primeros momentos de la Convención. El Crucible Group recomienda asimismo que los temas pendientes relacionados con los derechos del agricultor y la propiedad intelectual deben ser aclarados. La Convención sobre Biodiversidad debería considerar la realización de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Recursos Genéticos Vegetales (Berlín, junio de 1996) como una posibilidad que ofrece el mejor foro y el mejor proceso de negociación para la resolución de estos aspectos.

Si el problema que enfrentan los decisores políticos es cómo responder a un nuevo entorno comercial que incluye regulaciones sobre propiedad intelectual, una actitud oportuna sería repensar el lugar que ocupa la innovación en el contexto nacional y global. En esta era de la «autopista de la información», el verdadero desafío es crear una ruta de doble vía que garantice la seguridad de los viajeros en uno y otro sentido. De un lado, tenemos las comunidades indígenas y rurales (el sistema informal de innovación) y del otro, las instituciones públicas y privadas de investigación (innovadores formales). Una parte posee una comprensión «macrobiológica» de su microentorno. La otra parte posee una extensa comprensión «microbiológica» de su macroentorno. La tarea es crear las formas de cooperación mutua sin violar los derechos o capacidades de cada uno. Los campos y los bosques de los agricultores son laboratorios. Los agricultores y "curanderos" son investigadores. Cada estación del año es un experimento. Los científicos deberían ser socios en estos procesos. Si el objetivo es conservar y desarrollar la diversidad, los dos sistemas se necesitan mutuamente.

Para ser socios plenos en los procesos de innovación, las comunidades necesitan Germoplasma, Información, Fondos, Tecnologías y Sistemas (GIFTS -en inglés atributos, regalos). Esos son los «atributos» que hacen de la diversidad genética vegetal un recurso y un precioso legado, de las generaciones pasadas y presentes de sociedades agrícolas, a las generaciones futuras. Esto implica un compromiso con los agricultores y algunos importantes requisitos a tener en cuenta para la definición de políticas de innovación.

El Crucible Group acuerda que las estrategias innovadoras deberían promover la descentralización, la diversidad y la democracia a todos los niveles, más que únicamente promover la centralización, la uniformidad y el control. Los sistemas actuales de propiedad intelectual no son eficaces para apoyar la innovación a nivel comunitario.

Si el rol de la comunidad es el nuevo descubrimiento en el campo de la innovación, la asociación debe ser la nueva consigna. Debemos crear el nuevo pacto que permita a todos los investigadores asociarse en forma transparente y equitativa para apoyar la integridad intelectual. Esto incluye al sector privado. Todo programa nacional que no busque utilizar el rol creativo del sector privado deja de aprovechar una oportunidad crucial.

El Crucible Group recomienda el desarrollo de estrategias nacionales de innovación, para que el uso de biomateriales sea acorde con las necesidades y posibilidades nacionales. El desafío pendiente es crear políticas e iniciativas equitativas que faciliten la colaboración entre instituciones formales públicas y privadas, y sectores informales comunitarios. La contribución creativa de las iniciativas privadas (cooperativas o empresas) no debe ser subestimada.

En relación con la propiedad intelectual, los acuerdos del GATT obligan a los estados signatarios a adoptar un sistema de patentes o a asumir alguna otra forma «sui generis» (de su propia elaboración) de sistema de propiedad intelectual para las variedades vegetales. Los decisores políticos tienen varias opciones en este terreno, según el enfoque particular de cada uno sobre la propiedad intelectual. Los gobiernos pueden adoptar una legislación de patentes para variedades vegetales o bien optar entre dos formas de Derechos de Obtentor (plant breeders' rights): la regulada por la Convención de 1978 o la de 1991 de la Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV). También pueden inventar alguna otra forma de legislación sui generis, como las Disposiciones Modelo sobre Folklore o los Certificados de Inventor establecidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de UNESCO. Otra opción en un mundo tan rápidamente cambiante, es aprovechar el plazo que permiten las disposiciones del GATT y durante los próximos 4-5 años monitorear el desarrollo de la propiedad intelectual para tomar una decisión política sobre el tema antes del final de este período de gracia.

Es importante comprender que el acuerdo del GATT es un documento flexible, abierto a interpretaciones. El lenguaje empleado es en gran parte de carácter general y contiene cláusulas ambiguas sobre excepciones basadas en razones ambientales.

Entre los múltiples puntos en debate, uno es si el sistema de patentes puede auto-corregirse o si para ello es necesario que un amplio espectro de representantes sociales participe en el proceso en curso. Hay opiniones de peso en uno y otro sentido. Otros observadores opinan que la biotecnología puede justificar su propio sistema de propiedad intelectual sui generis, como el que se desarrollara en su momento para el software de computación y la tecnología de circuitos integrados.

Bajo la presión de una posible exclusión de un acuerdo global sobre comercio, muchos países se sienten presionados a adoptar algún tipo de protección de la propiedad intelectual sobre sus variedades vegetales. El Crucible Group coincide en que la coacción es inapropiada y que estos países, obviamente, tienen todo el derecho de proteger su ambiente y el bienestar de sus pueblos si sienten que las reglas del comercio amenazan su seguridad.

Las patentes proveen una fuerte protección para los inventores. Muchos observadores creen que el sistema de patentes tiene la flexibilidad necesaria como para adaptarse a circunstancias cambiantes y que éste será el sistema de protección preferido por aquellos que desarrollan nuevas biotecnologías. Otros creen que un sistema que intenta proteger bombillas eléctricas y máquinas de coser, no puede ser aplicado realmente a la materia viva. En las variedades vegetales los genes son particularmente difíciles de controlar y algunos consideran que la protección al material genético es extremadamente difícil de realizar. Contrariamente a lo que entienden algunos decisores políticos, el GATT no exige patentes para las variedades vegetales. Existe un acuerdo general en que el desarrollo de variedades de plantas convencionales no requiere la protección de patentes.

El Crucible Group advierte que no es necesario establecer una legislación sobre patentes para variedades vegetales para satisfacer los requerimientos del GATT o las necesidades de los fitomejoradores. El Crucible Group recomienda que todos aquellos que buscan diseñar un modelo de patentes, se aseguren que las excepciones para la investigación estén claramente establecidas. También advierte que el intercambio genético entre poblaciones de plantas es corrientemente incontrolable y que la reglamentación de patentes sobre ellas puede resultar dificultosa.

La Unión para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV) provee una fórmula de protección sui generis para variedades vegetales, frecuentemente conocida como Derechos de Obtentor o Protección de Nuevas Variedades Vegetales (PVV). Hasta el 31 de diciembre de 1995, cualquier país podrá elegir el ingreso tanto a la convención de UPOV de 1978 o a la de 1991. Después de 1995, la Convención de 1978 no aceptará nuevos miembros, aunque los estados adheridos a ella pueden permanecer y seguir siendo reconocidos como estados miembros formales de UPOV. La Convención UPOV de 1978 permite a los gobiernos determinar las especies que deseen proteger y asegura que los agricultores puedan guardar e intercambiar semillas para la próxima siembra. La Convención de 1991 exige que todas las especies de plantas sean protegidas y no permite que los agricultores guarden o intercambien semillas protegidas. Ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes según el país y el punto de vista. Presumiblemente, los gobiernos puedan adoptar una legislación compatible con UPOV 1978 después de 1995 y aún sin adherir a UPOV, es posible que puedan quedar bien parados con la comunidad internacional y en consonancia con los acuerdos del GATT.

En general, el Sur no es el objetivo principal al que se refieren las disposiciones sobre propiedad intelectual de variedades vegetales dentro del GATT . Con algunas excepciones, los países tienen tiempo y posibilidades de elección. Las empresas privadas no están interesadas en obligar a los pequeños productores a no guardar semillas protegidas para las futuras generaciones o en impedirles comerciar semillas con sus vecinos. Los fitomejoradores formales (obtentores) no prosperarán a menos que los agricultores prosperen. Muchas empresas creen que fuertes derechos para los fitomejoradores aumentaran la diversidad genética y la seguridad de los agricultores.

Otra manera de adecuarse a los requerimientos del GATT es mediante la adopción de los Derechos de Obtentor sea por la Convención de 1978 o la de 1991 sobre Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV). El Crucible Group entiende que la UPOV de 1978 concede a los países mayor flexibilidad. Advertimos a los países que otras legislaciones sobre semillas, tales como Listas Nacionales (que regulan la calidad de semilla y la gama de variedades accesibles a los agricultores) puede tener efectos adversos en coexistencia con leyes de protección de variedades vegetales.

Hasta ahora, ha existido una lamentable falta de pensamiento innovador en materia de sistemas de innovación. Al dejar la puerta abierta a las formas sui generis de propiedad intelectual para las variedades vegetales, el GATT invita a la industria, los agricultores y los gobiernos a responder creativamente. Esta creatividad es una necesidad urgente. Los sistemas de propiedad intelectual han evolucionado en un contexto legal y cultural tal, que se han vuelto inaccesibles para la mayoría de los innovadores informales. Hay también barreras evidentes en lo económico y lo logístico que impiden la protección del conocimiento indígena y local. Los sistemas de propiedad intelectual que no dan espacio a los innovadores informales son injustos. Este problema puede conducir al abuso y debe ser enfrentado desde ya.

Entre las posibilidades que pueden ser consideradas está el introducir modificaciones a los sistemas de propiedad intelectual existentes para que abran caminos a la protección comunitaria, incluyendo la ubicación de defensores públicos en las oficinas de patentes, la creación de bases de datos de seguimiento genético y el establecimiento de mecanismos de revisión que puedan brindar apoyo al sector informal. Las Disposiciones sobre el Folklore de la OMPI-Unesco, publicadas por primera vez en 1985, podrían eventualmente dar a las comunidades derechos sobre sus invenciones en evolución biológica en tanto continúen innovando. Se podrían considerar ésta y otras opciones.

Dado que los sistemas de propiedad intelectual están evolucionando, los que lo proponen y sus opositores no deberían cometer el error de negar la posibilidad de algunos cambios que pueden ser beneficiosos. Por ejemplo, algunos opositores a la propiedad intelectual quizás prefieran un sistema sin disposiciones sobre monopolios exclusivos. Es posible también establecer diferentes tipos de licencias. Es posible que existan instrumentos que impulsen la innovación y a la vez fortalezcan el derecho y la capacidad de la sociedad para darle utilidad a esa innovación.

El Crucible Group reconoce que los requerimientos del GATT y la necesidad de una estrategia nacional para la innovación, o ambos aspectos, deberían se atendidos a través de alguna forma de legislación sui generis que puede o no involucrar a la propiedad intelectual. Dado que los estados, por las reglas del GATT, tienen varios años para desarrollar la legislación en estos aspectos, las distintas opciones merecen un estudio minucioso.

Los Centros Internacionales del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) se encuentran en una posición única. Estos centros mantienen aproximadamente el 40% del germoplasma de cultivos alimentarios del mundo en depósitos ex-situ . Son también los mayores distribuidores mundiales de germoplasma mejorado para programas de cultivos nacionales (públicos y privados) en el Sur. Desarrollan también sus propias variedades, que están a disposición en forma gratuita para los agricultores del Sur.

Los centros, no obstante, están atrapados en un dilema. Piensan que el germoplasma que mantienen lo tienen bajo custodia en nombre de la humanidad, y especialmente en nombre de los países en vías de desarrollo. Desean intercambiar el material tan rápida y libremente como sea posible. Pero su material –cerca de medio millón de accesiones o muestras de germoplasma– fue casi todo recolectado antes de la puesta en vigencia de la Convención sobre Biodiversidad. En cierto sentido, los centros internacionales son institutos «no-laterales» apresados entre dos acuerdos «multilaterales» (el GATT y la Convención) que están presionando a los gobiernos para desarrollar relaciones «bilaterales,» tanto para la conservación como para el uso de los recursos fitogenéticos.

Los centros deben adoptar políticas abiertas y bien definidas para asegurar que cualquier beneficio proveniente de la explotación directa del germoplasma mantenido en custodia por ellos, corresponderá a los países que donaron el germoplasma. Es importante también que los centros negocien el acceso a las nuevas tecnologías que se están desarrollando en el Norte y que pueden emplearse en el Sur.

En relación al status de las colecciones ex-situ, el Crucible Group saluda la iniciativa conjunta de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) y las instituciones miembros del Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), que establece un acuerdo de «custodia» en beneficio de los países en desarrollo. El Crucible Group recomienda además, que los Centros Internacionales del CGIAR establezcan una política transparente de propiedad intelectual que tenga en cuenta los Acuerdos sobre Transferencia de Materiales (ATM) de tal forma que el beneficio proveniente del empleo directo de los materiales genéticos en custodia corresponda a los países que donaron el material. Los custodios de colecciones de germoplasma deben considerar seriamente la inclusión del uso de ATMs y del mecanismo de «Publicación Defensiva», en una legislación sobre patentes que ayude a garantizar el acceso a las colecciones. Al Crucible Group le preocupa, de todos modos, que una tendencia hacia acuerdos bilaterales sobre germoplasma pueda minar el efecto beneficioso de los acuerdos multilaterales. Es necesario asegurar mecanismos multilaterales sólidos, que actúen como marco de referencia de los acuerdos bilaterales.

Seguramente, la Cumbre Mundial de Río 92 será recordada como la conferencia internacional más importante de este siglo. Las generaciones futuras reconocerán en ella dos logros cruciales. En primer término, a través de la Agenda 21, la humanidad ha logrado si bien no un programa, al menos un cronograma para la supervivencia. Por otra parte, ha comenzado un proceso esperanzador de descubrimiento, debate y participación.

Si además, el trabajo concreto sobre la realidad da sus frutos, los que recorrieron el largo y dificultoso camino a Río de Janeiro merecerán el reconocimiento general.

Entre la multitud de asuntos vitales tratados durante la Cumbre de Río, ninguno atrajo más la atención que la necesidad de conservar la diversidad biológica a nivel global. Pocas preocupaciones ambientales concitaron un reconocimiento tan generalizado. Tanto opiniones científicas como desde la sociedad coinciden en que la humanidad está en proceso de dilapidar un recurso inapreciable, central para nuestra seguridad alimentaria, sanitaria y económica.

Pese al reconocimiento de esta preocupación común a tantos, la mayoría de los delegados a la Cumbre de Río y la comunidad mundial se sorprendieron por el debate generado alrededor de la Convención sobre Diversidad Biológica y sus conexiones con la propiedad intelectual. Aunque algunos gobiernos salieron de Río convencidos de que la propiedad intelectual (entendida comúnmente como un problema de patentes) es la principal herramienta de un nuevo colonialismo tecnológico, otras delegaciones visualizaron las patentes como un instrumento poderoso para la liberación económica nacional. Probablemente, la mayor parte de los negociadores a Río, partieron del supuesto que la propiedad intelectual es un sistema único y bastante inflexible, que debe ser adoptado o rechazado en su totalidad.

Sin embargo, también hay diversidad dentro de la propiedad intelectual, también allí existen reinos y géneros. Así como apreciamos cambios constantes en la naturaleza, la propiedad intelectual también puede evolucionar y mutar. Aunque en el Crucible Group está representado todo el amplio espectro de puntos de vista expresados en Río sobre el rol de la propiedad intelectual y, consecuentemente, algunos observamos su evolución con optimismo y otros con alarma, instamos a todos los diseñadores de políticas y formadores de opinión a examinar la propiedad intelectual con especial cuidado. Aquellos que revisaron las leyes sobre patentes hace algunas décadas hoy ya no podrían reconocerlas. Qué será la propiedad intelectual de mañana dependerá de los que continúen el trabajo de la Cumbre de Río.

Mientras preparábamos este trabajo, discutíamos entre nosotros sobre si la propiedad intelectual se transformaría en el instrumento más importante (y gratuito) con que contará el Sur para estimular la innovación y la transferencia tecnológica. O si por el contrario, los sistemas de propiedad intelectual se convertirán en fuertes consumidores de recursos y en instrumentos devastadores de control foráneo. Hemos coincidido en que toda política sobre propiedad intelectual relacionada con la biodiversidad debe ser determinada en el contexto de las necesidades nacionales y como elemento de una más amplia estrategia nacional de promoción de la ciencia, la innovación y la conservación.

Somos conscientes de que las naciones no viven aisladas y de que las políticas nacionales se forman en un marco político global y regional que a menudo no es de su propia elección. A falta de una moral global confiable, pensamos que la autodeterminación nacional cobra aún mayor importancia.

En nuestra opinión, las políticas nacionales deberían desarrollarse teniendo en cuenta la importancia de la conservación para el desarrollo, el rol cambiante de la propiedad intelectual en el comercio mundial y el lugar de la innovación en el progreso humano.

• La creciente importancia de la biodiversidad vegetal

La llegada de nuevas biotecnologías y la capacidad de identificar e incorporar material genético exótico a los productos comerciales han acelerado los cambios en la industria y en los sistemas de propiedad intelectual. Los investigadores han descubierto nuevas formas de usar biomateriales ya conocidos. La importancia de los biomateriales en la alimentación, la salud y con diversos propósitos industriales, está en expansión.

Estas nuevas oportunidades de mercado han promovido nuevos sectores de investigaciones e inversiones. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías y la esperanza de sustentabilidad que se deposita en ellas, dependen definitivamente de las posibilidades de acceso por parte de la sociedad a una amplia gama de recursos genéticos.

Algunos analistas de la industria, prevén que los materiales vegetales podrían constituir una parte significativa de los productos manufacturados, tal como sucedía en la década de 1920, y que una tercera parte de los productos industriales podría producirse a partir de recursos vegetales y no de derivados del petróleo (Morris y Ahmed, 1992). Manejados correctamente, los beneficios sociales y ambientales podrían ser considerables. En este esquema, las regiones tropicales y subtropicales podrían tener una participación significativa en estos nuevos mercados.

En el campo de la salud, el 80% de la población mundial es al menos parcialmente dependiente de la medicina tradicional y de las plantas medicinales para tratar sus dolencias (Shelton, 1993). La conservación de la biodiversidad farmacéutica corre serios riesgos. Más de 2/3 de las especies vegetales del mundo – de las cuales al menos 35.000 tienen valor medicinal potencial – se originan en los países en vías de desarrollo (Quiambao 1992) (Figura 1).

De acuerdo a lo expuesto en un encuentro internacional de expertos del Sur, realizado en Tanzania en 1990, al menos 7.000 componentes de la farmacopea occidental – desde la aspirina a las píldoras anticonceptivas – son obtenidas de las plantas (Mshigenio 1990). El valor estimado (precio de fábrica) de los materiales farmacéuticos del Sur puede oscilar entre los 35.000 a los 47.000 millones para el año 2000 (PNUMA 1992) (Todos los valores monetarios del libro están dados en dólares estadounidenses). Debido a que el desarrollo de las plantas medicinales descansa en la sabiduría de los pueblos indígenas y de las sociedades rurales, surge inevitablemente la preocupación acerca de la propiedad intelectual y cómo compartir beneficios en forma equitativa.

En el caso de la agricultura es sencillamente imposible dar una estimación razonable de la contribución de la diversidad genética a las cosechas.

La comunidad científica ocupada de la investigación agrícola no puede garantizar la supervivencia a largo plazo de ningún cultivo, en ningún país, si las opciones de selección están restringidas por la falta de acceso al germoplasma cultivado o al llamado «germoplasma silvestre».

Actualmente, la humanidad comparte un plato común compuesto por sólo 20 cultivos, los cuales satisfacen el 90% de nuestras necesidades de calorías (FAO 1991). Los 20 cultivos son originarios de países en vías de desarrollo. Todos ellos son vulnerables a plagas y enfermedades de forma preocupante, y dependen de la diversidad genética para su supervivencia. La mayor parte de las autoridades en la materia, ha llegado a la conclusión de que durante este siglo se ha extinguido una alarmante proporción de la variedad genética de nuestros principales cultivos alimentarios, al menos en términos de su presencia en los campos de cultivo. La conservación y el desarrollo de la diversidad en las variedades sobrevivientes es un asunto de vital importancia para todos.

Aunque no hay duda de que la conservación de la diversidad biológica que hagamos ahora, producirá beneficios económicos y sociales considerables en los años venideros, debemos reconocer que las ganancias se obtendrán lentamente, que habrá pocos éxitos espectaculares en lo financiero y que sólo aquellos países que desarrollen simultáneamente estrategias de conservación y desarrollo de la biodiversidad podrán obtener una recompensa significativa.

El cuidado de la biodiversidad y las actividades relacionadas a ello, abrirán nuevas oportunidades de mercado tanto nacionales como internacionales. Probablemente, el potencial de mercado para el Sur, será mayor en la venta de plantas medicinales y en el desarrollo de características genéticas específicas para cosechas de exportación de alto precio, por ejemplo, especias, materia prima de bebidas, golosinas y pastelería. Esto puede llevar a algunos países a olvidar la aplicación más inmediata de los biomateriales para propósitos nacionales, olvidando quizás que la biodiversidad existe localmente porque está adecuada ecológicamente, y que está respaldada por el conocimiento y la experiencia local.

Probablemente, en lo referido a las variedades de los agricultores y de las plantas medicinales, el desarrollo nacional, antes que la orientación exportadora, deje el mayor beneficio. Posteriormente podría haber una expansión lógica hacia el mercado internacional.

Algo simple pero importante de recordar, es que ningún país o región puede acaparar el mercado de la biodiversidad. Ningún país o región es autosuficiente en biomateriales. Los últimos siglos han sido testigos de una especie de juego de ajedrez botánico donde los alimentos básicos y las cosechas de exportación de alto precio se han ubicado y reubicado en diferentes partes del mundo cada vez que el mercado y las oportunidades cambiaban. El cuadro 1, por ejemplo, muestra que aún en un país de una riqueza botánica excepcional como Brasil, casi 2/3 de las calorías humanas obtenidas de plantas, provienen de especies cuyos orígenes genéticos están en otro continente.

Cuadro 1.

Fuentes de calorías derivadas de vegetales en Brasil.CosechaPorcentaje de calorías

derivadas (%)OrigenAzúcar

Arroz (paddy)

Trigo

Maíz

Soja

Mandioca

Frijol

Banana 20.38

17.64

15.29

12.20

8.84

7.10

6.40

2.22Indochina

Asia

Asia cenral y occidental

América central

China–Japón

Brasil–Paraguay

Andes

IndochinaFuente: FAO Food Balance Sheets (1984–86).

Aún los países más independientes biológicamente buscan una parte esencial de sus stocks genéticos de otras regiones del mundo (Kloppenburg, 1988) El trigo, por ejemplo, se originó en el Cercano Oriente pero los genes específicos en que se basaron las variedades semi-enanas que impulsaron la Revolución Verde vinieron de Japón vía Estados Unidos y México; y los genes resistentes a las plagas encontrados recientemente en América Central pueden mantener la productividad de las cosechas en lugares tan lejanos como la India.

La banana y el plátano son más importantes como cultivos de exportación en América Central y del Sur y su más alto consumo per cápita como alimento básico se da en el Africa oriental; sin embargo, la «tierra natal» de las bananas es el Sudeste asiático.

Nuestra interdependencia genética es aún más evidente cuando tomamos en cuenta las mercancías de exportación. Aunque la fuente principal de caucho natural en el mundo se originó en Brasil, el centro de la producción y de muchas de las innovaciones actuales sobre el caucho, es el Sudeste asiático. Las empresas que trabajan en biotecnología están permanentemente evaluando la posibilidad de explotación de otras plantas portadoras de látex de orígenes tan lejanos como México y la India (Industrial Bioprocessing 1993). El Sudeste asiático es también el centro de producción de aceite de palma, aunque el origen genético está en el Africa tropical. El lugar de origen de la planta que da base a la industria cafetera latinoamericana es Etiopía y la producción de sisal en Africa oriental se basa en germoplasma proveniente de América Central. La famosa vincapervinca rosada, una planta fundamental para el tratamiento de la leucemia infantil, es originaria de Madagascar, donde ha sido usada por curanderos desde tiempos antiguos. Actualmente es comercializada por Eli Lilly a partir de germoplasma obtenido en Filipinas y Jamaica (Cunningham 1993).

A la luz de nuestra interdependencia, es obvio que la conservación nacional y las estrategias para ésta deben ser apoyadas por un sistema global de recursos genéticos vegetales. Nuestra interdependencia abarca también la relación entre las instituciones científicas – aquí nombradas como sistema «formal» de innovación – y los pueblos indígenas y rurales, que instrumentan el sistema de innovaciones «comunitario». Tanto la comunidad nacional como la mundial se benefician enormemente del conocimiento científico y de las capacidades en temas de conservación de los innovadores comunitarios. Al mismo tiempo, las sociedades rurales pueden beneficiarse de la ciencia y de la innovación del sector formal y del acceso a la biodiversidad «exótica» para la experimentación local. La preocupación surge cuando socios iguales tienen oportunidades desiguales de beneficiarse – o cuando resulta que la propiedad intelectual es accesible sólo para los innovadores formales, a veces a expensas de los innovadores comunitarios.

• El rol cambiante de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual se ha vuelto un tema candente por tres razones. La primera de ellas es que la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales sobre comercio del GATT ha ampliado substancialmente el alcance anterior de los acuerdos comerciales para incluir, por primera vez, el comercio en inversiones, en servicios y en propiedad intelectual. El texto final de esta ronda del GATT exige a todos los países signatarios que adopten en los próximos años un sistema de propiedad intelectual para plantas y microorganismos. Los gobiernos podrán incluir la propiedad intelectual sobre animales si así lo desean.

En segundo lugar, la Convención sobre Diversidad Biológica ha promovido un importante debate e introducido también cierto grado de confusión. Los diseñadores de políticas tienen una tarea ardua tratando de encontrar el equilibrio entre el acceso del Norte a la biodiversidad y el acceso del Sur a la biotecnología. Otros entienden que hablar de tal «equilibrio» solamente sirve para justificar la yuxtaposición de dos temas totalmente diferentes. En medio de estas dos posiciones, la amenaza o la necesidad de la protección de la propiedad intelectual emerge como un factor relacionado a la vez con la biodiversidad y la biotecnología. La entrada en vigor de la Convención de Biodiversidad a fines de 1993, puso de manifiesto la necesidad de una interpretación común del rol de la propiedad intelectual en el marco de la Convención. De pronto, forestadores y agricultores, ambientalistas y economistas están tratando de orientarse ante la ley de propiedad intelectual. Un terreno que además es visualizado por muchos como el último y más descorazonador campo legal virgen en el panorama político.

Mientras que los diseñadores de políticas y los formadores de opinión se ven obligados por el GATT y la Convención incluso a consultar libros jurídicos, hay un tercer hecho significativo que usualmente tiende a quedar en la sombra: la expansión del rol de las nuevas tecnologías en la sociedad nacional y global. Hace tres o cuatro décadas vimos la explosión de las fibras sintéticas. Ahora presenciamos el fenómeno creciente de la expansión de la microelectrónica y la biotecnología. Y junto a este desarrollo, la lucha por el control de la innovación, llevando el rol de la propiedad intelectual hacia el centro de la esfera comercial.

Ni el Sur ni el Norte han captado plenamente las implicaciones que esto conlleva. La sociedad en su conjunto no comprende el rol de la innovación. Los diseñadores de políticas no han tenido realmente en cuenta la interacción de tecnologías extremadamente diversas con la ley de propiedad intelectual. Aquéllos que tanto en el sector público como en el privado han generado nuevas tecnologías y aquéllos que tienen la responsabilidad de regular la propiedad intelectual están flotando en un incómodo y riesgoso vacío de políticas . Del mismo modo, las comunidades indígenas y otras comunidades rurales – quienes tienen la tradición más prolongada en innovación y han hecho el aporte más amplio a la biodiversidad – sufren la falta de un reconocimiento y una retribución apropiados. El vacío de políticas en esta materia ha llevado a las decisiones y solicitudes de patentes más diversas, a veces alarmantes, a veces sugerentes.

Quizás la más notable de las solicitudes de patentes sobre material del cerebro fue la iniciativa puesta en práctica por el Instituto Nacional de Salud del Gobierno de Estados Unidos (INS) que solicitaron una patente sobre 2851 genes y fragmentos de ADN (ácido desoxirribonucleico) asociados al cerebro humano. En una sola solicitud de más de 1000 páginas, el INS desafió las interpretaciones convencionales de los conceptos básicos sobre propiedad intelectual que son la «fase inventiva» y la «utilidad». Por esta causa, la oficina de Patentes y Registros de Estados Unidos rechazó dos veces la solicitud del Instituto Nacional de Salud manifestando que a sus examinadores les hubiera llevado hasta el año 2035 revisar esta solicitud (Waldholz y Stout 1992). Sin embargo, la iniciativa del INS inspiró solicitudes similares por parte del Consejo Médico Británico y otros. Esta acción sin precedentes, ha causado preocupación entre investigadores de campos tan distantes de la fisiología humana como el arroz y el maíz. Muchos observadores dieron un suspiro de alivio cuando el INS anunció recientemente que no insistirá con su política de patentes. Sin embargo, algunos temen que una institución tan influyente como el INS haya indicado un camino para la propiedad intelectual que bien podría incluir un control monopólico sobre los genes más importantes para el desarrollo de cultivos alimentarios. La preocupación aumentó en abril de 1994 cuando INCYTE, una pequeña empresa norteamericana, reveló que ha seguido el camino del INS y solicitado patentes sobre 40.000 genes humanos y fragmentos de ADN y declarando además que lucharía agresivamente para defender su solicitud. Este es un aspecto que por bastante tiempo seguirá siendo polémico entre quienes trabajan en el tema de la propiedad intelectual (Fox 1994).

Recientemente, se otorgó una patente para algodón manipulado genéticamente. La patente es tan abarcativa que da al poseedor el monopolio sobre todas las formas de algodón resultante de la ingeniería genética, cualquier sea el germoplasma o las técnicas utilizadas.

Aunque la patente fue otorgada en Estados Unidos, la solicitud está pendiente para su aprobación en América Central, China, Europa y otros países. La patente fue aprobada también en la India, que es un importante productor de algodón. Esto hace posible al solicitante bloquear las importaciones de algodón transgénico en cualquier país que reconozca su solicitud.

Esta patente puede influir decisivamente sobre cosechas por valor de U$ 20.000 millones, vitales para la economía de muchos países del Sur. Hay un sentimiento generalizado, compartido también por muchos en la industria de la biotecnología, de que la solicitud de patente sobre el algodón ha sobrepasado los límites de lo aceptable en la legislación sobre patentes. A comienzos de 1994, el Gobierno de la India adoptó la inusual medida de rescindir la aprobación de esta patente, alegando que iba en contra de los intereses de su pueblo.

Cuando ya estábamos terminando este informe, supimos que el 2 de marzo de 1994 se aprobaron otras patentes sobre «especies», esta vez sobre un cultivo alimentario. La patentes sobre especie, referida a la soja, otorgada por la Oficina de Patentes europea a Agracetus, una subsidiaria de la multinacional W.R. Grace Company, tiene las mismas implicaciones que las ya descritas en la aprobación de patente de la oficina norteamericana sobre el algodón. En este caso, afecta 27.000 millones de dólares, provenientes del comercio de cosechas de soja para alimentación y ración animal. W.R. Grace es la poseedora de la patente en ambos casos, soja y algodón. La empresa ha declarado que tiene pendiente la solicitud de otras patentes sobre arroz, maíz, maníes y frijoles. Sin embargo, no hay indicios de que esas otras solicitudes de patente (corrientes o en trámite) sean patentes de «especies» y algunos observadores del sector industrial entienden que esa posibilidad es remota. (RAFI 1994a).

En un ámbito cercano a la propiedad intelectual, conocido como derechos de obtentor, ha surgido un tipo diferente de preocupación alrededor de la patente concedida a dos variedades de algodón coloreado. Las organizaciones de agricultores de los países andinos opinan que las variedades son una obvia extensión de los algodones originalmente coloreados desarrollados en América Central y del Sur por las comunidades indígenas; los propios mejoradores han reconocido que las semillas originales fueron recolectadas en México y Guatemala (RAFI 1993). Aquí, la preocupación de los agricultores (en contraste con los casos precedentes) no consiste en que las leyes existentes hayan sido distorsionadas o ignoradas.

Por el contrario, los agricultores están preocupados porque la ley vigente fracasa completamente en reconocer su contribución al producto recientemente desarrollado, cometiendo con ello una gran injusticia.

Pero, no todo el escenario presenta las mismas características. Aunque existen diversos puntos de vista acerca del mérito y los riesgos asociados a los acuerdos bilaterales, el contrato firmado entre la empresa farmacéutica Merck e InBio, una ONG de Costa Rica, significa un reconocimiento explícito del valor de la biodiversidad para la industria. Merck está aportando 1.135 millones de dólares para obtener 10.000 extractos de accesos biológicos recolectados por parataxónomos (Reid 1993). Las contrapartes han acordado también un sistema de royalties compartidos si se comercializa alguno de los materiales obtenidos.

Otra empresa farmacéutica, la Shaman Pharmaceuticals, ha anunciado su intención de devolver un porcentaje de los beneficios a todos los países y comunidades con los que ha trabajado, cada vez que un producto sea comercializado. Las compensaciones serán canalizadas a través de la «Healing Forest Conservancy» (Conservación de la Selva Curativa) una organización sin fines de lucro fundada por Shaman para la conservación de la biodiversidad y la protección del saber indígena. La investigación de Shaman ya ha conducido a solicitudes de patentes y la empresa reconoce que los royalties resultantes no son fruto solamente de su trabajo sino también de las comunidades de las cuales ha recibido plantas medicinales. La empresa ha desarrollado contratos con algunas comunidades indígenas en América Latina pero deberá pasar algún tiempo antes de que sea posible determinar cuál es el beneficio que este tipo de contrato le aporta a las comunidades involucradas.

Cada ejemplo citado aquí tiene sus defensores y sus detractores. La primera conclusión general que podemos formular colectivamente es que el sistema de propiedad intelectual está en permanente cambio y no sólo las reglas de juego sino el juego mismo puede ir cambiando en tanto la ciencia y la sociedad se aboquen al mercadeo de los nuevos materiales. Aconsejamos a la opinión pública nacional y a los diseñadores de políticas a proceder con cautela.

• El lugar de la innovación

La política sobre propiedad intelectual debería ser considerada dentro del contexto más amplio de las políticas de apoyo a la innovación nacional. Tal política debe tener en consideración la necesidad de apoyar y fortalecer el rol innovador de agricultores y comunidades indígenas. Las políticas elegidas también debe tener en cuenta el rol del sistema innovador formal, tanto en el sector público como privado y las posibilidades de cooperación entre todas estos sectores. Demasiado a menudo las políticas de investigación y desarrollo son visualizadas únicamente a la luz de la investigación pública o privada. Frecuentemente se ignora la necesidad de estimular la diversidad dentro y entre los diversos centros de investigación. Más subestimada aún ha sido la necesidad de crear oportunidades que permitan a las comunidades rurales colaborar con el sector formal. El dinamismo del sistema de innovación comunitario es, en general, menospreciado. Aunque la Agenda 21 habla largo y tendido sobre «conocimiento indígena», los diseñadores de políticas se quedan con la impresión de que este conocimiento tiene poca o ninguna utilidad actual. Esto es incorrecto. El desarrollo exitoso de la diversidad biológica dependerá del relacionamiento creativo entre dos polos opuestos – los sistemas formal y comunitario. Para que esto funcione, los diseñadores de políticas deberán buscar formas de complementar el modelo de desarrollo basado en la «transferencia tecnológica» con enfoques participativos de investigación y extensión. Una participación verdadera significa que los agricultores y la población rural deben ejercer el poder efectivo y administrar los recursos que faciliten sus análisis y apoyen su experimentación. El sistema formal debe responder con cambios profesionales, institucionales y de políticas que les permitan prestar atención y trabajar junto a las comunidades con iguales derechos como investigadores.

Se hacen necesarios cuatro enfoques. En primer término, son necesarios nuevos experiencias de análisis participativo y planificación estratégica conjunta. Los enfoques participativos que apoyan la innovación local y la adaptación, el crecimiento de la diversidad y el fortalecimiento de las capacidades locales son más adecuados para generar un desarrollo sustentable. En segundo lugar, son necesarios nuevos ámbitos de aprendizaje (tanto para la comunidad como para los investigadores formales) para posibilitar la comprensión mutua que pueda conducir a programas consensuados. En tercer lugar, son necesarias nuevas estructuras institucionales para dar a todas las partes la libertad para colaborar eficientemente. En cuarto lugar, son necesarios nuevos marcos políticos para crear estabilidad y confianza dentro del sistema de la innovación formal y demostrar a la vez un compromiso nacional con el fortalecimiento de las sociedades rurales, que implica además el reconocimiento práctico de su rol en la conservación y el desarrollo. La magnitud del beneficio que los países podrán obtener de su biodiversidad, depende de en qué medida los gobiernos y los diseñadores de políticas sean capaces de asegurar una colaboración equitativa e igualitaria entre los sistemas formales y los comunitarios.

Las Naciones Unidas, a través de los buenos oficios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), debería considerar la posibilidad de convocar a una conferencia internacional sobre sociedad e innovación. Esta conferencia debería tener lugar en 1998, en ocasión del 125 aniversario de la Conferencia de Viena que conformó el actual sistema internacional de patentes.

• El contexto humano

En el fondo, la razón para conservar los recursos genéticos vegetales y estimular la innovación en la conservación y desarrollo de estos recursos es el mejoramiento de la calidad de vida humana. Esta meta es fácilmente enunciada y fácilmente olvidada. Debido a que casi toda actividad puede ser interpretada como favorable para beneficiar a la humanidad – si existe suficiente imaginación y un horizonte temporal suficientemente prolongado – el único camino para asegurar que esta innovación sirva a un propósito útil es incorporar la participación activa de la sociedad en todos los aspectos del proceso innovador.

Ello se hace particularmente evidente en relación al sistema de propiedad intelectual sobre especies vivientes. Por una serie de razones que no son obvias para todos ni enteramente claras para nadie, la noción de propiedad intelectual sobre materiales vivientes provoca reacciones fuertes prácticamente en todos los ámbitos. Las tendencias de la propiedad intelectual en las últimas décadas han estimulado un notorio debate en los gobiernos, en la industria y entre académicos y organizaciones de pueblos indígenas. Desde los gobiernos de Canadá y Suecia hasta las oficinas corporativas de Industrias Químicas Imperiales (ICI) y Ciba-Geigy pasando por los Consejos del Congreso General Guaymí y el Consejo Mundial de Iglesias, está teniendo lugar un importante y enérgico debate. No es probable que este breve informe pueda contribuir substancialmente a tal debate. Es importante, sin embargo, tomar este debate con la mayor seriedad.

Dentro del Crucible Group, algunos ven a la propiedad intelectual nada más que como una variación de los derechos de propiedad sobre mercancías y consecuentemente ven a la propiedad intelectual sobre variedades vegetales como algo básicamente parecido a la propiedad sobre el ganado o cosechas agrícolas. Puesto que la mayoría de las sociedades permiten a los seres humanos ejercer poder absoluto sobre animales y plantas, al punto de determinar su actividad reproductiva y sus características de desarrollo, la propiedad intelectual sobre las mismas criaturas no parece ampliar nuestro dominio sobre otras formas de vida. En el caso de cultivos alimentarios y medicinas, actualmente es perfectamente posible, al convertirlos en mercancías patentadas, negar su acceso para pueblos y países enteros. En algunos períodos, los gobiernos han retenido alimentos y medicinas por razones políticas. En la medida en que los precios excesivos pueden ser una barrera para acceder a estos bienes, algunas empresas también pueden ser acusadas de negar alimentos y medicinas. El Crucible Group acuerda unánimemente que las necesidades básicas de la humanidad tienen que ser satisfechas y que es nuestra responsabilidad que así sea, sin miramientos de costos o consideraciones políticas. La comunidad internacional debe trabajar unida y resueltamente para asegurar que estas necesidades sean satisfechas. No sería necesario eliminar la propiedad privada en este proceso.

Otros en el Crucible Group hacen una distinción entre posesión física de la biomasa individual, incluyendo sus productos y progenie, y la apropiación de los productos y los procesos de la vida como tal. Por primera vez en la historia de la humanidad es posible tener la propiedad monopólica sobre la «fórmula» de la vida, incluyendo los genes y complejos de genes que establecen sus características. El anuncio de la oficina de Patentes Europea de que han recibido una solicitud de investigadores de la Universidad de Pennsylvania que incluye esperma humano transgénico y la capacidad de seleccionar o desechar genes humanos específicos ha aumentado las preocupaciones. Ahora, con el antecedente de la patente de todas las formas de algodón transgénico, parece posible reclamar para sí el derecho sobre los procesos vitales de toda una especie. Incluso las generaciones futuras y ulteriores innovaciones relacionadas con esa misma especie pueden estar comprendidas dentro de la patente original.

Esto – argumentan algunos-, es un aspecto cualitativamente diferente de la mera propiedad de cosas. Hay incluso sociedades, países y culturas para las cuales el concepto de propiedad intelectual les resulta algo ajeno. Extender este extraño sistema a los materiales vivientes les resulta impensable. En muchas culturas, el concepto occidental de propiedad privada no existe o es entendido de una manera más colectiva. Algunas comunidades indígenas consideran agraviante tal concepto de propiedad.

Cuando la propiedad intelectual abarca materiales vivientes humanos, estas comunidades y muchas otras quedan profundamente perturbadas. Recientes solicitudes de patentes sobre los virus T-linfotrópicos, de líneas de células humanas inmortalizadas tomadas de pueblos indígenas de Panamá, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón han causado alarma e indignación. Que virus de líneas de células humanas hayan sido reclamados por un gobierno extranjero ha aumentado la preocupación. Una solicitud similar de una empresa farmacéutica sueca de un material humano tomado en Italia también ha causado fuertes polémicas.

Sorprendentemente, fue la solicitud de patentes hecha por el gobierno de Estados Unidos sobre el virus de la línea de células humanas de una mujer Guaymí de Panamá que llevó el debate ético al seno del GATT y de la Convención sobre Diversidad Biológica. A finales de 1993, el Presidente del Congreso General Guaymí se reunió con oficiales del GATT y éstos concluyeron que el material genético humano podía ser considerado como parte de las disposiciones de patentes del GATT, en discusión en ese momento. Nada en el texto adoptado excluye el material humano. Miembros del Congreso General Guaymí hicieron una apelación a la Conferencia Intergubernamental de la Convención sobre Diversidad Biológica que sesionó en octubre de 1993. Los Guaymí demandaron protección contra las patentes en la Convención.

Una próxima sesión de las Partes Contratantes (RAFI 1994b) determinará si el material genético humano está incluido en la Convención sobre Biodiversidad o no. En noviembre de 1993, el gobierno norteamericano retiró la solicitud de patente sobre la Guaymí. Sin embargo, las otras solicitudes sobre la línea de células humanas tomadas a ciudadanos de Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón se mantienen.

Los opositores a los sistemas de propiedad intelectual identifican una tendencia que comenzó con la patente sobre plantas ornamentales a comienzos del siglo y continuó a mediados de éste con la propiedad intelectual sobre cultivos alimentarios. En los últimos 25 años, dicha tendencia se aceleró para incluir microorganismos y animales y al mismo tiempo que el mundo inicia la Agenda 21, se amplía aún más para cubrir las patentes sobre especies de toda una cosecha alimentaria y líneas de células de seres humanos. Sea éste motivo real de preocupación o no, el Crucible Group reconoce la importancia de este debate y la necesidad de considerar la dimensión ética de este problema en un foro público.

La comunidad internacional debería reconocer que algunas tecnologías nuevas, y aún el concepto mismo de propiedad intelectual, puede plantear profundas implicancias éticas para algunos pueblos así como para países y culturas enteras. Estas preocupaciones deben ser respetadas.

• Diferentes puntos de vista

I. Las causas de la erosión genética

¿Contribuye la propiedad intelectual a la erosión genética, o la diversificación de la actividad de mejoramiento vegetal incrementa la diversidad genética?

II. Sistemas de propiedad intelectual, ¿Ajuste o aborto?

Los sistemas de propiedad intelectual ¿están simplemente ajustándose para salir al encuentro de las demandas de nuevas tecnologías o ya se encuentran peligrosamente fuera de control?

III. La propiedad intelectual para los agricultores

Si bien hay un reconocimiento general acerca de que el rol de los agricultores en el desarrollo de nuevas plantas está subestimado, ¿es posible o aconsejable el desarrollo o modificación de un sistema de propiedad intelectual que responda a sus necesidades?

IV. La Convención Sobre Diversidad Biológica

La firma de la Convención sobre Diversidad Biológica ¿significó un importante paso adelante para el mundo, o fue una gran equivocación?

V. La complicación en los acuerdos del GATT– PIRC

Al imponer propiedad intelectual sobre las plantas, ¿Los acuerdos del GATT– PIRC perjudicarán a los agricultores del Sur y al desarrollo agrícola? O por el contrario, ¿los acuerdos de PIRC arrojarán beneficios y permitirán a los países seguir sus propios rumbos?

VI. ¿Qué propiedad intelectual es mejor para las plantas?

Si un gobierno determina que alguna forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales es aconsejable o inevitable para cumplir con las exigencias y plazos establecidos por el GATT, ¿debería optarse por las patentes, por una de las dos convenciones UPOV o por alguna otra combinación?

VII. Conservando y replantando semillas

¿Las compañías de semillas están lesionando el antiguo derecho de los agricultores a conservar semillas cosechadas para comercializarlas con sus vecinos o plantarlas en la próxima estación? ¿O lo que sucede es que algunos agricultores –comerciantes inescrupulosos– están abusando de este privilegio para camuflar su propio negocio con las semillas, a expensas de los que hicieron el trabajo de inventiva?

VIII. Obligaciones y derechos de la propiedad intelectual

¿La sociedad y los inventores han establecido un negocio realmente justo? ¿El equilibrio entre derechos y obligaciones es el adecuado o es necesario introducir cambios?

IX. El Acuerdo Merck – InBio

El Acuerdo de Bioprospección Merck-InBio, ¿es una forma más sofisticada de biopiratería o representa un esfuerzo realista para una relación funcional entre empresas y países?

X. Colecciones internacionales de germoplasma

Los Centros Internacionales de Investigación Agrícola del CGIAR están trabajando con FAO para reafirmar su jurisdicción respecto a las accesiones de los bancos de genes. ¿Contribuiría ello a asegurar que las colecciones de germoplasma sigan estando disponibles para todo el mundo? ¿Cuáles son las consecuencias de las políticas de CGIAR sobre la protección de la propiedad intelectual?

I. Las causas de la erosión genética

¿Contribuye la propiedad intelectual a la erosión genética, o la diversificación de la actividad de mejoramiento vegetal incrementa la diversidad genética?

Aunque los efectos directos de la propiedad intelectual en la erosión genética no fueran muy importantes, los efectos indirectos pueden ser muy significativos. La propiedad intelectual fortalece los incentivos para el desarrollo comercial de plantas, desviando inevitablemente los esfuerzos hacia el desarrollo de variedades que tengan el máximo potencial mercantil, es decir hacia aquellos cultivos mayores que estén ampliamente adaptados en grandes áreas y con características que responden mejor a las necesidades de los agricultores industriales y las industrias de distribución y procesamiento. Los cultivos sin demanda mercantil pero que son adaptables a características ambientales locales específicas, o que son más apropiados a las necesidades de los pequeños agricultores, corren el riesgo de ser desechados y como su ventaja comparativa es menor, abandonados. El efecto sería el mismo tanto si la propiedad intelectual brinda estímulos al sector privado de mejoradores o a la investigación del sector público – crecientemente condicionada por el origen de los fondos – para focalizar la atención en la agricultura mercantil. Como las empresas fitomejoradoras privadas se vuelven más fuertes, presionan para reducir la inversión pública en mejoramiento vegetal y habrá una tendencia a concentrarse, en cambio, en investigación básica para uso de las empresas privadas.

La propiedad intelectual significa que las empresas de semillas obtienen un mayor beneficio con variedades protegidas que con las variedades tradicionales no protegidas. Hay una fuerte tendencia a aceptar los dictados del mercado y apoyarse en las técnicas de marketing para vender las variedades como algo realmente nuevo. La propiedad intelectual establece un sesgo comercial en favor de las variedades más nuevas, y al establecer un criterio para los derechos de obtentor, enfatiza la caracterización física y la uniformidad, a expensas de la variabilidad genética. La propiedad intelectual conduce al incremento de la uniformidad genética y allí donde la diversidad todavía existe, a una mayor erosión genética.

No hay evidencia de que la propiedad intelectual sea una causa importante de la erosión genética de los cultivos. De todos modos, la preocupación es que a menos que sea adecuadamente monitoreada y controlada, la presencia de la propiedad intelectual pueda contribuir a la formación de un mercado y un clima regulador hostil a las semillas sin protección comercial y a las variedades de los agricultores o a ambas a la vez. Obviamente, hay mayor capacidad para manejar esta preocupación en los países ricos que en los pobres. Por otra parte, los criterios para obtener derechos de obtentor, basados en la diferenciación, uniformidad y estabilidad, combinados con el costo y el riesgo en el desarrollo de nuevas variedades, pueden inclinar al fitomejoramiento comercial hacia la uniformidad. En la medida que la expansión de la propiedad intelectual impulse la inversión en el mejoramiento vegetal, es probable que la diversidad genética pase a ser un producto derivado de un mayor trabajo de fitomejoramiento. Es importante crear incentivos para que los fitomejoradores desarrollen variedades especializadas, por ejemplo, de cultivos de subsistencia y cultivos adaptables a áreas marginales. Esto podría lograrse, por ejemplo, extendiendo el período de protección para estas variedades. Quizás lo más seguro sea la participación permanente del sector público en el fitomejoramiento.

Aunque no está probado, se dice habitualmente que la presencia de la propiedad intelectual está impidiendo el intercambio internacional de germoplasma y por lo tanto, el acceso de los fitomejoradores a las fuentes de la diversidad. Los directores de los bancos de genes y los fitomejoradores son posiblemente más reticentes a desprenderse de un germoplasma que pueda tener valor comercial. Dados los desarrollos actuales en el GATT y la creciente legislación sobre propiedad intelectual en el Sur, serán necesarios nuevos estudios, incluyendo encuestas y recolección empírica de datos. Mientras tanto, el mensaje a los diseñadores de políticas es el de proceder con cautela.

La erosión genética de los cultivos es un problema serio, pero los aspectos vinculados a la propiedad intelectual parecen vinculados a este problema principalmente por razones políticas. Durante 3 años de debate en el proceso de Keystone, el único consenso alcanzado sobre este tema fue que la tormenta política desencadenada por la propiedad intelectual generó la disminución del intercambio internacional de germoplasma y que esta retracción pudo tener consecuencias negativas para la diversidad genética (Keystone Center, 1991). Una causa importante de la erosión genética ha sido el impacto negativo de la introducción de variedades mejoradas, provenientes del sector público y de programas de investigación internacional –variedades que han ayudado a alimentar a 500 millones de personas y que han sido desarrolladas sin ninguna influencia de la propiedad intelectual. La destrucción del hábitat y los cambios en sistemas agrícolas son también causas relevantes de la erosión genética, aunque no estén vinculados con la propiedad intelectual.

Lejos de exacerbar la erosión genética, al incrementar la confianza del inversor y ofrecer a los fitomejoradores una oportunidad de obtener ganancias por su trabajo, la propiedad intelectual provoca un aumento en el número y en la diversificación de las instituciones de fitomejoramiento y estimula el desarrollo de una gama más amplia de variedades de cultivos. La diversidad de los programas de fitomejoramiento también contribuye a la diversidad genética, incrementando el apoyo a la conservación de recursos genéticos como una forma inteligente de defender el interés propio. Los cambios introducidos en la Convención de UPOV de 1991 para desalentar a los fitomejoradores a que hicieran sólo pequeños cambios en las variedades existentes, también ayudó a incrementar la diversidad genética entre las variedades lanzadas. Amplios factores demográficos y agronómicos han provocado erosión genética. La propiedad intelectual bien puede resultar en una de las mejores esperanzas para incrementar la diversidad genética.

Los sistemas de propiedad intelectual ¿están simplemente ajustándose para salir al encuentro de las demandas de nuevas tecnologías o ya se encuentran peligrosamente fuera de control?

Los sistemas de propiedad intelectual han demostrado ser por sí mismos un mecanismo de mercado altamente flexible, de apoyo a la innovación y a la transferencia tecnológica. En el presente siglo, las patentes se han adaptado para satisfacer las necesidades de la energía eléctrica y de la energía nuclear. Los inventores han abarcado desde la máquina a vapor hasta la nave espacial, sobre la base de que las patentes recompensan las etapas utilizables y no obvias de la invención. Dicha recompensa consiste e un monopolio comercial temporario, que se otorga como contrapartida a una completa revelación de la información científica y a un efectivo acceso a la invención por parte de la sociedad. No es casualidad que la expansión sin precedentes del conocimiento humano en este siglo haya sido acompañada de la correspondiente evolución en el sistema de propiedad intelectual.

Tampoco es sorprendente que los cambios en los paradigmas tecnológicos hayan requerido ajustes dentro del sistema de propiedad intelectual. Mientras las oficinas gubernamentales de patentes se actualizan y reorganizan para interpretar la nueva ciencia, son inevitables ciertos grados de confusión y desasosiego. Como ocurre con otras tecnologías, las nuevas biotecnologías están llevando a reinterpretaciones dentro de los sistemas de propiedad intelectual. Indudablemente, algunas de las decisiones de las oficinas de patentes han sorprendido aún a los inventores que pedían protección. El tiempo, la experiencia, y el mercado, pondrán orden en el sistema. La propiedad intelectual es un mecanismo que se autofinancia, que ofrece a los inventores una buena oportunidad de recuperar su inversión en la investigación sin garantizar ganancias a nadie. El «monopolio» temporal de los inventores sólo brinda beneficios si la invención responde a una necesidad genuina –y los que pagan los royalties son quienes se benefician de la invención.

En un sistema de propiedad intelectual, los gobiernos intervienen en el mercado para crear monopolios privados sobre los mecanismos claves del progreso tecnológico. Desde la conformación del sistema de propiedad intelectual hace 120 años, el «contrato social» original ha sido reformulado seis veces. En cada ocasión, los privilegios monopólicos de la industria se han fortalecido y los derechos de la sociedad se han debilitado. Si las patentes fueran simplemente una manera de asegurar a los inventores la obtención de un beneficio por su inversión no existiría mucha discusión. Hoy, sin embargo, las empresas demandan un monopolio exclusivo que les permita, no sólo la obtención de royalties sino dictar las condiciones de acceso a sus invenciones. En un mercado global, las empresas internacionales pueden usar los sistemas de propiedad intelectual para conseguir licencias cruzadas en diferentes regiones y además en diferentes ramas industriales, permitiéndoles de esa manera poner barreras que impidan la entrada de nuevas empresas y países. Bajo el sistema de patentes, el poder tecnológico va a manos de aquellos que tienen los departamentos jurídicos más grandes y los bolsillos más llenos.

Con las nuevas biotecnologías, las corporaciones esperan extender su control al 45% de la economía mundial que se basa en productos y procesos biológicos. Somos testigos del terrible espectáculo de empresas que tratan de adoptar el sistema de patentes diseñado para máquinas y aplicarlo a plantas y animales. El resultado incluye demandas exitosas de patentes sobre especies vegetales enteras, tales como algodón, animales y sobre partes del cerebro humano. Este no es un mecanismo auto-regulable. Es un intento por obtener el monopolio exclusivo sobre la propia naturaleza de la vidas.

Los sistemas de propiedad intelectual representan un tipo de contrato entre la sociedad, los inventores y sus inversores. Como en cualquier acuerdo de este tipo, ambas partes deben poder ejercer el control del equilibrio entre beneficios y obligaciones, para asegurar que el progreso tecnológico continúe y que las demandas de la sociedad sean atendidas. La aplicación del sistema de patentes a los procesos y productos biológicos está motivando un debate sin precedentes; en el contexto social, ya que hay quienes cuestionan que sea apropiado patentar formas de vida; en el contexto técnico, porque existe la preocupación de una posible ineficacia de las patentes como método para la protección de las nuevas tecnologías; y a nivel político porque los intereses corporativos de empresas y los de naciones soberanas aparecen contrapuestos.

Cualquiera sea el punto de vista que se adopte sobre el sistema de patentes, algunas solicitudes recientes de patentes vinculadas a la biotecnología ofrecen motivos legítimos de preocupación. Es notoriamente más difícil establecer un criterio técnico consistente y determinar un equilibrio equitativo inventor-sociedad para la aplicación de los sistemas de propiedad intelectual sobre recursos vivientes que para objetos inanimados. Al igual que para la protección de la propiedad literaria, del software o de los circuitos integrados de los semiconductores, puede ser de utilidad tener en consideración un sistema sui generis de propiedad intelectual para la biotecnología. Tal sistema deberá tener en cuenta la complejidad inherente a la aplicación de sistemas de propiedad intelectual sobre formas de vida, la contribución de varias generaciones de las comunidades locales al mantenimiento de esas formas de vida y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el interés de la sociedad y los intereses del inventor individual.

Si bien hay un reconocimiento general acerca de que el rol de los agricultores en el desarrollo de nuevas plantas está subestimado, ¿es posible o aconsejable el desarrollo o modificación de un sistema de propiedad intelectual que responda a sus necesidades?

El dispositivo previsto para la innovación en las comunidades indígenas tiene como fin la aplicación libre de sus resultados, individual o comunitariamente. Los dispositivos industriales sobre innovación están destinados exclusivamente a su aplicación individual y a gravar el uso por otros de sus productos. Dada la naturaleza de estos dos sistemas, es claro que cuando ambos se dan simultáneamente, las innovaciones comunitarias indígenas habrán de ser privatizadas por el sector industrial. Dado que es el sector industrial –principalmente ubicado en el Norte– que convierte en una mercancía los bienes antes compartidos libremente en la comunidad, es responsabilidad de estos intereses asumir los pasos esenciales para corregir tal injusticia.

Tanto los derechos de obtentor como las patentes pueden ser ajustados para ofrecer protección a la innovación comunitaria. Las variedades de los agricultores son mucho más diversas genéticamente que las de los mejoradores. Hablando en términos ambientales, esto es un potencial, no una debilidad. Es verdad, sin embargo, que esta diversidad dificulta la identificación de variedades para los científicos del sector industrializado. Los agricultores indígenas, sin embargo, tienen sistemas propios de reconocimiento y denominación de sus variedades, y esos sistemas podrían ser reconocidos legalmente. Así como en el sistema de patentes, el sistema puede definir rasgos característicos, más allá de que los genes que determinan esos rasgos hayan sido identificados o no. A partir de esto, se podrían otorgar patentes a algunas variedades específicas de los agricultores y también a plantas medicinales u otras de igual utilidad, dentro de las normas existentes para el sector industrial. Por otra parte, una nueva legislación sui generis, quizás inspirada en las Disposiciones Modelo sobre Folklore de la UNESCO, podría ser desarrollada por las comunidades indígenas. Todo lo que se necesita es buena voluntad del sector industrial para reconocer el aporte indígena, de gran valor innovativo pero nunca monetizado, a través de sus organizaciones comunitarias y no por individuos como innovadores particulares.

El abanico de opciones de propiedad intelectual accesible a agricultores y pueblos indígenas aún no ha sido explorado plenamente. Examinar las diferentes opciones puede ser verdaderamente útil. Podría consultarse a la FAO, la UNESCO, UPOV y OMPI para promover un encuentro internacional de expertos que investigue sobre estos aspectos, junto a la industria, las ONGs y las organizaciones de los agricultores. Esto pese a que raramente una variedad vegetal mejorada por los agricultores ha sido comercializada fuera de su zona original, aún en países vecinos y mucho menos otras eco-regiones. Es igualmente raro encontrar plantas enteras empleadas en el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, y los curanderos locales rara vez tienen un conocimiento químico de los componentes activos más importantes de las medicinas patentadas. En consecuencia, no es probable que a partir de futuros estudios se obtengan formas viables de propiedad intelectual, que sean aplicables tanto legalmente como prácticamente.

La Convención sobre Diversidad Biológica, o un protocolo sobre diversidad agrícola, pueden responder mejor a la demanda de protección de propiedad intelectual de la sociedad rural a través de un mecanismo intergubernamental seguro, administrado por el principio «una nación –un voto» y orientado al apoyo práctico de programas específicos y proyectos para promover el desarrollo rural, la conservación y el fortalecimiento de la diversidad vegetal. Este mecanismo debería ser parte de la Iniciativa Global para el Uso Seguro y Sostenible de los Recursos Fitogenéticos que recomendó el Informe Keystone en su Plenario Final. (Oslo).

Por un lado, aunque es verdad que hay innovación en las comunidades, es un proceso lento y no puede ser atribuido a individuos específicos. Los individuos que contribuyen a este proceso innovativo, lo hacen buscando una mayor productividad, y no en un acto deliberadamente innovador. Por esta razón, la innovación en este contexto, es un hecho fortuito y aprovechable libremente. Por esto, el germoplasma, y hasta la diversidad agrícola, es un legado común para toda la humanidad.

Por otro lado, los innovadores modernos investigan un problema sentido por la sociedad, y diseñan específicamente un acto innovador para resolver este problema social. Por esta razón, la sociedad debe compensarlos. Invierten sumas considerables, con la esperanza de que después lograrán beneficios. El sistema de derechos de propiedad intelectual tiene como objetivo habilitar ese mecanismo. Este sistema debería ser fortalecido si la sociedad persigue una aceleración de las innovaciones para poder resolver sus crecientes problemas en materia de biodiversidad y su aplicación.

La pregunta que queda pendiente es cuál puede ser el beneficio para las comunidades indígenas, cuyo aporte innovador, involuntario o no, es usado como materia prima por el innovador moderno. Cuando el cultivo que desarrolla un agricultor indígena es mejorado por el innovador, las mismas comunidades serían las beneficiadas por mejores cosechas y una producción incrementada. Cuando una medicina tradicional «desconocida» se transforma en medicamento de acceso universal, se asegura también su acceso en la tierra indígena original. La efectividad de este proceso disminuiría si la propiedad intelectual del innovador no fuera protegida.

La firma de la Convención sobre Diversidad Biológica ¿significó un importante paso adelante para el mundo, o fue una gran equivocación?

La Convención ha excluido de sus disposiciones las colecciones ex-situ ya existentes. A través de la Convención, entonces, el mundo ha decidido proteger todo el germoplasma que aún no conocemos o que ignoramos si tiene valor, al tiempo que somete a la lógica mercantil el que conocemos y que muy probablemente tiene valor debido a su aplicación comercial. Al menos dos tercios de todo el germoplasma recolectado está en instituciones mantenidas o apoyadas por el Norte. La mayor parte de este germoplasma proviene del Sur.

Para coronar todo esto, la Convención reconoce los sistemas de propiedad intelectual del Norte, que están destinados a estimular la comercialización en el sector privado. Sin embargo, fracasa en acordar alguna disposición que equilibre la situación compensando a las comunidades locales, mayoritariamente del Sur, quienes han creado gran parte del germoplasma, o compensando el conocimiento indígena que es la base de la diversidad del Sur.

La Convención reconoce sólo superficialmente esta contribución y establece que la aplicación de los sistemas de propiedad intelectual deberían reconocer este aporte. Incluso esto es considerado excesivo por algunos gobiernos del Norte, que ahora parecen estar preparando propuestas de declaraciones interpretativas sobre estos temas, para incluir cuando se ratifique la Convención. Lo bueno es que el lenguaje de la Convención es suficientemente impreciso como para permitir que el Sur pueda luchar por interpretaciones más ventajosas para éste, incluyendo la creación de un protocolo especial sobre la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, tal como propone la FAO.

La Convención sobre Diversidad Biológica establece principios científicos y organizativos y un marco para diseñar una estrategia global de conservación. Nos anuncia un compromiso político internacional para la protección de la biodiversidad y su fortalecimiento. En una era de restricciones económicas no es un desafío menor. Se necesitarán más negociaciones, experiencia práctica de cooperación y permanente buena voluntad para responder a estos desafíos.

Como lo indican sus resoluciones adjuntas, la Convención necesita encarar el problema específico de las colecciones ex-situ y los derechos del agricultor. La propuesta de FAO de establecer un protocolo para la biodiversidad en la alimentación y la agricultura sujeto a revisión por un coloquio internacional, puede resolver al menos parcialmente estos aspectos. La propuesta IV Conferencia Técnica Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, y sus informe complementarios sobre el «Estado del Mundo» y el «Plan Global de Acción», puede ser un ámbito adecuado para negociar estos temas. Finalmente, la continua indefinición sobre los mecanismos de apoyo a la biodiversidad y su operatividad, han estimulado numerosas negociaciones bilaterales. Aunque éstas puedan ser de alguna ayuda, probablemente el balance neto de estos convenios bilaterales será desventajoso para los países más pequeños y sesgará la orientación de los esfuerzos y prioridades de la conservación global.

La Convención sobre Diversidad Biológica es un innegable triunfo del compromiso internacional y la buena voluntad. Desafortunadamente, el reloj cortó los procesos de Nairobi y Río antes de que el ejercicio pudiese ser finalizado. Se destaca la falta de una declaración inequívoca, reafirmando que la mayor parte de la nueva tecnología es generada por (y es propiedad de) los investigadores privados que no pueden ser forzados a renunciar a sus derechos. Ante tal omisión, es difícil para la industria comprometerse plenamente con la Convención. La ambigüedad debilita la confianza del inversor y del investigador en la factibilidad de la investigación innovativa y pone en riesgo la capacidad de la comunidad mundial para trabajar con la diversidad biológica en un tiempo donde este trabajo es críticamente necesario.

Las preocupaciones del sector privado aumentan más a causa de algunos debates que han surgido a partir de Río, por ejemplo, las insinuaciones de que la Convención debería ser «retroactiva» y que debería establecerse alguna clase de estructura intergubernamental para contemplar los acuerdos negociados entre gobiernos soberanos y empresas. Las Partes Contratantes deberían actuar rápidamente para disipar estas incertidumbres. El proceso de Río tuvo éxito en fortalecer el apoyo del sector privado a la conservación de la biodiversidad. Si se superan las incertidumbres remanentes, los gobiernos pueden descubrir y descubrirán un nuevo y fuerte aliado en la investigación privada.

Al imponer propiedad intelectual sobre las plantas, ¿Los acuerdos del GATT– PIRC perjudicarán a los agricultores del Sur y al desarrollo agrícola? O por el contrario, ¿los acuerdos de PIRC arrojarán beneficios y permitirán a los países seguir sus propios rumbos?

En 1986 se lanzó la Ronda Uruguay del GATT con la participación de más de 100 países y con la idea de que una reducción general en las barreras nacionales al comercio constituiría un beneficio para todos los países. El GATT constituye todo un paquete. Ningún país debería ser signatario del acuerdo de comercio, a menos que crea que todo el paquete ha de ser beneficioso para su desarrollo. En las negociaciones comenzadas hace 8 años, todos los países discutieron y negociaron ventajas para obtener los mejores resultados.

Los países en vías de desarrollo se han opuesto tradicionalmente a las barreras no tarifarias, que les han impedido exportar productos y manufacturas a los países industrializados. Esas barreras «invisibles» incluyen rotulación, disposiciones de licencias y seguros, regulaciones sanitarias y otros impedimentos intencionales y no intencionales, que han dejado a dichos países fuera de las esferas más importantes del comercio internacional.

Entre las barreras más importantes al comercio y a la transferencia de tecnología se encuentra el desequilibrio en la protección de las invenciones. Si los innovadores no pueden recibir royalties en un mercado externo, no hay razón para que transfieran su tecnología a dichos mercados, por lo que se les impide de hecho comercializar allí. Simultáneamente, el mercado externo queda abandonado a un desarrollo con tecnología obsoleta, no pudiendo disponer de las tecnologías actuales, de mayor efectividad y eficiencia. Ambas partes pierden.

Como establecen ahora los acuerdos de PIRC, se espera que los estados signatarios adopten un sistema efectivo de propiedad intelectual para variedades vegetales. Sin embargo, existen disposiciones especiales, que otorgan a los países pobres un plazo de varios años para que adopten una legislación adecuada. Los países no están obligados a adoptar un sistema de protección que puede no resultarles conveniente: pueden elegir entre patentes, protección de variedades al estilo UPOV o diseñar un sistema propio de características especiales.

Los acuerdos comerciales duran una década, en tanto la extinción de una especie es para siempre. El GATT no ha sufrido un cambio radical. Fue injusto en el pasado y la Ronda Uruguay no ha hecho más que aumentar el alcance de su inequidad. Siendo realistas, el Sur no puede rechazar un tratado del GATT, a menos que estos países elijan transformarse en marginales y desfavorecidos por el conjunto de la comunidad comercial industrializada. A través de los acuerdos de PIRC, los países industrializados están usurpando los derechos soberanos de las naciones para imponer sus políticas de innovación y desarrollo. La propiedad intelectual sobre los vegetales significa que las plantas medicinales que protegen al 80% de la población de menores recursos y las plantas de cultivo que nos alimentan, puedan ser objeto del control monopólico exclusivo de las empresas que cuenten con mayor asesoramiento legal.

Desde el punto de vista formal, tales derechos están disponibles para todos los innovadores, pero, en realidad, no son accesibles a los pobres precisamente a causa de su pobreza. Es un hecho que las multinacionales dominan el escenario de las patentes en los países en vías de desarrollo.

En resumen, si firman el acuerdo comercial, los países disponen de 3 iniciativas tácticas: utilizar el período de 5 a 20 años que va desde ahora a cuando se revisen las disposiciones del GATT, para fortalecer la oposición international a las patentes sobre formas de vida; explorar sistemas de propiedad intelectual que impidan un monopolio exclusivo y que obliguen a la realización de invenciones a nivel nacional siempre que sea posible; presionar por una protección como contrapeso, por el reconocimiento y la defensa de la contribución técnica e intelectual y el modo de vida de los agricultores y de los pueblos indígenas.

La intención del GATT es que todos los países signatarios adopten un sistema efectivo de propiedad intelectual para variedades vegetales. Los países pueden optar por usar los mecanismos de propiedad intelectual existentes o definir un sistema sui generis. Mientras que otras secciones de los acuerdos de PIRC se refieren específicamente a cada una de las convenciones internacionales sobre propiedad intelectual, es significativo que no se mencione a UPOV. Algunos negociadores entienden que la UPOV no protege adecuadamente los intereses de los fitomejoradores, en tanto otros creen que la UPOV va demasiado lejos. El resultado es que los países quedaron en libertad de establecer sus propios sistemas, aceptando como contrapartida que 4 años después de que el acuerdo de PIRC entre en vigor, habrá de realizarse, desde el GATT, una revisión de su efectividad. Es probable que los países con sistemas de propiedad intelectual inefectivos sean objeto de represalias económicas.

Dado que, de un modo general, el Norte no está interesado en vender semilla al Sur en tanto no se desarrolle un mercado significativo, muchos países podrían esperar un tratamiento flexible cuando incluyan la legislación. Los países menos desarrollados cuentan además con un período de 10 años de gracia después de la entrada en vigor de la Ronda Uruguay del GATT.

Es evidente que la formación de un fuerte sistema nacional de propiedad intelectual para variedades vegetales, con el staff completo que esta tarea exige, podría convertirse en una sangría inaceptable para los países pobres en recursos humanos y financieros, llegando al extremo de que se vea reducida la capacidad de investigación, al empujar a los científicos fuera del trabajo innovativo y hacia funciones meramente regulatorias. No debe presionarse a naciones soberanas para que adopten sistemas de propiedad intelectual sobre variedades vegetales. Aquellos países que se consideren obligados a adoptar tal legislación, deberían utilizar el tiempo disponible para determinar qué enfoque sobre la propiedad intelectual representa para ellos una mayor ventaja. Esto debería incluir una completa exploración de las opciones sui generis.

Si un gobierno determina que alguna forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales es aconsejable o inevitable para cumplir con las exigencias y plazos establecidos por el GATT, ¿debería optarse por las patentes, por una de las dos convenciones UPOV o por alguna otra combinación?

Los gobiernos que sufren la presión del GATT para adoptar sistemas de propiedad intelectual deberían, primeramente, entender que las solicitudes recientes de la biotecnología contienen la semilla de la autodestrucción de las patentes biotecnológicas. El período de gracia otorgado antes de que se exija la legislación, debería ser utilizado para hacer públicas las injusticias de los sistemas, antes que someterse a ellos. Si bien el Acta UPOV de 1978 es más flexible que la de 1991, los gobiernos tienen sólo hasta fines de 1995 para ajustarse a las reglas de 1978. Estos gobiernos deberían evitar esta aparente «oferta irrepetible», así como UPOV 1991 y las patentes industriales. En esta situación, el único medio viable de proteger la soberanía nacional pasa por la consideración de sistemas sui generis, que no requieran un monopolio exclusivo, y simultáneamente fortalecer el cuestionamiento intergubernamental frente a la propiedad intelectual sobre formas de vida.

Los países soberanos tienen todo el derecho de aceptar o rechazar los sistemas de propiedad intelectual. En caso de que un país entienda que la adopción de la propiedad intelectual corresponde a la defensa de sus intereses, deberá explorar sin prejuicios todas las opciones disponibles para implementarla. Puede ocurrir, por ejemplo, que un país con amplia experiencia en cultivo de tejidos vegetales y manipulación genética, entienda que el mecanismo de patentes es el más apropiado. En cambio, otro país, con un amplio mercado de exportación de plantas –como flores y otras plantas ornamentales– puede beneficiarse del Acta UPOV de 1991. Otros países, que tengan una menor capacidad de investigación o una capacidad de regulación más modesta, podrían preferir el Acta UPOV de 1978. Finalmente, algunos podrían optar por diseñar sistemas especiales para sus situaciones particulares. UPOV y OMPI disponen de expertos para trabajar con los gobiernos y ayudarlos a elegir la legislación más adecuada para satisfacer sus necesidades.

La adopción de una legislación compatible con el Acta UPOV de 1978 tendría las siguientes ventajas para los países que la adoptaran: a) No necesitaría realmente incorporarse a UPOV para ser compatible con el GATT. Esto significa que el país no necesita adoptar nuevas leyes antes de fines de 1995 y puede tomarse más tiempo para preparar un esquema que funcione. b) Un país que se adhiere a UPOV antes de la clausura del Acta de 1978, de todas maneras puede optar por acceder posteriormente al Acta de 1991. Lo inverso no es posible. c) UPOV 1978 ofrece una mayor flexibilidad para salvaguardar los derechos de los agricultores y no requiere que la totalidad de las especies vegetales cultivables sean elegibles para su protección. La carga administrativa es, por tanto, menos onerosa.

¿Las compañías de semillas están lesionando el antiguo derecho de los agricultores a conservar semillas cosechadas para comercializarlas con sus vecinos o plantarlas en la próxima estación? ¿O lo que sucede es que algunos agricultores –comerciantes inescrupulosos– están abusando de este privilegio para camuflar su propio negocio con las semillas, a expensas de los que hicieron el trabajo de inventiva?

Este tema afecta a los países que adoptan un sistema de protección de propiedad intelectual para variedades vegetales (patentes o derechos de obtentor). Hay muchos que temen que los acuerdos del GATT– PIRC, u otros acuerdos internacionales, ejerzan una presión indebida sobre el Sur para que adopte las disposiciones de propiedad intelectual, las que a su vez, podrían restringir el uso de semillas protegidas por parte de los agricultores. Todo el mundo está de acuerdo en que la semilla conservada por los agricultores del Tercer Mundo y particularmente por los agricultores pobres para su propio uso, no inquieta mayormente a los fitomejoradores comerciales. Lo que las empresas quieren detener es la venta no autorizada de semilla protegida para replante. Las mismas sostienen que permitir el replante de sucesivas generaciones de semilla, reduce los mercados para nuevas variedades. Entienden que, en esta era de semillas biotecnológicas de elevada performance, no resulta beneficioso para nadie en el largo plazo (agricultores, consumidores o gobiernos) desalentar la innovación de esta forma. En su opinión, las inversiones privadas en investigación requieren la posibilidad de que se den ve